Sentencia de los ERE: el Supremo abre la puerta a reclamar los 680 millones malversados por el PSOE

Trece años después de que la juez Mercedes Alaya iniciase, sin saberlo, las primeras investigaciones de la que acabaría siendo la mayor trama de corrupción de la historia de nuestra democracia, es difícil cuantificar el importe total del dinero público malversado durante la era de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán al frente de la Junta de Andalucía. Más de un centenar de piezas separadas, de las que sólo cinco han sido juzgadas, complican la reclamación de los fondos malversados durante décadas por el PSOE andaluz.

Tan sólo la partida presupuestaria 31L, esto es la diseñada por la Consejería de Trabajo para pagar prejubilaciones y rescates a empresas en crisis, entre 2000 y 2009, ascendió a un total de 680 millones de euros. La sentencia firme del Supremo confirmando el mecanismo irregular, opaco y arbitrario que la Junta empleó para desviar fondos públicos, y la condena a dos expresidentes autonómicos, allana el camino para recuperar el dinero aunque no será tarea fácil.

Para ello, la actual Administración autonómica, presidida por el PP de Juanma Moreno Bonilla, dispone de al menos dos vías para hacerlo: la primera recurrir a la vía administrativa, ante el Tribunal de Cuentas, a través de un expediente de responsabilidad contable contra los exaltos cargos socialistas condenados por malversación, entre ellos, José Antonio Griñán; la segunda, el cauce judicial propiamente dicho.

En este último escenario el ente autonómico podría instar como acusación particular, al ser perjudicado directo, la responsabilidad civil subsidiaria de cada una de las cien piezas separadas en las que se investiga el destino de las subvenciones concedidas «sin control» con cargo al denominado fondo de reptiles.

La clave es la malversación

La decisión del Supremo que ratificaba la condena de seis años de cárcel y quince de inhabilitación para Griñán por prevaricación continuada y malversación de caudales públicos, así como la inhabilitación por período de nueve años para Chaves, su predecesor, por prevaricación, abría la puerta a recuperar el dinero desviado. El fallo se conocerá en su contenido íntegro cuando las dos magistradas –Ana Ferrer y Susana Polo– emitan su voto particular y argumenten por qué, a su juicio, los condenados deberían haber sido absueltos del delito de malversación.

No en vano, según han apuntado a El Debate fuentes conocedoras de la causa, la discrepancia de ambas juezas con el resto de sus compañeros se centra en cómo, a su juicio, los miembros de la Consejería de Hacienda –de la que se encargó la actual ministra María Jesús Montero, de 2013 a 2018– no conocían el fraude que se estaba produciendo en el seno del Departamento de Trabajo, germen de la trama corrupta. Así las cosas, la petición de reintegrar los fondos públicos sólo afectaría a quienes estuviesen sancionados en firme por malversar no así por prevaricación, delito que no se discute, en ningún caso.

La Junta de Susana Díaz renunció

El 'caso Acyco', el segundo juicio celebrado de la macrocausa de los ERE andaluces, por las ayudas «ilícitas» de 2,9 millones de euros públicos concedidas a la empresa de aceitunas y conservas quedó sentenciado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla el pasado mes de enero. Gracias a la investigación del juez de los ERE, el magistrado Ignacio Vilaplana y al «auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado» dictado por éste, la Sala pudo elevar las penas impuestas a los condenados atendiendo a la Fiscalía antes que a las peticiones de la propia Junta socialista de Andalucía que se personó como «víctima» para pedir menos penas que el Ministerio Público pese a ser la máxima perjudicada.

Esta operativa, que arrancó en 2016 de la mano de los servicios legales de la Administración autonómica bajo el mandato de Susana Díaz, tiene su máximo exponente en el hecho de que, entonces, se solicitó el sobreseimiento, sin consecuencias, de la pieza política que el Supremo ha dejado finiquitada este mismo martes en sentencia firme. Pese a que la posición de la Junta socialista fue la de no personarse en la macrocausa como acusación, al margen de la Fiscalía, sí se reservó la opción de la acción civil para, llegado el caso de una condena irrevocable, como finalmente se ha confirmado, recuperar el dinero hurtado a los contribuyentes andaluces.