La Generalitat impone comisarios lingüísticos en los centros educativos para evitar que se hable español en el comedor o el recreo

Los 1.131 centros educativos de Cataluña han recibido un decreto llamado «Documentos para la organización y gestión de los centros. Curso '22-'23». El texto, extensísimo, de 86 páginas, contiene una serie de instrucciones detalladas y precisas destinadas a que el catalán sea la única lengua de uso en cualquier ámbito de la escuela, ya sea lectivo o no.

La parte más chocante del decreto indica que los centros deben designar un coordinador lingüístico para velar por el uso institucional del catalán en las escuelas. El objetivo de estos comisarios es el de garantizar el cumplimiento del decreto, que en la práctica elimina la lengua española de los centros catalanes. Es preciso recordar que la Generalitat había impuesto, meses atrás, buzones de denuncia anónimos en las universidades públicas catalanas con el fin de que los alumnos puedan denunciar a los profesores que impartan docencia en lengua españolas. Asimismo, muchos profesores de la UB han denunciado que han recibido correos eléctricos exigiéndoles la obtención del nivel C de catalán si quieren conservar su puesto como docentes.

El decreto, de aplicación el próximo mes de septiembre, es el resultado del despliegue de la ley recientemente aprobada en el Parlamento catalán como vía para incumplir la sentencia del TSJC, que indicaba que la enseñanza debía ser, como mínimo, en un 25 % en lengua española. La nueva ley lingüística de la Generalitat fue aprobada con el voto de los partidos del Gobierno catalán, ERC y Junts y con el apoyo de los Comunes (Podemos en Cataluña) y el PSC.

La nueva norma, que es una forma de incumplimiento de una sentencia judicial, recuerda a los directores de los centros educativos que «la lengua catalana no es solo una lengua objeto de aprendizaje sino la lengua de la institución y, por lo tanto, la de uso habitual de todos los espacios del centro». El texto enviado desde la consejería de educación a los centros educativos pone énfasis en que el catalán ha de ser también la «lengua de relación con todos los estamentos sociales en general». Desde la Generalitat se ha emitido este documento con el fin de que los centros tengan claro que el catalán es lengua de uso docente, pero también de relación entre el personal, en las actividades extraescolares o el comedor.

El documento entra con todo detalle en la regulación de la cuestión lingüística en los centros educativos hasta el extremo que recuerda la necesidad de que todo esté rotulado en catalán. El sustrato ideológico del decreto se pone de manifiesto cuando se justifica por «la necesidad de consolidar un modelo lingüístico de país, potenciando el catalán como lengua vehicular».

Sobre el uso del español en los colegios, el documento indica que si alguna familia lo solicita «deberá dársele una atención personalizada», lo cual en la práctica consiste en estigmatizar y señalar al niño.

Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra este decreto, dado que entiende que atenta contra derechos fundamentales de los alumnos. Este recurso es un contratiempo para el TSJC, dado que hace algo menos de un mes se inhibió ante la nueva legislación aprobada por el Gobierno catalán, con apoyo del PSC y los Comunes, que tiene por objetivo no aplicar la sentencia que indicaba que se debía realizar un mínimo del 25 % de la enseñanza en lengua española. Desde la asociación liderada por Ana Losada se indica que «el fin de la orden del departamento de enseñanza es de claro corte identitario». Desde AEB se apela a la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que señalaba que «las dos lenguas oficiales deben ser vehiculares en la enseñanza».

La mesa de diálogo avala la política lingüística de la Generalitat

La reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ejecutivo autonómico ha avalado la política lingüística de la Generalitat y ha acordado «blindar el catalán». Este apoyo era previsible, dado que el Gobierno había renunciado a pedir la aplicación de la sentencia del TSJC y el PSC ha pactado la nueva legislación con ERC y Junts.