La juez insistirá en la declaración del representante legal de Plus Ultra por la ayuda de 53 millones

La juez Esperanza Collazos seguirá adelante con la investigación de las presuntas irregularidades cometidas por el Gobierno en la concesión de una ayuda de cincuenta y tres millones de euros a Plus Ultra durante la pandemia pese a que, según el informe de los peritos independientes, la aerolínea estaba inmersa en una situación de quiebra anterior a la inyección económica y, por lo tanto, no debería haber tenido acceso a la misma. La magistrada al frente de las pesquisas ha salvado el escollo de los plazos –que según la Fiscalía y la Abogacía del Estado debió haber ampliado, el pasado día 8 de abril– y seguirá adelante con la instrucción de una causa en la que se veía obligada a suspender la declaración del representante legal de la aerolínea, tras haber presentado un recurso al hilo de la falta de prórroga de la misma. En una resolución dictada el pasado día 24 de junio a la que ha tenido acceso El Debate, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid ha reiterado cómo «la investigada» podrá «ofrecer al juzgado su versión de los hechos si ese es su deseo» y «ejercer el derecho a delimitar el proceso en unos tiempos determinados». Esto es, a salvo de acordar una nueva fecha, el administrador de la compañía tendrá que declarar.

«En la presente causa, fue interpuesto recurso hasta contra el auto que incoó el procedimiento , prácticamente todas y cada una de las resoluciones dictadas por este Juzgado en el ánimo de la obligada instrucción de una causa penal, han sido recurridas y no es hasta el día 25 de Mayo de 2022 en el que se se dirige una acción penal contra un persona, hay una investigada, momento en el cual comenzará a correr el plazo establecido en el art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y todo ello en aras a ese equilibrio entre las garantías constitucionales de defensa», ha aclarado, además, la juez Collazos.

La declaración de Plus Ultra estaba prevista para el pasado día 25 de mayo tal y como había solicitado a la magistrada la acusación popular que ejerce Vox en la causa pero, finalmente, tuvo que ser suspendida ante la imposibilidad de resolver en el plazo establecido el recurso presentado por la compañía para evitar el trance de la comparecencia judicial.

La compañía, por su parte, sostiene que, hasta hoy, ninguna de las diligencias practicadas en el marco de la investigación «han aportado elemento alguno que pruebe que la empresa no cumpliera con los requisitos exigidos para recibir el préstamo de la SEPI». Por ello, ha anunciado un nuevo recurso de la decisión adoptada por la juez Collazos. Además, y con el apoyo de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, instará el archivo de la causa.

Vox insiste en la trama venezolana

La declaración del representante legal de la compañía rescatada estaba directamente vinculada con la petición de Vox para que se investiguen las presuntas conexiones entre la inyección de dinero público a Plus Ultra y el pago al régimen chavista de Venezuela. No en vano, en un reciente escrito consignado en sede judicial por la formación política se apuntaba a las operaciones entre la empresa participada por el Estado español y las actuaciones de la entidad bancaria Panacorp –a la que denunciaron en agosto de 2021 ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá– por el préstamo participativo de 6,3 millones de euros concedido por ésta para evitar la disolución de Plus Ultra, en 2017.

De la información disponible hasta la fecha «se puede deducir que la investigación» que se practica en Panamá «tiene relación y relevancia con los hechos aquí investigados en relación con el análisis del crédito participativo por el que la entidad Plus Ultra Líneas Aéreas SA obtuvo, al menos, de forma contable» la apariencia de situación económica saneada. Un escenario que le permitió, en último término, el acceso al rescate del Gobierno, por valor de 53 millones de euros acordado por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (FASEE) y coincidiendo con el cierre total de la actividad económica y empresarial en nuestro país, durante los meses más duros de la pandemia.

Imputada la actual directora del CNI

La instrucción de la magistrada partía de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y, hasta la fecha, no ha implicado en la toma de declaración a ninguno de los investigados en sede judicial. Entre ellos, la presidenta de la institución, Belén Gualda y el vicepresidente Bartolomé Lora. Así como el resto de miembros del Consejo de Administración, entre los que se encuentra la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro Llamazares, como exsecretaria de Estado de Defensa; Inés María Bardón Rafael, Secretaria de Estado de Hacienda; Ana de la Cueva Fernández, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; y, Sara Aagesen Muñoz, secretaria de Estado de Energía.

Además, y aunque con menor rango de responsabilidad, constaban como parte del órgano de Administración Gemma del Rey Almansa, subsecretaria de Trabajo y Economía Social; María Pilar Paneque Sosa, subsecretaria de Hacienda; Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Raúl Blanco Díaz, secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; Amparo López Senovilla, subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital; María Isabel Valldecabres Ortiz, directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno; Luis Álvarez-Ossori, subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación; Juan Tejedor Carnero, director General de Patrimonio del Estado; Carlos Moreno Medina, director del Gabinete de la ministra de Hacienda; y, Antonio José Hidalgo López, subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.