La UE fija en septiembre el ultimátum al Gobierno para desatascar la renovación del CGPJ

La Comisión de Justicia de la UE es plenamente consciente de que la situación de prórroga que vive el Poder Judicial en nuestro país es ya inasumible. La parálisis en los nombramientos de los jueces –que afectan a vacantes en todos los órganos jurisdiccionales, desde el Supremo y hasta las Audiencias Provinciales– consecuencia de la prórroga del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tendrá que desatascarse en septiembre. Tras el verano, el comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, regresará a España para desencallar la situación, a partir de una ronda de contactos con todos los actores jurídicos implicados, y con el firme objetivo de que los jueces elijan a sus representantes.

El incumplimiento sistemático de nuestro país en las recomendaciones comunitarias orientadas a la independencia de la Justicia podrían tener, a partir de entonces, consecuencias severas más allá de las habituales advertencias. Reynders ha recordado que la Comisión dispone de dos mecanismos agravados de intervención, y lo ha hecho en presencia de la mismísima ministra Pilar LLop: el procedimiento de infracción, ante el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE), al que se ha referido hasta en tres ocasiones, durante su última intervención pública en nuestro país; y, la subordinación de los fondos europeos al cumplimiento de las exigencias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que España ha venido desoyendo.

Las declaraciones de Reynders se han producido en el marco del acto inaugural del curso de verano organizado por la Academia de Práctica Jurídica Europea, celebrado ayer en San Sebastián, para tratar «Los retos globales de la UE» en materia de calidad del Estado de Derecho, para los 27 países miembros. La despolitización del máximo órgano de gobierno de los jueces españoles que, de forma mayoritaria, entienden el sistema actual como un modelo superado que no respeta los límites previstos por el Constitucional en su sentencia 108/86 ha centrado la alocución del comisario europeo frente a LLop.

No en vano, España arrastra una deuda histórica de incumplimiento sobre uno de los principales postulados de GRECO en la materia: asegurar un método de representación en el que «las autoridades políticas no intervengan en ninguna fase del proceso de selección de los vocales de origen judicial».

Un grupo de jueces independientes

Al término de la presentación del ciclo formativo, Reynders mantuvo un largo del encuentro, que se desarrolló en francés y en inglés, con varios jueces españoles, miembros de Foro Judicial Independiente (FJI) que pudieron «constatar el compromiso de la Comisión con los mecanismos del Rule of law y con la necesidad de adaptar nuestro sistema de elección de vocales a los estándares europeos».

Así lo han expresado desde la directiva de la asociación judicial, en un comunicado en el que cuentan cómo expusieron «al Comisario que, desde nuestro punto de vista, resultaba contradictorio exigir una renovación del CGPJ conforme a la regulación actual, para inmediatamente después conminar a España a la reforma del sistema bajo la advertencia de iniciar un procedimiento de infracción por mantener un sistema contrario a los citados estándares». A lo que Reynders «admitió que se trataba de una cuestión delicada y que la principal diferencia que existía entre nosotros y los polacos tenía que ver con el hecho de que en Polonia habían constatado un «retroceso» derivado de la última reforma, mientras que en España se trataba de una realidad que se prolongaba desde hacía muchos años».

Reynders ha recordado la reciente «recomendación» expresa de la Comisión Europea para que «España adapte su sistema de elección del Poder Judicial a los estándares europeos»

El comisario europeo de Justicia insistió en que en cualquier caso la UE «estaba encima del asunto» y recalcó que, por primera vez en el último informe comunitario sobre la salud del Estado de Derecho, publicado hace escasos días, se había incluido una «Recomendación» expresa en alusión «a la necesidad de que España adaptase su sistema de elección a los estándares europeos».

Reynders, que tomó algunas notas manuscritas durante la reunión, «dio sobradas muestras de conocer -prácticamente a la perfección- los matices y peculiaridades de nuestro sistema, incluidas las posturas de las distintas asociaciones respecto a la situación del CGPJ. Ello nos permite tener confianza en su trabajo», aseguran desde FJI. «El Sr. Reynders insistió en la importancia de que a nivel nacional se desarrolle una cultura de «estado de derecho» y se produzcan debates entre los organismos implicados, para aumentar así la sensibilidad respecto del valor de la independencia judicial en las democracias, inquietud que compartimos plenamente», añadieron los jueces.

Además, «tuvimos también la oportunidad de transmitirle nuestro interés en que exista una mayor objetivación en la regulación de los nombramientos discrecionales, así como una normativa mucho más rigurosa con las denominadas puertas giratorias o revolving doors. Y, pusimos en su conocimiento que recientemente FJI y Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) habíamos consensuado una propuesta de elección de vocales judiciales», han confirmado.