Pedro Sánchez desacredita al Supremo más debilitado de la democracia

Han sido suficientes menos de 48 horas para que Pedro Sánchez desacredite al Supremo, hasta en dos ocasiones: la crítica indirecta sobre la sentencia de los ERE, «pagan justos por pecadores»; y, el acuerdo con la Generalitat de Cataluña sobre los colegios poniendo en jaque el cumplimiento de una sentencia que obliga al Gobierno catalán a impartir, como mínimo, el 25 % de las clases de la educación reglada, en español.

Las manifestaciones del presidente del Ejecutivo sobre los condenados del que ya es el mayor caso de corrupción de la historia de nuestra democracia y el mensaje del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, sobre la necesidad de «desjudicializar» la política ha caído como un jarro de agua fría en el seno de una institución debilitada, a sabiendas. No en vano, la parálisis en la renovación del Poder Judicial, que impide al CGPJ cubrir las más de 15 vacantes que ya acumula el Supremo busca, como único fin, forzar al Partido Popular a pactar un intercambio de nombres que ponga en marcha un Consejo en funciones, recortadas, desde hace más de tres años.

No es la primera vez en la que Bolaños se pronuncia sobre la cuestión. Ya lo hizo en su momento, para explicar cómo el Gobierno se planteaba nombrar a dos de los magistrados del Constitucional –los que le corresponden por ley– para cumplir con la renovación del órgano prevista el pasado mes de junio y que, finalmente, y tras una reforma ad hoc pactada con Esquerra y Bildu, se consumará como muy tarde el próximo mes de septiembre. El mismo Constitucional que, con un Pleno de mayoría progresista, tendrá que decidir en el futuro sobre ambas cuestiones: la posible suspensión del ingreso en prisión de Griñán y la más que probable inconstitucionalidad de una ley, catalana, que desoye un mandato expreso del más Alto Tribunal español.

El Supremo, agoniza

La situación interna del Supremo es agónica sin que, por el momento, sea posible cubrir el cada vez más preocupante número de plazas disponibles. Sobre la mesa, la estrategia de un PSOE que busca «pudrir» el funcionamiento del Alto Tribunal, para obligar al PP a negociar la nueva composición del Consejo y –por extensión– habilitar la incorporación de magistrados de perfil progresista al Alto Tribunal. Como único y no menor escollo de salida, el veto soterrado de los populares a Cándido Conde-Pumpido como futuro y eventual presidente del TC.

Así las cosas, las expresas declaraciones del presidente del Gobierno hablando de «que pagan justos» en relación a la condena confirmada por la Sala Segunda para los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, han indignado a un Tribunal que advierte, desde hace meses, de la situación en precario que afecta a la mayoría de sus Salas. Jubilaciones, fallecimientos o excedencias de magistrados han hecho mella en unas cada vez más mermadas filas, en un momento en el que, además, el volumen de causas ha aumentado, notablemente, como consecuencia de la postpandemia.

La parálisis impuesta por Pedro Sánchez al Consejo, como resultado de la reforma exprés de la LOPJ que recortó competencias al órgano prorrogado –y sólo las ha desbloqueado para tomar el control sobre una nueva mayoría progresista en el Constitucional– ha ido obligando a buscar fórmulas provisionales a su presidente, Carlos Lesmes, para evitar el colapso, pero ya ni siquiera éstas resultan suficientes.

Las Salas de lo Social y de lo Contencioso acumulan importantes carencias –hasta siete vacantes en la primera de ellas, si la situación se alarga hasta después del verano– que condicionan la operatividad real del Alto Tribunal. El propio CGPJ se veía obligado a asumir las competencias de la Sala de lo Militar, con carácter extraordinario, tras la retirada de su presidente, Carlos Melón Muñoz, que pasó el pasado octubre a situación de reserva. La Sala Primera de lo Civil suplicaba, apenas un mes después, y de eso hace ya siete, el nombramiento de cinco magistrados ante el riesgo de no poder dar una respuesta adecuada a la «avalancha» de recursos «si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo». Y, la Segunda de lo Penal se sumaba a las anteriores por idénticas causas.

Pacto contra el Alto Tribunal español

Por si fuera poco, el Gobierno renunciaba a conocer la respuesta del Constitucional -afín al socialismo, a partir de septiembre- a la cuestión presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acerca de la constitucionalidad de la ley catalana que silencia al español. La excusa para apoyar e imponer la norma es que ha sido aprobada por el 80% de la cámara catalana, sin tener en cuenta que la misma sea constitucional o no.

Tras más de dos horas de reunión entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern en el Palacio de la Moncloa, el Ejecutivo central se doblegaba ante las leyes catalanas que permiten el uso exclusivo del catalán, incumpliendo una sentencia firme del Supremo sobre esta cuestión.

La afrenta del PSOE al más Alto Tribunal servida, de nuevo, de la mano de la Generalitat, tras dar por bueno un artículo de la nueva Ley catalana que deja en manos de los centros educativos el uso del catalán en las aulas, de manera que sean éstos quienes decidan «reforzar una u otra lengua en función de su contexto social y cultural». Un artículo que el separatismo catalán usa para incumplir la sentencia del TSJC donde se exige que, al menos, el 25% de las clases se den en castellano. De nada ha servido, por el momento, que desde las instancias judiciales hayan exigido, formalmente, su ejecución.