Las multas que debería pagar Teresa Ribera por tener las luces de su ministerio encendidas

tal y como ha revelado El Debate, el día que entró en vigor el decreto de ahorro energético impuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez, el ministerio de Transición Ecológica –que encabeza Teresa Ribera– tenía su alumbrado encendido pasadas las 11:30 de la mañana, cuando era ya completamente de día. El Real Decreto simplemente menciona que deben estar apagados desde las 22:00 tanto los escaparates de «los edificios y locales con acceso desde la calle» como el «alumbrado de edificios públicos». Sin embargo, no se indica cuándo se pueden volver a encender las luces.

Además, la nueva ley no especifica cuál es el régimen sancionador aplicable. Simplemente remite al Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, cuyas multas vienen recogidas en la Ley de Industria, cuya razón de ser tiene muy poco que ver con las medidas que pretende aplicar el Gobierno. Esta norma recoge una serie de infracciones que pueden ser leves –con multas de hasta 60.000 euros– hasta muy graves, cuya cuantía asciende hasta la friolera de 100 millones de euros.

Las posibles multas

No obstante, las infracciones que recoge la Ley de Industria son difícilmente aplicables si se infringen las medidas del Ejecutivo de Sánchez. De esta manera, que el ministerio de Transición Ecológica mantenga su alumbrado encendido podría acarrear una sanción leve, de hasta 60.000 euros, si se entiende que incumple «la normativa industrial» y ha producido «un riesgo para para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente». Pero igualmente podría estar cometiendo una infracción grave, castigada con hasta 6 millones de euros, al quebrantar «las prescripciones dictadas por la autoridad competente en cuestiones de seguridad relacionadas con esta ley y con las normas que la desarrollan».

Incluso se podría entender que Teresa Ribera se enfrenta a una multa de hasta 100 millones de euros –y por ende a una infracción muy grave– si hubiera cometido un «incumplimiento doloso de los requisitos obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa industrial» al haber ocasionado un riesgo grave o daño para «las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente».