Un error de cálculo de la juez en la prórroga pone en peligro la investigación de los 53 millones de Plus Ultra

El pasado jueves la juez Esperanza Collazos, que investiga las presuntas irregularidades cometidas por el Gobierno en la concesión de una ayuda de cincuenta y tres millones de euros a Plus Ultra –como rescate estratégico durante la pandemia pese a que, los peritos apuntan a una situación de quiebra muy anterior– se veía obligada a suspender la declaración del representante legal de la aerolínea, tras haber presentado un recurso pendiente de resolución. La realidad es que a la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid se le habría pasado ampliar el plazo legal previsto para continuar con las pesquisas que, el día 8 de abril, cumplieron su primer año de vida. Así las cosas, la causa sin prorrogar podría quedar frustrada y la instrucción finalizada si la juez Collazos entiende que, como le piden la Abogacía del Estado y la Fiscalía, desde dicha fecha no se pueden practicar más diligencias porque, de hacerlo, serían nulas.

El pasado 25 de mayo, la magistrada citaba a la aerolínea Plus Ultra, en calidad de imputada, en el marco de la causa sobre la concesión recibida del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en concepto de ayuda pública para, presuntamente, asegurar su viabilidad en plena crisis del coronavirus cuando, según el informe de los expertos independientes, se encontraba mucho antes de dicha fecha en situación de «quiebra» técnica.

Sin embargo, la magistrada Esperanza Collazos consideraba necesario suspender dicha comparecencia del administrador de la compañía aérea, prevista este pasado miércoles a las 10:00 horas, hasta resolver el nuevo recurso planteado por ésta en el que se oponía a dicha citación alegando la caducidad «del período de instrucción». Así lo han confirmaban a El Debate fuentes judiciales próximas a la causa.

La declaración había sido admitida a petición de Vox –formación personada en la causa como acusación popular– para que el representante legal de Plus Ultra explicase los «intríngulis de las operaciones contables y societarias que llevaron a que (la compañía) se pudiera presentar como candidata a los fondos». Pero, ahora, los letrados de la aerolínea han interrumpido las actuaciones hasta que la juez decida «si continúa», o no, con el procedimiento. Es decir, que sólo en el caso de que la magistrada instructora decidiese dar paso a la fase de juicio oral y «en el marco» de la misma, tendría sentido la declaración del administrador.

Tal y como avanzó El Debate, la juez Collazos había condicionado sus futuras y eventuales decisiones sobre el archivo de la causa, instada tanto por la Abogacía del Estado como por la Fiscalía, a la comparecencia ahora cancelada. Motivo por el que habrá que esperar a la resolución del nuevo escrito presentado por Plus Ultra ante la titular del juzgado que investiga las presunta irregularidades en la concesión de la ayuda recibida.

Vínculos con Venezuela

Y, todo ello, cuando además de la declaración del representante legal de la compañía rescatada, está en el aire la petición de Vox para que se investiguen las presuntas conexiones entre la inyección de dinero púlico a Plus Ultra y el pago al régimen chavista de Venezuela. No en vano, en un reciente escrito consignado en sede judicial por la formación política se apuntaba a las operaciones entre la empresa participada por el Estado español y las actuaciones de la entidad bancaria Panacorp -a la que denunciaron en agosto de 2021 ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá- por el préstamo participativo de 6,3 millones de euros concedido por ésta para evitar la disolución de Plus Ultra, en 2017.

De la información disponible hasta la fecha «se puede deducir que la investigación» que se practica en Panamá «tiene relación y relevancia con los hechos aquí investigados en relación con el análisis del crédito participativo por el que la entidad Plus Ultra Líneas Aéreas SA obtuvo, al menos, de forma contable» la apariencia de situación económica saneada. Un escenario que le permitió, en último término, el acceso al rescate del Gobierno, por valor de 53 millones de euros acordado por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE) y coincidiendo con el cierre total de la actividad económica y empresarial en nuestro país, durante los meses más duros de la pandemia.

Por ello, Vox solicitó a la magistrada que acordase «los instrumentos de auxilio judicial internacional para que se remita copia íntegra del expediente» de las actuaciones de la Justicia panameña orientados a identificar las razones que llevaron a Panacorp Casa de Valores -el banco panameño que, a su vez, mantiene inversiones en la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA), a través de bonos con vencimientos desde octubre de 2020 y hasta noviembre de 2026- a salvar a Plus Ultra de la disolución.