El Tribunal de Cuentas rechaza todos los recursos contra la malversación del 'procés' y fija la primera vista en septiembre

El Tribunal de Cuentas avanza, implacable, en el procedimiento por el que el órgano fiscalizador está llamado a recuperar para el erario público los más de 5,4 millones de euros presuntamente malversados por los líderes separatistas del 'procés' con cargo a la independencia de Cataluña, en otoño de 2017. El TC ha resuelto negativamente los últimos recursos planteados, por el abogado Gonzalo Boye, contra la admisión de las dos demandas planteadas por la Abogacía del Estado y la entidad Convivencia Cívica en el marco de la instrucción y, tras recibir el total de las contestaciones a las mismas –en el plazo de los diez días previstos para el trámite, tal y como avanzó en primicia El Debate– el órgano fijará la primera vista del juicio contable, para «tratar las cuestiones preliminares», el próximo mes de septiembre.

Una incidencia que, hasta la fecha, había impedido al TC acceder correctamente a unos archivos de datos vinculados a la causa, dejaba el contador en suspenso. Pese al error informático, y una vez solventado el contratiempo, el reloj del procedimiento administrativo se ha reactivado contra la supuesta malversación de la Generalitat independentista para la financiación del Diplocat.

Se trata del primer gran avance desde que, el pasado mes de marzo, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas decidiese aceptar, no sin provocar una amplia polémica, los avales presentados por el actual Govern de Cataluña, presidido por Pere Aragonés, para hacer frente a la fianza impuesta los denunciados. Una decisión que revocaba la postura de la instructora inicial del caso, Rebeca Laliga, que no los aceptó de entrada.

Los polémicos avales de la Generalitat

Tras la polémica decisión adoptada por la Sección de Enjuiciamiento que, el pasado mes de marzo, decidía aceptar los avales presentados por la Generalitat de Cataluña a través del Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 28 promotores del 'procés' por su promoción en el exterior, el Tribunal de Cuentas avanza en la causa sin discrepancias.

Aquella decisión revocaba la adoptada, inicialmente, por la instructora del caso que no los aceptó al interpretar que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración «que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros».

La propuesta de la ponente del asunto, Rebeca Laliga –consejera designada por el PP en la reciente renovación del Tribunal de Cuentas–, contraria a que las fianzas por delitos de tipo personal se garanticen con dinero público, era rechazada por el resto de miembros de la Sección de Enjuiciamiento. Algo que, sin embargo, y según apuntan a El Debate fuentes conocedoras de la causa, no tiene por qué afectar al pago final de la cuantía que se exija a los separatistas una vez concluido el trámite administrativo. Esto es, llegado el caso de una futura y eventual condena del TC los obligados al pago del dinero malversado serán los 28 políticos y altos cargos investigados por lo ocurrido.