El PP negociará la renovación del CGPJ mientras envía a Sánchez un plan de reforma de la Justicia

El Partido Popular enviará «antes de un mes» una propuesta de renovación de órganos constitucionales. Lo hará junto a un plan de reforma y regeneración de la Justicia del que está dispuesto a modificar sus términos para llegar a un acuerdo.

«Hay que cumplir el mandado constitucional y los órganos constitucionales deben renovarse», ha comunicado este lunes el vicesecretario de acción institucional, Esteban González Pons. Pero la propuesta irá más allá y el PP intentará llegar a un acuerdo de «regeneración y reforma» del que no han querido dar más detalles.

El equipo de Feijóo enviará la propuesta a Sánchez para que sea el presidente del Gobierno el primero en enterarse de las intenciones de la oposición. Además, el PP ha asegurado que este tipo de negociaciones tienen que dejar de hacerse «como un intercambio de cromos en una salita» sino que se necesita «luz y taquígrafos». «A la Justicia hay que devolverle la independencia, el prestigio, el reconocimiento y la transparencia», ha afirmado Pons.

Sobre el contenido de las propuestas y a pesar de no esclarecer de qué se tratarán, el vicesecretario sí ha asegurado que son «reformas que el PSOE puede aceptar» aunque ha puntualizado que hablaba de los socialistas y no de todo el Gobierno haciendo referencia a Podemos.

Además, Pons ha afirmado que las medidas parten de múltiples reuniones con las asociaciones de jueces, magistrados y fiscales «de toda clase» entre las que se ha incluido a Jueces por la democracia, de claro corte izquierdista.

Abierto a modificaciones

A pesar de que Pons ha sostenido que la renovación tiene vincularse a la «regeneración y la reforma» el PP no ha querido establecer líneas rojas como sí lo hizo durante el mandato de Casado.

El equipo de Feijóo prefiere acudir a la negociación sin límites aunque se prevé que una de sus exigencias sea que sean los propios jueces los que tengan poder de decisión sobre el órgano.

Por otro lado, Pons ha querido advertir de que si el Gobierno decide renovar el Tribunal Constitucional de forma unilateral «pondría la legitimidad del Tribunal en entredicho, quebraría la Constitución y tendría que aceptar las consecuencias de la UE». «Cuando se quiebra el Estado de Derecho, en Bruselas se enteran», ha añadido al respecto.