El PP descarta el cheque en blanco al Gobierno en la renovación del CGPJ

La nueva proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso para controlar el Tribunal Constitucional, y nombrar un presidente a la medida de sus necesidades, ha roto los escasos puentes que populares y socialistas habían tendido hacia la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde la llegada de Alberto Núñez Feijoo al frente del PP. Sin embargo, la reforma unilateral que el Gobierno llevará la próxima semana al Debate del Estado de la Nación para permitir al Gobierno interferir, por segunda vez, en las competencias del órgano de los jueces, ha provocado tanto la ruptura de las conversaciones sino que los populares endurezcan su posición de partida para una eventual renovación institucional que, así las cosas, exige la retirada de la modificación prevista que, ni cuenta con un informe previo del propio Consejo –por mucho que no sea obligatorio en este caso– ni con el beneplácito de la Carrera Judicial.

Mientras tanto, el canal abierto entre los populares y las principales asociaciones de jueces de España afianza la idea de que, se plantee al Gobierno una propuesta común que permita despolitizar el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones prorrogadas, para que pueda retomar los nombramientos que paralizan los principales tribunales de nuestro país.

O, como mínimo, que en las previsiones de designación de los dos miembros del Constitucional que le corresponde nombrar al Consejo –de entre los cuatro cuyo mandato ha vencido el pasado mes de junio– se incluya, también, la designación de los magistrados del Supremo cuyas vacantes no han sido cubiertas y que, desde hace varios meses, viene provocando una situación agónica para el Alto Tribunal.

Y es que, el empeño del Ejecutivo de Pedro Sánchez en rehabilitar, parcial y temporalmente, al CGPJ para que nombre a dos jueces del Tribunal de Garantías, exactamente lo contrario de lo que impidió con Podemos por la vía exprés hace unos meses, ha impedido la cobertura de vacantes en un Supremo que está maniatado y que, a duras penas, puede sacar adelante su cometido, con más de una quincena de magistrados ausentes.

No es ajeno que la mayoría de las entidades profesionales, con las que el Partido Popular ha mantenido encuentros de cara a la renovación del CGP, con el objetivo de recabar propuestas para desbloquear la situación que mantiene al órgano de gobierno de los jueces caducado, desde diciembre de 2018, han dejado clara su postura coincidente tanto en lo insostenible de la situación actual como en la importancia de una eventual reforma del sistema de elección vigente para los vocales del Consejo, de modo que no vuelvan a darse situaciones como la actual.

Con la vista puesta en Europa

En un reciente escrito enviado por nueve vocales del actual Consejo –José Antonio Ballestero, Nuria Díaz y Wenceslao Olea, Juan Martínez Moya, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Franciso Martínez, María Ángeles Carmona y Carmen LLombart– al presidente del órgano, Carlos Lesmes, se instaba el Pleno extraordinario, convocado el próximo lunes para estudiar si «dirigirnos a la Comisión Europea para informar sobre la referida proposición de Ley» socialista que utiliza las normas para hacer nombramientos «de quita y pon».

Tanto el Partido Popular como los integrantes de las principales instituciones que integran el Poder Judicial son conscientes de cómo en plena afrenta del Gobierno, en su empeño por hacerse con la mayoría progresista del Constitucional -y colocar como presidente del órgano a Cándido Conde-Pumpido- Europa mira expectante cada uno de los movimientos. No en vano, la próxima semana se conocerá el contenido de un nuevo informe de evaluación del Estado de Derecho, en el que la Comisión Europea previsiblemente volverá a incidir en que los vocales judiciales del CGPJ tiene que ser elegidos por los propios jueces, sin injerencias externas.