El PSOE sacrifica la renovación del CGPJ a cambio de un Constitucional que no anule sus leyes ideológicas

El empeño del PSOE por sacar adelante, junto con ERC, la contrarreforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que tomará el control del Constitucional ha supuesto la renuncia del Gobierno a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante lo que resta de legislatura. El rechazo de los socialistas a la última mano tendida, que no cheque en blanco del Partido Popular, horas antes del comienzo del debate del estado de la nación, para negociar los términos de un nuevo Consejo ha frustrado cualquier posibilidad de cambio inmediato de los vocales del órgano constitucional.

Según ha podido saber El Debate, desde las filas de la izquierda han preferido «asegurar el cambio» a una mayoría progresista en el Tribunal de Garantías antes que abrirse a pactar los nombres de un CGPJ menos politizado y afín al PP, ante la perspectiva de un futuro y eventual gobierno de la derecha. No en vano, en el Ejecutivo han optado por granjearse el favor del Constitucional, conscientes de cómo el TC «tendrá que decidir», en los próximos meses, sobre algunas de las causas de mayor trascendencia política. Entre ellas, las resoluciones unilaterales de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y las polémicas y recientes leyes ideológicas como la Ley Celaá, la Ley de Memoria Democrática –que será aprobada con el apoyo de EH Bildu– la Ley de Eutanasia o la del Aborto, aplazada durante los últimos doce años.

Así las cosas, el propio Pedro Sánchez se encargaba de pedir tanto a los populares como a Ciudadanos y Vox que retirasen los recursos de inconstitucionalidad presentados contra toda una batería de normas que, según el presidente, nacieron con la voluntad de avanzar en «las conquistas sociales y civiles». «Son conquistas sociales que están recurridas en el Constitucional por quienes siempre han votado en contra de estos avances. ¿Por qué no los retiran? ¿Por qué bloquean el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial? ¿A qué intereses obedecen? Desde luego no a la mayoría social de España, que aplaude estos avances», se preguntaba Sánchez desde la tribuna de oradores del hemiciclo.

Sin embargo, Sánchez era consciente de que su afirmación sobre cómo los vocales del CGPJ son elegidos por la «mayoría social» según la distribución de escaños en el arco parlamentario, no se corresponde con el sistema de elección vigente que tantas veces nos ha reprochado Europa. Desde 1985 y hasta la fecha, los miembros del Pleno del órgano de representación de los jueces han sido designados previo acuerdo entre PSOE y PP, en alternancia. Ni siquiera los diputados y senadores de otras formaciones han sido formalmente convocados –a excepción de Izquierda Unida y PNV de manera puntual– ni han tenido un papel relevante, de facto, en la cuestión.

Vetos cruzados

La era Feijóo en el PP comenzó suavizando las relaciones con el Gobierno entorno a una de los temas más enquistados durante la Presidencia de su antecesor Pablo Casado: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se encontraba bloqueado por varias líneas rojas inasumibles para los intereses de los socialistas. Tras su llegada a Génova, Feijóo designaba al eurodiputado y vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons como interlocutor autorizado de la formación, con el Gobierno, en dicha negociación. Los populares partían desde cero y sin posturas de máximos con una única excepción -tras reunirse con todas y cada una de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados- que era el veto al magistrado Cándido Conde-Pumpido como presidente del Tribunal de Garantías.

Tan sólo un mes después, la decisión unilateral del Gobierno de renovar el Constitucional, caducado desde el pasado día 12 del mes de junio, previo desbloqueo de los nombramientos del Consejo –retocando la ley que los propios socialistas, por la vía exprés y de la mano de Podemos habían modificado en marzo– pero sólo para designar a los dos magistrados de su competencia, ponía fin a la mano tendida del Partido Popular. Para los populares la prioridad era «mejorar el sistema actual de elección del órgano judicial» y garantizar la elección de los perfiles de jueces «más adecuados, independientes y respetados en la carrera».

La falta de acuerdo entre PP y PSOE ponía sobre la mesa una primera amenaza con la que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, especulaba sobre cómo el Gobierno pensaba nombrar por su cuenta a sus dos magistrados del Constitucional -de los cuatro que la ley obliga a reemplazar- para cumplir con la renovación del órgano establecida, aunque el bloqueo impuesto por el propio Gobierno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) finalmente impedía cualquier movimiento. La estrategia del PSOE se orientó, entonces, a «pudrir» el funcionamiento del Supremo para obligar al PP a negociar la nueva composición del Consejo, tras las elecciones andaluzas y –por extensión– habilitar la incorporación de nuevos magistrados al Tribunal de Garantías.

También Bolaños era el encargado de reunirse, este lunes, con González Pons para comunicarle su negativa a retirar, como paso previo a las conversaciones sobre el Poder Judicial, la proposición de ley que permitirá a Sánchez hacerse con el control del Constitucional sin dar más explicaciones que lo pactado en la nueva norma con los separatistas catalanes de Esquerra.

Jueces y magistrados se rebelan

Ante este escenario que detiene la toma de cualquier decisión independiente y de calado sobre el Poder Judicial en España, los jueces y magistrados decían basta. El Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunido este mismo lunes, se rebeleba contra Sánchez y su última maniobra orientada a retocar su propia modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo la facultad de hacer nombramientos. Eso sí, sólo los enfocados a desbloquear la renovación del Constitucional que permitirá a los socialistas hacerse con el control de la mayoría progresista del mismo y, por lo tanto, contar con una escenario más favorable a sus intereses en las sentencias que tendrán que pronunciarse sobre leyes de corte ideológico.

El Pleno avalaba por mayoría de diez votos -con siete en contra y dos abstenciones- la propuesta realizada por un grupo de nueve vocales que, hace una semana, instaron a su presidente Carlos Lesmes, para reclamar al Congreso de los Diputados que les solicite su opinión sobre la proposición normativa con la que el PSOE aspira a instalar una legislatura progresista en el Tribunal de Garantías, durante los próximos cinco años. Y a recabar de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), al mismo tiempo, un dictamen en el mismo sentido. Esto es, informar a la UE de los planes del Gobierno para hacerse, cada vez de forma más evidente, con el control del Poder Judicial en nuestro país.