Bildu salva la Ley de Memoria Democrática del Gobierno que reconoce a los etarras como víctimas indemnizables

El Gobierno ha conseguido sortear, por la mínima, el dictamen de la Comisión Constitucional reunida, este lunes, en el Congreso de los Diputados, sobre la propuesta de Ley de Memoria Democrática cuyo texto definitivo será aprobado en un Pleno Extraordinario que tendrá lugar tras el debate del Estado de la Nación previsto la próxima semana. Por 19 votos a favor –PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Bildu– 16 en contra –los 'noes' del PP, Vox, Ciudadanos y el diputado Carlos García Adanero, de Navarra Suma, que ha representado al Grupo Mixto– y la doble abstención de Esquerra Republicana (ERC) y Junts, el Ejecutivo ha salvado la primera fase parlamentaria de una norma que, así las cosas, entrará en vigor en septiembre. EH Bildu ha capitalizado el grueso del trámite hasta tal punto que la Exposición de Motivos de la norma reconoce a los miembros de ETA perseguidos en democracia, ya vigente en la actual Constitución, como víctimas indemnizables «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos».

Es decir, con la promulgación de esta nueva norma cabrá la revisión de las supuestas violaciones de Derechos Humanos que hubieran quedado impunes durante el régimen predemocrático de Franco pero, también, una ampliación hasta 1983, para el reconocimiento y reparación de aquellos hechos que hubiesen quedado fuera de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Para el Gobierno, a exigencia de sus socios, era una consideración necesaria con la que dar respuesta a ciertos episodios concretos derivados del status quo anterior al proceso constituyente. Y, por ello, han dejado una puerta abierta a la identificación y «reconocimiento» como víctima de quienes pudiesen haber sido objeto de persecución –etarras incluidos– a efectos declarativos e, incluso, económicos.

Desde las filas bilduetarras han insistido en su papel como actores esenciales para la aprobación del dictamen de la Comisión Constitucional, presidida por el socialista Patxi López, con el que han conseguido «abrir nuevos cauces de reconocimiento y corregir algunas lagunas de la Ley de Memoria Democrática». Así lo manifestaba la portavoz del grupo parlamentario vasco, Bel Pozueta, en el transcurso de su intervención durante el trámite: «Nuestras enmiendas han mejorado el texto. Pero con su aprobación no finaliza la lucha por la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas». Una afirmación que engloba una crítica parcial al Gobierno que, finalmente, ha matizado el alcance de los acuerdos pactados con la formación de Arnaldo Otegi.

El Gobierno, matiza

La enmienda que sitúa en el lugar de las víctimas a quienes durante más de cuarenta años aterrorizaron a la opinión pública –y que tienen cerca de 300 crímenes sin resolver– trascendió durante las negociaciones, envuelta en la polémica. No en vano, la propia portavoz de Bildu, Mertxe Aizpirua, era la encargada de apuntar a una futura y eventual inclusión en el catálogo de perseguidos a los terroristas de ETA que, en su día, fueron objetivo de la guerra sucia de los GAL o presuntas víctimas de torturas de la Guardia Civil.

El Gobierno ha salido al paso para matizar el alcance del enfoque prestado y aclarar que no habrá, en ningún caso, «consecuencias penales» asociadas al reconocimiento del estatus de víctima a los etarras, han asegurado desde el Ejecutivo socialista. Pero, lo que es innegable, es que el texto legal aprobado hoy por la Comisión Constitucional del Congreso recoge el mandato expreso para crear una «comisión técnica» que –en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley– recoja «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

El pacto entre Gobierno y Bildu amplió hasta 1983, cinco años después de aprobada la Constitución, el reconocimiento de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y la reparación económica de las mismas

Dicha comisión estatal, independiente y de carácter académico –para la que el Gobierno prevé designar a historiadores y profesores universitarios– deberá llegar, por lo tanto, a conclusiones que satisfagan, de algún modo, la memoria de los terroristas. Sin embargo, desde la Moncloa insisten, una vez salvado el primer trámite legislativo, que eso no incluye una investigación judicial de hechos posteriores a la Constitución ya que, según su enfoque, el articulado de la nueva norma agota la vía jurisdiccional en 1978.

Además, el PSOE y Unidas Podemos acordaron también con la coalición aberztale que dicha Comisión estatal recoja testimonios, información y documentos orientados a aprobar un informe de conclusiones para resarcir a todas las víctimas declaradas de forma «objetiva e imparcial».

La nulidad de los juicios franquistas

En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia.

El Gobierno de Pedro Sánchez volvía a señalar al franquismo como prioridad –en esta ocasión, pese a la grave crisis económica– para declarar «nulos de pleno derecho» los juicios sumarísimos de la dictadura en base a la nueva Ley de Memoria Democrática pactada con Bildu. La norma, que este mismo lunes ha superado el obstáculo de la Comisión Constitucional del Congreso, ha dado luz verde, por la mínima, al revisionismo del Gobierno para quienes sufrieron torturas o fueron objeto de sentencias fruto del régimen franquista, por parte de los tribunales franquistas «explícitamente» declarados ilegales e ilegítimos, así «como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas».