Sánchez se atrinchera en el control del Poder Judicial pese a los esfuerzos del CGPJ y PP por impedirlo

El último intento del Partido Popular por pactar con el Gobierno un nuevo Poder Judicial ha resultado un completo fracaso. La reunión in extremis mantenida durante cerca de una hora entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de relaciones institucionales del PP, Esteban González Pons, para tratar de avanzar en una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –con la que los populares aspiraban a frenar la polémica reforma con la que Pedro Sánchez busca el control de un Constitucional (TC) progresista– concluía sin acuerdo. El Ejecutivo se ha atrincherado en su plan para que el Congreso apruebe, durante el debate del estado de la nación que comienza hoy, la proposición de ley que de nuevo modifica las competencias del Consejo prorrogado para que pueda nombrar a los dos magistrados del Tribunal de Garantías que le corresponden mientras mantiene el veto a las designaciones de los magistrados del Supremo, donde el volumen de las vacantes está provocando, desde hace meses, gravísimas carencias de funcionamiento.

En La Moncloa no han querido ni valorar la exigencia del PP sobre la retirada del proyecto normativo socialista –pactado con ERC– a cambio de designar, según el mecanismo vigente, un nuevo órgano de gobierno para los jueces y trabajar, conjuntamente, en una mejora sustancial de la independencia judicial para nuestro país, de acuerdo a los estándares europeos. De manera que los esfuerzos de los populares por desenquistar las negociaciones y, con ello, frustrar el intento del Gobierno por controlar la renovación del Tribunal Constitucional no han surtido el efecto deseado.

Y ello, pese a que apenas unas horas antes de la gran cita de esta semana en el Congreso, el PP de Alberto Núñez Feijoo subía su apuesta y se mostraba dispuesto a desatascar la situación, eso sí, previa renuncia de los socialistas para retirar del Congreso su enésimo retoque, a conveniencia, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPD). Bolaños, interlocutor del Ejecutivo en esta cuestión, descartaba la línea roja de los populares e insistía en la hoja de ruta, acordada con los separatistas catalanes de Esquerra, para que la proposición legislativa se tomada en consideración este mismo miércoles y aprobada un día después.

Pedro Sánchez se ha negado a retirar la reforma parcial del CGPJ por desconfianza hacia el 'pacto por la Justicia' de Alberto Núñez Feijoo

Tampoco ha servido de nada el segundo intento de González Pons por evitar la aprobación exprés de la reforma socialista del CGPJ: que sin retirar la proposición de ley, se abriese un plazo de enmiendas a la misma y, por tanto, retrasar la votación prevista el jueves 14 y su consiguiente entrada en vigor.

El Consejo exige ser escuchado

Por su parte, el propio órgano de Gobierno de los jueces se rebelaba contra la iniciativa de Pedro Sánchez y reunido en Pleno extraordinario –por diez votos a favor, siete en contra y dos abstenciones– aprobaba mayoritariamente instar al Congreso para que, antes de aprobar la reforma que entregará a los socialistas el control del Constitucional durante los próximos cinco años, recabe un informe jurídico del propio CGPJ como parte afectada por la misma. Simultáneamente, además, acordaba pedir un dictamen adicional a la Comisión Europea sobre el mismo caso.

El Consejo emitía un comunicado oficial, adelantado por El Debate, anticipándose a la votación prevista en el Congreso para esta última y polémica reforma socialista, una vez conocía que el Gobierno solicitó a la Cámara Baja abordar el cambio jurídico en el marco del debate sobre el estado de la nación, que se celebra esta misma semana durante los días 12, 13 y 14 de julio.

Dicha proposición de ley para reformar una reforma previa del propio Gobierno –aprobada de manera exprés entre socialistas y Podemos, el pasado 9 de marzo– «a fin de posibilitar que este Órgano Constitucional pueda proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional sin, al mismo tiempo, recuperar el resto de las competencias relativas al nombramiento de cargos judiciales que fueron limitadas por esa misma ley y, entre ellas, las de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo» es, a juicio de la mayoría de los miembros del CGPJ «contradictora e incoherente» con la posición mantenida por el Ejecutivo hasta la fecha.