El pistolero de Tarragona
Tribunales
El juez suspende la eutanasia del pistolero que fue herido de gravedad por la policía durante su huida
Después de que la jueza permitiera la eutanasia del pistolero al considerarlo un «derecho fundamental», ahora se ha admitido un recurso que de momento paraliza el proceso de muerte asistida
El juzgado que investiga al vigilante de Tarragona que disparó a sus excompañeros y a un Mosso ha suspendido la eutanasia que se le iba a practicar el próximo 28 de julio, a la espera de que la Audiencia Provincial de Barcelona resuelva el recurso contra la decisión de autorizar la muerte asistida. Marin Eugen Sabau, preso de 46 años y origen rumano, sufre una lesión medular irreversible tras recibir un disparo de dos agentes de los Mossos d'Esquadra -que también resultaron heridos durante su detención el pasado mes de diciembre- cuando se tiroteó a tres empleados en la sede de la empresa de seguridad en la que trabajaba, para luego darse a la fuga. Durante su huida lesionó a dos policías y, actualmente, se encuentra en prisión preventiva por orden judicial en el hospital
El vigilante pidió la eutanasia por la lesión medular que padece a consecuencia de los disparos de los Mossos d'Esquadra, que el pasado mes de diciembre le tirotearon para reducirle cuando se atrincheró en una masía abandonada tras abrir fuego contra sus compañeros de la empresa de seguridad en que trabajaba. El Hospital Penitenciario de Terrassa en el que se encuentra ingresado el vigilante, de 46 años, dio luz verde al proceso de muerte asistida del recluso, pero los Mossos d'Esquadra que ejercen la acusación particular en la causa se opusieron y pidieron al juzgado que paralizara la eutanasia.
La posibilidad del Constitucional
No obstante, la jueza decidió autorizarla el pasado 6 de julio al entender que la muerte digna es un «derecho fundamental» y argumentando que la justicia no puede interferir en un proceso de muerte asistida. El sindicato USPAC, a través de su abogado José Antonio Bitos, ha recurrido la resolución, en un escrito en el que también pide que el juzgado eleve una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para aclarar si la ley de eutanasia puede vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las víctimas. UPSAC solicita en ese recurso que se suspenda el proceso de muerte asistida -petición que la jueza ha estimado- y se prosiga con el procedimiento penal abierto contra el vigilante.