La candidatura de Conde-Pumpido a presidir el Constitucional se fraguó con una visita a la Moncloa

El Tribunal Constitucional se prepara, tras la aprobación de la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) orquestada por el Gobierno, para ser renovado antes del próximo día 13 de septiembre. Con la modificación normativa, el Ejecutivo deshacía parcialmente su propio veto a los nombramientos discrecionales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para instarlo a formalizar –en poco más de un mes y medio, con agosto inhábil– su propuesta de dos magistrados para el Constitucional y cumplir con el refresco del tercio del órgano jurisdiccional, cuyo mandato caducó el pasado junio. Los intentos del máximo órgano de los jueces y del Partido Popular por evitar que se consumase la maniobra, resultaron inútiles.

La única línea roja que, a priori, se fijaron los populares para sentarse de nuevo a negociar fue que el magistrado Cándido Conde-Pumpido no fuese el futuro y eventual presidente del Tribunal de Garantías. Tampoco en esto han tenido éxito: Moncloa piensa en su candidatura. No en vano, Conde-Pumpido visitaba, al menos en una ocasión, antes de las pasadas elecciones andaluzas del 19-J, la residencia de Pedro Sánchez. Sobre la mesa, una inminente reforma normativa orientada a materializar la renovación del órgano judicial en la que, fuentes consultadas por El Debate, atisban el sello del magistrado progresista.

Así las cosas, este viernes entraba en vigor la modificación legal que pone el contador en marcha para dar a conocer los nombres de los que serán los cuatro nuevos magistrados -más uno tras la renuncia de Alfredo Montoya, por enfermedad, que El Debate publicó en primicia- de un Constitucional, cuyo Pleno pivotará a progresista y que tendrá que decidir sobre asuntos de enorme trascendencia política para el Gobierno socialista. Entre ellos, la eventual suspensión del ingreso en prisión de José Antonio Griñán, sentenciado a 6 años de cárcel por malversación y prevaricación continuada en la causa de los ERE, la constitucionalidad de la nueva ley catalana que incumple la sentencia del Supremo a favor del 25 % de las clases en español o las leyes más ideológicas, en materia de educación, dependencia e igualdad.

De ahí, la premura del Ejecutivo por consumar el mecanismo para la renovación del Tribunal de Garantías aún a costa de un Plan que estaba supeditado a romper, definitivamente, en lo que queda de legislatura los mínimos puentes tendidos por el Partido Popular para desencallar la parálisis del Poder Judicial que ahoga, entre otras jurisdicciones, al más Alto Tribunal. Sánchez ha priorizado al Constitucional por encima del CGPJ, tal y como avanzó El Debate, y allana el camino de la Presidencia del que fuera fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero presente, en al menos, un Consejo de Ministros durante aquella etapa.

Con estas credenciales Conde-Pumpido es el perfil perfecto -«¿idóneo?», se preguntan en los círculos jurídicos- para liderar un Tribunal de Garantías en el que la entrada del polémico juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, se da por descontado y en el que la carambola perfecta pasaría por descabezar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) privándole de su presidente, Carlos Lesmes, que podría ser uno de los candidatos de consenso del propio Consejo –para lo que tan solo necesitaría que alguien lo proponga y que doce de sus compañeros, once y él mismo, apoyen su designación– y, con ello, forzar al PP a su renovación, antes del fin de la legislatura.

Una abstención y 2 vacantes en el CGPJ

El CGPJ se reunirá en una convocatoria extraordinaria, instada por el propio Lesmes el próximo día 8 de septiembre, coincidiendo con la apertura del año judicial. La deliberación institucional programada a la vuelta del verano se llevará a término con un Pleno mermado por dos vacantes no cubiertas: la recientemente fallecida Victoria Cinto y la anterior jubilación de Rafael Fernández Valverde, hace tan solo unos meses.

Además, y si como todo apunta, Cándido Conde-Pumpido resultase el candidato del Gobierno a presidir, una vez renovado, el Constitucional, su mujer Clara Martínez de Careaga, vocal en el Consejo, debería abstenerse en la votación de los dos magistrados de la cuota institucional al entrar en conflicto de intereses con la futura y eventual elección de su marido como cabeza visible del Tribunal de Garantías.