El Supremo confirma las condenas de los ERE a Chaves y Griñán, que ingresará en prisión

No hay lugar a dudas. El Supremo confirma las condenas a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el que ha sido el mayor escándalo de corrupción política de nuestra historia reciente. En una sentencia dictada por la Sala Segunda del Alto Tribunal, que se ha notificado este martes, los magistrados por tres votos a favor y dos en contra, que ya han avanzado fallos particulares, han confirmado la resolución de la Audiencia de Sevilla que impuso 9 años de inhabilitación a Chaves, por un delito continuado de prevaricación, y otros tantos a Griñán quien, además, tendrá que ingresar en prisión. Sobre él pesan un total de 15 años de inhabilitación y 6 años de cárcel con cargo a un delito adicional de malversación agravada que tan sólo podrán ser revocados con un indulto del Gobierno o una decisión revocatoria del nuevo Tribunal Constitucional.

También tendrán que ingresar en prisión los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. No así la exministra de Fomento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Magdalena Álvarez, ni tampoco el exregidor autonómico Gaspar Zarrías, ya que para ellos, como para Chaves, la sanción impuesta es de 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.

El Tribunal, presidido por el magistrado Juan Ramón Berdugo, ha detallado en una sentencia de más de 1800 folios -redactada por el juez Eduardo Porres- los motivos que le han llevado a respaldar íntegramente las sanciones impuestas por la instancia sevillana a más de una veintena de exaltos cargos de la Junta. Tan sólo en el caso de Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Medina Varo el Supremo ha decretado la absolución del delito continuado de prevaricación administrativa.

Para Juan Márquez, sin embargo, se ha decretado su condena como autor responsable de sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, en relación de concurso ideal, «apreciando la atenuante analógica y muy cualificada de reparación del daño, con la consiguiente reducción de sanciones, imponiéndole la pena de prisión de tres años, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de siete años y seis meses, que conlleva la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviere el penado o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, con imposición de las 2/37 partes de las costas procesales de primera instancia y declarando de oficio las causadas con su recurso de casación».

Dos votos particulares discrepantes

En sentido contrario al de sus compañeros se han manifestado las magistradas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer, quienes han emitido voto particular en contra de la decisión mayoritaria de sus compañeros de Sala.

Ambas jueces consideran que deberían haber sido estimados parcialmente los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla por Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Vallejo Serrano, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Griñán Martínez y que, «anulada la sentencia de instancia, estos recurrentes deberían haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos».

680 millones de euros de los parados

La Sala Segunda del Supremo ha necesitado dos vistas, celebradas en plena campaña de las elecciones andaluzas, y varias deliberaciones de los magistrados –Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela, Ana María Ferrer, Susana Polo y Eduardo de Porres– hasta alumbrar el fallo, firme, contra los exlíderes socialistas que, con cargo a fondos públicos destinados a los parados andaluces, desviaron un total de 680 millones de euros en un fraude millonario de ayudas a empresas. Además, el Alto Tribunal prorrogó durante dos meses el plazo de redacción inicialmente previsto para dictar sentencia, dada «la complejidad» de la misma y el elevado «número de los recurrentes».

Los ya condenados, entre los que se encuentran dos de los máximos exresponsables de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, participaron en la creación de un sistema opaco y arbitrario de concesión de subvenciones para el rescate de empresas en situación de crisis -entre 2000 y 2009- que, sin embargo, nunca fueron publicadas en el Boletín Oficial de la autonomía, ni tuvieron una base de licitación pública ni, tampoco, respondieron a ningún mecanismo de control y trazabilidad posterior. Ambos solicitaron la baja como militantes del PSOE en junio de 2016, tras ser formalmente imputados por los hechos por los que han resultado, finalmente, sentenciados.

Cerco de la Fiscalía al fraude

El sistema diseñado por el PSOE andaluz, del que participaron entidades públicas y sindicatos, permitió al director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero -quien falleció en 2020- distribuir fondos discrecionalnmente, reduciendo la partida presupuestaria de subvenciones de la Consejería de Empleo y transferirla al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, posteriormente agencia IDEA) que no era el órgano habilitado para gestionarlas.

Para los fiscales del caso «ni uno solo de los expedientes que obran en la causa cumplió ni uno solo» de los requisitos previstos en el procedimiento reglado

De este modo, la Consejería enviaba ingentes cuantías de dinero al IFA paa que éste abonase los pagos acordados evitando la fiscalización de los interventores técnicos de la Administración que, desde el año 2000 venían advirtiendo de las ilegalidades manifiestas en los ERE gestionados.

Así ha quedado acreditado de acuerdo a la tesis defendida por los fiscales encargados del caso, Rafael Escobar y Fernando Prieto, que en la vista de dos días celebrada en mayo de este mismo año, en el seno del Supremo, manifestaron que tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán fueron plenamente «conscientes» del uso de un proceso irregular para alterar la finalidad legítima del erario público de todos los andaluces.