El nuevo fiscal general, cuestionado en una semana por «extralimitarse» en sus funciones con el giro en el caso Miguel Ángel Blanco

La llegada del nuevo titular del Ministerio Público a su cargo, tras la dimisión de Dolores Delgado, está envuelta en las sospechas de «arbitrariedad», incluso, antes de que Álvaro García Ortiz haya tomado posesión formal como fiscal general del Estado. No son sólo las hipotecas de la gestión de su predecesora, ni siquiera su pasado socialista, las cuestiones que más empañan su designación: la decisión que como secretario técnico de la Carrera adoptó en favor de la prescripción del asesinato del edil popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, ha caído como una losa sobre el que fuera la mano derecha de Delgado. En el seno de la Fiscalía, cada vez son más las voces que apuntan a que la actuación de García Ortiz se «extralimitó en sus funciones».

No en vano, el artículo 25 del Estatuto Orgánico reserva las cuestiones de mayor calado a la titular de la cúpula fiscal «y éste no es un caso cualquiera». «Si ha intervenido la Secretaría Técnica es porque hubo una delegación expresa o tácita de la fiscal general» pero «esa delegación no aparece» o «se niega», de manera que «en la práctica, el secretario general actúa como FG sin autoridad alguna», señalan a El Debate fuente próximas al Consejo Fiscal.

Así las cosas, el escenario al que se enfrenta García Ortiz en el marco del próximo Consejo Fiscal, previsto en el mes de septiembre, pasa por dar explicaciones a los miembros del órgano colegiado que, todavía mantiene judicializado un asunto anterior -el 'caso Stampa'- por el mismo motivo, ocultar información a los vocales y ocultar una dudosa actuación como hombre de confianza de Dolores Delgado con la que prolongó, artificialmente, una investigación interna contra el entonces fiscal de la macrocausa Tándem para perjudicarle.

Evitar la «impunidad» del grave crimen

«La posición de la Fiscalía, con pleno respeto a los derechos de los justiciables y singularmente el de defensa, ha de ser la de explorar la interpretación razonable de las leyes que tienda a evitar la impunidad de crímenes gravísimos», denunciaban hace unas horas desde la Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en un comunicado oficial publicado tan sólo cuatro días después de que el Ministerio Público modificase el histórico criterio de acusación contra los exjefes de ETA que, presuntamente, ordenaron el asesinato del concejal popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco, para darlo por «prescrito».

La demanda de esta asociación de fiscales llegaba al término de la misma semana en que, tal y como adelantó este medio en exclusiva, renunció el fiscal encargado de la acusación pública contra los dirigentes de ETA -Soledad Iparaguirre, alias 'Anboto', 'Mikel Antza' y José Javier Arizkuren Ruíz 'Kantauri'- por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.