Sánchez se niega a aclarar si informó al Rey Felipe del volantazo con el Sáhara

Pedro Sánchez no informó formalmente al Rey de España de su decisión, personalísima y sin respaldo de las Cortes, de variar 50 años de postura española en el Sáhara y concederla a Marruecos la tutela del enclave, solo meses después de que fuera espiado, tal vez por la inteligencia de Mohamed VI.

Así se deduce de la documentación que hoy revela El Debate, tras meses de investigación y en plena tormenta internacional con Argelia, que muestra cómo desde antes del giro con Rabat, y pese a las represalias de Marruecos con Ceuta por acoger hace un año al líder del Frente Polisario, Moncloa no hizo partícipe a la Zarzuela de las personalísimas decisiones de Sánchez.

Y si lo hizo, se niega a explicarlo por razones desconocidas que prolongan las sospechas sobre un drama internacional en tres actos: en el primero, Sánchez permitió la entrada en España de Brahim Ghali, líder de Polisario y aliado confeso de Argelia en su largo pulso contra Marruecos.

En el tercero, Sánchez aceptó concederle a Mohamed VI la mayor jerarquía que nunca soñó sobre la excolonia, sin recibir a cambio nada: Ceuta y Melilla, e incluso Canarias, siguen sin recibir de Rabat el reconocimiento a su españolidad, nunca asumida por el reino alauí y ahora objeto de una crisis diplomática con Argel de incalculables consecuencias.

El espionaje que lo cambió todo

Entre medias de ambas secuencias, el segundo acto, que puede explicarlo todo: Sánchez fue espiado y, según consta en el auto judicial que investiga los hechos, le lograron hurtar hasta 2.6 gigas de información de su teléfono móvil oficial. Nadie ha explicado el contenido del material robado ni la autoría del asalto. Pero nadie ha desmentido que detrás de todo esté Marruecos, premiada poco después, paradójicamente, con el regalo del Sáhara.

El Debate publica hoy las pruebas que evidencian, aún más, la errática e individualista gestión que Sánchez ha hecho de un asunto clave, plagado de silencios, volantazos incomprensibles y unos efectos muy negativos para los intereses de España y su posición geoestratégica.

Toda la historia está envuelta en sombras, silencios y ocultaciones, pero algunos de sus puntos comienzan a estar claros: por ejemplo, que la «privatización» del presidente de un asunto de Estado incluye al propio Rey, hasta el punto de que el Gobierno se niega incluso a aclarar, por primera vez por escrito y con sello oficial, si estuvo al corriente de todo.

El silencio de Sánchez, atrapado entre Ghali y Mohamed y entre Rabat y Argel, parece una maniobra escapatoria que se remata con la delegación de toda la responsabilidad a su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pese a que la Constitución diga claramente que la política internacional de España es tarea indelegable del presidente del Gobierno.

La primera sorpresa viene de constatar cómo Sánchez se lava las manos en todo y delega en su ministro Albares las respuestas a las preguntas formuladas por El Debate, pese a que la Constitución es clara, en su artículo 98, a la hora de definir que es Sánchez quien ostenta, en exclusiva, las competencias:

«El presidente dirige la acción del gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo», a lo que se le añade la Ley de Gobierno de 1997 que establece, en su artículo 2, la exclusividad presidencial en la materia: «Establecer el programa político del gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por su cumplimiento».

Pese a ello, Sánchez se ha negado a aclarar nada de lo relativo al «Triángulo de las Bermudas» generado por él entre Madrid, Rabat y Argel; confiando al titular de Exteriores una aclaración que por primera vez deja demostrado por escrito quién ha protagonizado formalmente las «negociaciones» y la absoluta improvisación que las ha impulsado.

Las respuestas a El Debate que demuestran que Sánchez se lava las manos y su ministro lo tramitó todo con «opiniones» de asesores sin identificar

Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores lo confiesa en dos escritos de fecha 23 de mayo ambos a instancias de este periódico, uno de ellos respondiendo en nombre del propio Sánchez, al resolver que no existe ningún tipo de documentación, tratado, contrato o convenio, aprobado formalmente y mucho menos consensuado con las Cortes o comunicado a la Casa Real, para fijar la nueva posición española.

Sánchez pasó de «colar» en España al gran enemigo de Marruecos a ceder el Sáhara a Mohamed VI. Entre medias de ambos episodios, fue espiado

Y que todo se hizo, literalmente, con «notas internas, borradores y opiniones» cuya autoría no identifica y que, para el Gobierno, en todo caso merecen, la categoría de «información auxiliar». Albares tan solo señala, de manera vaga e imprecisa, a pesar de la magnitud de la crisis, que las comunicaciones del Gobierno de España con otros Estados se encuentran protegidas, especialmente en este caso, para no causar perjuicio a las relaciones exteriores, la garantía de la confidencialidad y el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

Un tecnicismo que rebaja al mínimo la valía del procedimiento utilizado para algo de dimensión internacional y que, de paso, intenta proteger al Gobierno de dar cuenta de su contenido sin tener que utilizar el truco de declararlo Secreto de Estado o apelar a la Seguridad Nacional, dado que la ley no obliga a dar cuenta pública de ese tipo de documentos menores o de orden interno.

La revelación de Albares es crucial porque demuestra la insólita ligereza con que se adoptó un cambio histórico en el Sáhara y porque remata la línea de individualismo de Sánchez iniciada con el propio Rey, al que públicamente se ha marginado por completo pese a las espléndidas relaciones de la Casa Real con Mohamed VI, que trata de «familia» tanto a Felipe VI cuanto, antes, a Juan Carlos I.

El papel del Rey Felipe

Con respecto al jefe del Estado, Moncloa ha incumplido hasta en dos ocasiones ya la resolución con número de serie 577/2021 del pasado 31 de enero, avanzada en exclusiva El Debate, que le exigía a Sánchez dar cuenta del tratamiento con Don Felipe del origen del conflicto que ahora estalla con Argelia, ocurrido hace poco más de un año al permitir el acceso clandestino a España de Ghali, enemigo declarado de Marruecos.

Ese hilo inicial es fundamental para entender el giro copernicano e inexplicado del presidente en esta crisis y la ausencia de explicaciones, negociaciones y permisos de nadie para pasar de rendir tributo a Argelia a través del jefe del Frente Polisario y a continuación, tras ser espiado, a rendirse diplomáticamente ante Rabat sin lograr siquiera el reconocimiento a la españolidad de Ceuta y Melilla.

En concreto, Sánchez se ha negado a hacer público, en el caso de que existan, «la copia de la documentación, cualquiera que sea su formato, informes, estudios, remitidas por el Gobierno de España a la Casa Real desde el inicio de la crisis provocada por el ingreso en un centro hospitalario de Logroño del líder del Frente Polisario el 18 de abril pasado, relativos a la crisis migratoria y a las relaciones hispano marroquíes y las consecuencias derivadas del acogimiento por razones humanitarias en nuestro país de Brahim Ghali».

Y también el «número de despachos mantenidos entre el presidente del Gobierno y el Rey Felipe VI desde el 18 de abril de 2021 para tratar el tema de la crisis migratoria, las relaciones con Marruecos y el ingreso en un centro hospitalario español del líder del Frente Polisario».

Por último, también ha incumplido extrañamente la difusión de «documentación remitida desde el Gobierno de España a la Casa Real solicitando la intervención del Monarca, en función de intermediación diplomática con el Reino de Marruecos y número de despachos, día de celebración y modo (presencial, telemático…) en que se ha solicitado al Rey dicha intervención diplomática con el Reino de Marruecos».

Sánchez se niega a aclarar si informó al Rey y se lava las manos con Albares, que se limita a considerar por escrito un asunto menor el histórico viraje a favor de Marruecos tras el espionaje a Sánchez

Aunque cuesta seguir el enrevesado galimatías que ha puesto en vilo intereses estratégicos nacionales y comerciales de España, el resumen sería el siguiente: Sánchez provocó primero una crisis en la frontera de Ceuta al «colar» en España a un activista tildado de terrorista por Marruecos, sin que conste permiso o comunicación alguna con la Casa Real o el Parlamento.

Poco después, sufrió dos episodios de espionaje que le hicieron perder 2.6 gigas de información sensible, sin que Moncloa haya desmentido la autoría de Marruecos en ningún momento, señalada por Argelia como responsable del abordaje, también sin rechazo del Gobierno a esa tesis.

Por último, Sánchez se saltó al Congreso y, sin su aprobación, viajó a Rabat el pasado abril para concederle a Mohamed VI un gran triunfo sobre el Sáhara que desató la ira de Argelia, de consecuencias aún imprevisible.

Y todo ello negándose a informar, mientras, del papel del Rey y limitando el encaje institucional de la operación a las «opiniones» de colaboradores de Asuntos Exteriores sin identificar.

«La guerra sucia»

Quizá la clave de todo la haya dado en las últimas horas el enviado especial de Argelia para el Sáhara, Amar Belani, quien ha oficializado la teoría del chantaje con una explicación que, a su juicio, destapa el cambio de postura de Pedro Sánchez: Marruecos libra una «guerra sucia» y se ha servido del software de Pegasus para presionar a España o, más en concreto, a su presidente.

A Marruecos, ha afirmado, «no le importan las convenciones internacionales» y utiliza, en cambio, fórmulas «amorales» para que otros gobiernos se plieguen a sus designios. Está «probado» que Marruecos ha interceptado teléfonos de dirigentes extranjeros, ha utilizado los flujos migratorios como «palanca de presión política» y ha lanzado «amenazas indirectas» sobre la potencial activación de células terroristas en países europeos.