La deuda de ETA con las víctimas: más de 300 crímenes sin resolver

Más del 40 % de los 3.101 atentados, con 857 asesinatos, perpetrados por la banda terrorista ETA en nuestro país no han podido ser esclarecidos hasta la fecha. Y, sin embargo, las víctimas no están dispuestas a rendirse conscientes de que, todavía, son varios los etarras fugados de la Justicia española, en paradero desconocido, que tienen cuentas pendientes por crímenes perpetrados en nombre de una causa política. Históricos como José Ignacio de Juana Chaos, Arnatz Arambarri Echániz, José Luis Eciolaza Galán alias 'Dientepunto', Eneko Aguirresarobe Olagoy, Oier Eguidazu Bernas y David Urdin Pérez huyeron de nuestro país para evitar las condenas que esperaban a su pasado de terror y extorsión a toda una sociedad, en general y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular.

Una situación que, cuando ya se ha cumplido más de una década desde que la banda armada dejase, oficialmente, de matar, resulta inadmisible para las víctimas directas y para sus familias. La deuda histórica no quedará saldada hasta que los terroristas se decidan a colaborar y facilitar la información del paradero de los huidos, así como los nombres de los responsables tras los crímenes sin condenar.

Especialmente, cuando era el propio Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale, quien recientemente hacía balance sobre el terrorismo de ETA para afirmar que «nunca debió haberse producido» y prestando su público compromiso para «tratar de mitigar» el dolor de las víctimas «en la medida de lo posible».

La realidad, más allá de la palabrería, es que lejos de haberse hecho Justicia son muchos los casos que, tras la disolución de ETA, han quedado impunes. Por ello, la Fundación de Víctimas del Terrorismo constituyó, en 2011, una Comisión especializada en las causas pendientes y encargó un informe sobre la situación de los más de 376 crímenes de los que, hasta hoy, no han podido conocerse las identidades de los autores ni intelectuales, ni materiales, ni repararse el daño causado. El dossier, que ya obra en poder de la Audiencia Nacional, servirá para que los jueces al frente de la lucha antiterrorista, avancen en las causas reabiertas sobre algunos de los episodios criminales más icónicos -y más tristes- de la historia reciente de España.

No en vano, el pasado mes de abril, el Parlamento Europeo pedía a España, y a las instituciones competentes en cada caso, que «agoten las posibilidades interpretativas del Derecho Penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004». Esto es, que se siga hasta el final para esclarecer los crímenes sin resolver, que «no están sujetos a prescripción ni amnistía». Además, también denunció los homenajes a presos de ETA, conocidos como ongi etorri, e instó a evitar «el enaltecimiento público de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles, por el dolor y la victimización secundaria que conlleva para las víctimas del terrorismo».

Los 'papeles franceses' de ETA

Las pesquisas que la Justicia española sigue en la Audiencia Nacional, y en último término en el Tribunal Supremo, contra los presuntos «autores mediatos» de algunos de los atentados más relevantes, se apoyan de una manera determinante en los denominados 'papeles franceses' de ETA. Los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil asignados a las causas pendientes escrudriñan los documentos entregados por Francia a España, tras el descabezamiento de la nacda terrorista, en busca de cualquier dato que sirva para sentar a los responsables de las órdenes políticas de atentar, en el banquillo.

La estrategia certificada por ETA para extender sus acciones terroristas a concejales de diferentes partidos políticos, apoyaba en la denominada ponencia 'Oldartzen', aprobada por Herri Batasuna (HB) en 1994 y en la que se abogaba por «socializar el sufrimiento» será «determinante» para poder abrir un juicio tipo Nuremberg, contra la banda terrorista, han apuntado a El Debate fuentes judiciales.

A partir de dicha fecha, y de dicha consigna, la banda terrorista ponía en el centro de su diana a la clase política, algo que no sucedía en nuestro país desde mediados de la década de los ochenta, y lo hacía según un esquema orgánico mecionado en la documentación incautada por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado francés, en colaboración con España, tal y como se detalla en el informe policial 20/2016, publicado por El Debate.

La primera víctima de las nuevas consignas fue Gregorio Ordóñez. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián fue asesinado el 23 de enero de 1995, mientras comía con su amiga y compañera María San Gil. Pero no sería el único. Su muerte constituyó el inicio de una dinámica de terror que golpearía muy duramente a la formación popular pero también al Partido Socialista de Euskadi (PSE) y a Unión del Pueblo Navarro (UPN), y que se ha enmarcaba tanto en el País Vasco y Navarra , como en Cataluña y Andalucía.

Ordóñez y quienes, lamentablemente, fueron asesinados tras él, son una de las pruebas más evidentes de que alguien en ETA había decidido que el terror no se dirigiese indiscriminadamente hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil sino hacerlo extensivo a quienes representaban la voluntad soberana de los españoles. Y, así, «socializar» el dolor que provocaban sus acciones criminales.

Por ello, desde la Audiencia Nacional se ha instado la investigación de una serie de informes y sentencias sobre los dirigentes de la banda terrorista y su participación en atentados y secuestros investigados en otras causas judiciales -más de trescientos ochenta sin esclarecer- y que se encuentran contenidos en los dispositivos informáticos obrantes en más de 138 precintos judiciales franceses.