La carambola del Gobierno: descabezar al CGPJ nombrando a su presidente candidato al Constitucional

Cumpliendo con lo establecido en la reciente y polémica modificación legal del Gobierno, aprobada este miércoles en el Senado –para la elección de su cuota de candidatos a ocupar las plazas de magistrado del Tribunal Constitucional, cuyo mandato caducó en junio– el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha convocado a los vocales del órgano a un Pleno extraordinario, el próximo día 8 de septiembre, no sin antes instarles a llegar a un acuerdo ágil y sensato para formular su doble propuesta. Lo que no les ha contado –pese a que es una opción que cobra cada vez más fuerza en el seno del Consejo, según diversas fuentes consultadas por El Debate– es que él mismo podría ser uno de los dos nombres resultantes de la deliberación institucional programada a la vuelta del verano. Para lo que tan sólo necesitaría que alguien lo proponga y que doce de sus compañeros, once y él mismo, apoyen su designación con destino al Tribunal de Garantías.

Con ello, el Ejecutivo socialista podría encontrarse ante una carambola doblemente favorable en su interés por controlar la cúpula judicial: por una parte, dejarla descabezada, proporcionándole un nuevo argumento para forzar al Partido Popular a retomar el pacto frustrado, sine die, de renovación del CGPJ; y, por otra, consumar con agilidad el vuelco del Constitucional hacia la nueva mayoría progresista que aceleró la maniobra normativa de Pedro Sánchez, a espaldas de Europa, de la mano de sus socios independentistas catalanes de Esquerra (ERC).

Pese a que la posibilidad de que Lesmes materialice de este modo su ansiado retiro en el Constitucional es una «opción poco creíble» para algunas fuentes jurídicas consultadas por El Debate, también hay quienes descartan que si «alguien lo sugiere» –la autopropuesta no entra en las cábalas– el todavía presidente del Consejo en funciones prorrogadas vaya a rechazarlo. De entrada, Lesmes cumple con el tradicional requisito de los nombramientos del CGPJ al ser juez de la Sala Tercera del Supremo, donde tiene su plaza profesional.

«No existe ningún impedimento legal» para que la cabeza visible del Poder Judicial en España «deje su cargo con la misión de ocupar una plaza de magistrado en el Tribunal de Garantías». Tampoco lo hay en que sea «el propio Gobierno» el encargado de elegirlo como candidato de consenso. Sería, eso sí, «una situación inédita» que, sin embargo, cuenta con un precedente aunque para ello haya que remontarse «al primer CGPJ que eligió a uno de sus entonces vocales como magistrado del Constitucional».

Si ante una futura y eventual salida de Lesmes, un enésimo intento de negociación entre Gobierno y oposición para cumplir con el mandato constitucional de disolver el actual Consejo y constituir uno nuevo, no surtiese efecto, «el Pleno del órgano tendría que elegir a otro presidente» y, lo «más lógico es que se tratase del más antiguo de sus miembros», apuntan las mismas fuentes. Aunque «no hay ningún mandato expreso al respecto».

Los movimientos del sector progresista

A la parálisis de la función de nombramientos propia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha sumado, en los últimos días, la vacante tras el reciente fallecimiento de la vocal Victoria Cinto –que se une a la jubilación, el pasado 5 de marzo de Rafael Fernández Valverde, quien fuera designado a propuesta del PP Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo–.

Si bien el puesto de Fernández no fue cubierto por el Congreso de los Diputados ya que para su presidenta, la socialista Meritxell Batet, la sustitución no era posible por encontrarse el órgano en funciones, desde hace más de tres años; en el de Cinto, según han manifestado a El Debate fuentes próximas a la institución, el sector progresista del CGPJ se habría manifestado a favor de que el Senado sí reclame el reemplazo previsto en este último caso. Se trataría de no perder ninguno de los votos efectivos que serán necesarios para la elección, tanto del nombre de los dos candidatos al Constitucional, como de su presidente si, finalmente, se consuma la salida de Lesmes como uno de ambos.

El asunto de la vacante de Fernández Valverde fue tratado, sin éxito, por la Mesa del Congreso en respuesta a la comunicación remitida al hemiciclo, el pasado 8 de marzo, por el propio presidente del CGPJ Carlos Lesmes, el cual notificó la baja forzosa de su vocal tras superar el límite de 72 años que la ley establece para seguir ejerciendo su labor como magistrado en el Supremo.

En aquella ocasión, fue Lesmes el encarado de comunicar a Batet, «a los efectos que legalmente procedan», cómo el artículo 571.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé que el cese anticipado de un miembro del Consejo «dará lugar a su sustitución» por parte de la Cámara competente «para que proceda a la propuesta de nombramiento de un nuevo vocal» en su lugar.