Francisco Granados e Ignacio González, en una imagen de archivo
Fiscalía
Anticorrupción ultima la acusación de Púnica con el archivo de la causa para el 80 % de los imputados
La Fiscalía enviará, en los próximos días, el escrito de calificación provisional de la pieza número 9 al juez instructor Manuel García-Castellón
Tras más de seis años de investigación pormenorizada, Anticorrupción ha puesto fecha límite para la entrega del que será el escrito de calificación provisional de la pieza número 9 de la trama Púnica. Más de mil páginas y una detalladísima exposición preliminar de los hechos en la que un equipo de fiscales -Carmen García y Teresa Gálvez, con Alejandro Cabaleiro al frente- argumentará las razones por las que se quedarán fuera de las acusaciones formales, más del 80% de los imputados. Entre ellos, la más que probable 'absolución' de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y algunos de los cargos populares que la acompañaron durante su etapa, según han apuntado a El Debate fuentes próximas al Ministerio Público. A falta de la aprobación definitiva del texto y la preceptiva firma del fiscal jefe del Departamento, Alejandro Luzón, Anticorrupción apura los últimos flecos antes de la entrega de sus conclusiones al magistrado encargado de la causa, el titular del Juzgado de Instrucción Central Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en los próximos días.
La trama de corrupción urdida en torno a Francisco Granados –exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP regional durante la etapa de Esperanza Aguirre– comenzó a ser investigada judicialmente, en el año 2014, en la Audiencia Nacional. Según el sumario de la macrocausa, Granados presuntamente se «llevó» dinero «contante y sonante» a partir de las adjudicaciones de suelo, con las que un nutrido grupo alcaldes madrileños y otros tantos empresarios hicieron «negocio» y obtuvieron importantes «márgenes» de beneficio. Así lo desveló ante el juez el propio socio del exconsejero popular, David Marjaliza.
Después de las pesquisas iniciales sobre las irregularidades cometidas tanto por miembros del PP de Madrid, como del PSOE y Ciudadanos, la causa adquirió tal volumen de información e indicios que fue necesario trocearla en un total de trece piezas separadas, de las que siete ya han sido archivadas.
Para cinco de las seis restantes, que continúan vivas, el magistrado Manuel García-Castellón, el pasado verano de 2021, acordó una prórroga para atender a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que había solicitado un plazo adicional para recopilar más pruebas y pese a que el juez titular consideraba, ya entonces, que más del 50% de la causa está listo para enjuiciarse.
Pieza separada número 9 o «Caja B»
Esta es, sin lugar a dudas, la investigación que presenta una mayor trascendencia política, no sólo por la dimensión de los presuntos delitos cometidos sino porque el dinero opaco al fisco se empleó para financiar, presuntamente, de manera irregular, al menos tres campañas electorales autonómicas. En el marco de las pesquisas siguen imputados, hasta la fecha, dos expresidentes autonómicos, Esperanza Aguirre e Ignacio González; el extesorero regional del PP, Beltrán Gutiérrez; y, numerosos ex altos cargos de la formación, como el propio Francisco Granados o los exconsejeros José Güemes, Salvador Victoria, Gador Ongil o Borja Sarasola.
El magistrado García-Castellón desgajó de esta pieza las confesiones sobre las «sobrefacturas» de hasta un millón de euros aportadas, en 2021, por el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega que, desde entonces, forman parte de la pieza número 13. Dichas revelaciones afectaban a la empresa pública Mercado de Toledo, de la que el propio Ortega fue gerente, en la que el instructor trata de despejar si el Ejecutivo madrileño usó la empresa de forma encubierta para financiar al partido.
Sin pruebas contra Aguirre
Con esta actuación de la Fiscalía se cerrará definitivamente la fase de investigación de la parte central de Púnica sin que este último, Guillermo Ortega, alias 'el Rata', haya presentado la carta de colaboración a la que se comprometió con el magistrado Manuel García-Castellón. El juez instructor rechazaba hace menos de una semana ampliar el plazo concedido al que fuera alcalde de la madrileña localidad de Majadahonda para que aportase nuevos indicios acerca del presunto papel de Esparanza Aguirre, en el marco de la trama de financiación supuestamente irregular de la que se habría beneficiado el PP de Madrid. Así las cosas y sin nuevas pruebas sobre la mesa, el horizonte se despejaría para la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Aguirre fue imputada en la pieza número 9 en el año 2019 pero, tres años después, no se han dado indicios concluyentes sobre su posible implicación. Y ello, pese a que Ortega -junto con otros dos de los condenados en la trama Gürtel, Arturo González Panero, 'el Albondiguilla', exalcalde de Boadilla del Monte; e, Isabel Jordán, una antigua empleada de Francisco Correa- solicitó una declaración voluntaria ante García-Castellón, que la fijó en julio de 2020, para arrojar luz sobre la presunta financiación opaca en el Partido Popular de la época aguirrista. Anque todos aseguraron que en la formación madrileña no se movía nada sin el conocimiento de la entonces presidenta, ninguno aportó datos contundentes ni definitivos contra ella.
