El CGPJ se rebela contra Sánchez: aprobada la propuesta para frenar la toma del Constitucional

El Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dicho basta a Pedro Sánchez. La última maniobra del Gobierno orientada a retocar su propia modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para devolver al Consejo la facultad de hacer nombramientos pero sólo para desbloquear la renovación del Constitucional, y hacerse con el control de la mayoría progresista del mismo, es la gota que ha colmado el vaso. El Pleno extraordinario convocado este lunes ha avalado por mayoría de diez votos la propuesta realizada por un grupo de nueve vocales que, la semana pasada, instaron a su presidente Carlos Lesmes, para reclamar al Congreso de los Diputados que les solicite su opinión sobre la maniobra normativa con la que el PSOE aspira a instalar una legislatura progresista en el Tribunal de Garantías, durante los próximos cinco años.

El Consejo ha logrado, así, que se emita un comunicado oficial con su posición antes de que el Congreso vote esta última y polémica reforma socialista, una vez se ha conocido que el Gobierno solicitó a la Cámara Baja abordar el cambio jurídico en el marco del debate sobre el estado de la nación, que se celebra esta misma semana durante los días 12, 13 y 14 de julio.

Dicha proposición de ley para reformar una reforma previa del propio gobierno -aprobada de manera exprés entre socialistas y Podemos, el pasado 9 de marzo- «a fin de posibilitar que este Órgano Constitucional pueda proponer el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Constitucional sin, al mismo tiempo, recuperar el resto de las competencias relativas al nombramiento de cargos judiciales que fueron limitadas por esa misma ley y, entre ellas, las de nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo» es, a juicio de la mayoría de los miembros del CGPJ «contradictora e incoherente» con la posición mantenida por el gobierno hasta la fecha.

No en vano, «tan Órgano Constitucional es el Tribunal de Garantías como lo son los Juzgados y Tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial (art. 117.1. CE) cuyo superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Supremo, de acuerdo con el art. 123.1 de la CE. Norma ésta que a su vez también confiere rango constitucional a la Jurisdicción Militar conforme a su art. 117.5», asegura la resolución aprobada por el Consejo.

Así las cosas, «el grave perjuicio que se está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia ha sido puesto de manifiesto con reiteración por este Órgano Constitucional, particularmente en relación con el Tribunal Supremo, cuya Sala de Gobierno adoptó un Acuerdo el pasado día 27 de junio de 2022 en el que se denuncia su situación actual». Y, por ello, y según «la interpretación que se ha venido haciendo del art. 561.1 LOPJ», en relación con las materias que allí se indican, el Ejecutivo «tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del Pleno de este CGPJ, mientras que para las proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe no es obligatoria, sino sólo posible -art. 561.1.9º LOPJ», han advertido desde el órgano.

«Ello no obstante, el principio de «interpretación conforme» con el Derecho de la Unión Europea que resulta de la jurisprudencia del TJUE impone que, cuando la proposición de Ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ», ha concluído el Pleno.

Por ello, y «en atención a las anteriores circunstancias, el Pleno del CGPJ ha acordado» solicitar formalmente «al Congreso de los Diputados que recabe el informe del Consejo General del Poder Judicial en relación con la proposición de Ley Orgánica presentada por el grupo parlamentario Socialista para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el aspecto relativo a las atribuciones de este Consejo en el sentido de devolverle también y con plenitud las atribuciones para los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales de carácter discrecional».

Y, también, pedir a la Cámara Baja que, «en relación con la misma iniciativa legislativa, recabe el informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia)». Esto es, informar a Europa de las maniobras del Gobierno para hacerse, cada vez de forma más evidente, con el control del Poder Judicial en nuestro país.

El Consejo, escuchado

El escrito enviado por nueve vocales del actual Consejo -José Antonio Ballestero, Nuria Díaz y Wenceslao Olea, Juan Martínez Moya, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Franciso Martínez, María Ángeles Carmona y Carmen LLombart- al presidente del órgano, Carlos Lesmes, pedía, entre otras cuestiones, «dirigirnos a la Comisión Europea para informar sobre la referida proposición de Ley».

De acuerdo con el Derecho de la Unión Europea «cuando la proposición de Ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del poder judicial o que afecten al estatuto o las funciones de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ» al que, hasta la fecha, Sánchez ha mantenido al margen de sus planes.