Sánchez allana el futuro jurídico de los prófugos catalanes tras el revés de Europa a Puigdemont

Las paredes de La Moncloa serán testigos silenciosos de la conversación que, este viernes a mediodía, mantendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder republicano del Govern Pere Aragonés. Tras la crisis entre los socialistas y su socios catalanes provocada por el presunto espionaje del llamado caso Pegasus, Aragonés viaja a Madrid con la voluntad de impulsar las negociaciones entre ambos. Los prófugos del procés ocuparán una buena parte del contenido de la charla, especialmente tras el varapalo recibido por el expresidente Carles Puigdemont -y sus compañeros de andanzas en Bélgica Luis Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí- en clave europea con el aval del abogado general de la Unión a las euoordenes de entrega dictadas por el magistrado instructor Pablo Llarena, pendientes de ejecución.

El apoyo de ERC a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial con la que, este mismo jueves, Sánchez conseguía hacerse con el control de un Constitucional que tendrá la última palabra en los indultos de los republicanos catalanes, no será gratis. Y los de Esquerra ya miran al exterior con futuros indultos para sus fugados, como Marta Rovira, sobre la mesa.

La que fuera secretaria general de ERC huyó a Suiza, hace ahora cuatro años, para evitar su responsabilidad frente a las gravísimas acusaciones que pesaban sobre ella en el Supremo. El Alto Tribunal la procesó, en 2018, por rebelión tras formar parte de la cúpula política catalana que impulsó y ejecutó la declaración unilateral de independencia y la celebración del referéndum inconstitucional del 1-O. Sobre ella no pese ninguna orden de detención y entrega, ya que el país helvético no es miembro de la UE y no aplica el reconocimiento judicial automático que sí rige, por ejemplo, para los belgas; pero, en el caso de que decidiese regresar voluntariamente a España sería detenida y sentada en el banquillo.

Así las cosas, Pere Aragonés llegará a su cita con Sánchez con una postura de máximos: la «amnistía» para todos los políticos catalanes y cargos que hayan sufrido -o estén inmersos- en procedimientos judiciales por su participación en el denominado procés. Por su parte, el presidente del Gobierno baraja contraofertar un nuevo indulto para los ya perdonados, en el caso de que la Sección Quinta de la Sala Tercera decida revocar la polémica medida de gracia materializada por el Ejecutivo socialista e, incluso, hacer extensible dicha posibilidad a una eventual sentenciada como Rovira, tras su hipotética vuelta a casa.

Que la Fiscalía modere las acusaciones

Europa avanza hacia la entrega de Puigdemont, Ponsatí, Puig y Comín a España. La opinión del abogado general de la UE, Richard de la Tour -que si bien no es vinculante para el Tribunal (TJUE) comunitario que tendrá que contestar al juez Llarena las cuestiones prejudiciales planteadas tras la negativa de Bélgica a extraditarlos- ha sido un verdadero espaldarazo para la Justicia española.

«Una autoridad judicial no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo de la persona reclamada si no se demuestra la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del Estado miembro emisor», reflejaba el letrado en su dictamen. Y es que, en definitiva, la esencia de las euroórdenes es la confianza mutua entre los estados miembros en base al principio de «reciprocidad y reconocimiento mutuo de las resoluciones».

Ante un escenario cada vez más desfavorable al refugio europeo de los prófugos del procés Sánchez contempla la posibilidad de hacer la vida fácil a sus socios de legislatura, para que lo sigan siendo, hasta el final de la misma. Una opción que estará presente en el encuentro de hoy con Aragonés: la posibilidad de que la Fiscalía revise, a la baja, las peticiones de condena que mantiene vivas contra todos los miembros de Esquerra -políticos y altos cargos procesados por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, en Cataluña- toma forma.

Aragonés pedirá al jefe del Ejecutivo «gestos» con los que demuestre su voluntad de «normalizar» las relaciones «bilaterales» con Cataluña, tras unos meses de nevera. No en vano, cuando el ministro de Presidencia Félix Bolaños y su homónima en el Govern catalán, Laura Vilagrá, cerraron agendas para escenificar la recuperación del diálogo, lo hicieron con el objetivo último de «superar la judicialización» del procés y «garantizar la seguridad jurídica» de todos los implicados.