Robles se libra de explicar por qué el CNI ha suspendido la vigilancia al independentismo, como desveló El Debate

El Gobierno ha impedido, con ayuda de sus socios, que la ministra de Defensa comparezca en una sesión extraordinaria de la Comisión de control de gastos reservados (o de secretos oficiales) para explicar una exclusiva que El Debate destapó a finales de junio: la orden dada por la nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro, a sus agentes para suspender todas las escuchas y la vigilancia a los líderes independentistas. No solo catalanes, sino también vascos.

Durante la Diputación Permanente del Congreso celebrada este miércoles, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro defendió la necesidad de que Margarita Robles dé explicaciones «de manera inmediata» por hechos de tanta «gravedad».

«¿Qué está ocurriendo en el seno del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Es verdad que el Gobierno ha dado orden de suspender la vigilancia a sectores del separatismo vasco y catalán que mantienen su pretensión de llevar a la práctica en el futuro la ruptura unilateral de nuestra integridad territorial? ¿Es cierto que se ha ordenado la retirada de efectivos del CNI del País Vasco y Cataluña?», preguntó.

Bermúdez de Castro también aludió a que la información publicada por este periódico citaba fuentes de la Inteligencia española y, por tanto, de dentro. Y recordó que el Gobierno destituyó a la anterior directora del CNI, Paz Esteban, por las «presiones» del separatismo, «cuando lo único que había hecho era actuar dentro de la legalidad, con autorización judicial, con conocimiento del Gobierno y por causas más que justificadas», enumeró.

El Debate reveló el pasado 24 de junio que la auténtica razón por la que ERC había accedido a pasar página después del caso Pegasus es porque Pere Aragonès había recibido garantías de Pedro Sánchez de que no habría más teléfonos pinchados. Ello dos meses después de que trascendiera que el CNI había espiado a 17 líderes independentistas con orden judicial del Tribunal Supremo. Y las garantías fueron, precisamente, desenchufar.

Este diario también desveló entonces que la destituida Paz Esteban había decidido prejubilarse a los 64 años después de ver cómo el presidente del Gobierno entregaba su cabeza. Y a pesar de que la ministra Robles había asegurado previamente que seguiría trabajando en la casa, en la que llevaba 40 años.

Durante su intervención, la diputada del PSOE Isaura Leal sostuvo que esta petición de comparecencia de la ministra Robles «ni es justificable ni es admisible». Leal afeó al PP que dé «plena veracidad» a unas informaciones periodísticas que aluden a cuestiones que tienen «carácter clasificado» y que, por tanto, la ministra no puede hablar de ellas «de forma pública». «Agitación que utiliza de manera obscena y sin pudor el dolor de las víctimas o incluso la propia seguridad del Estado», zanjó.

No sería de forma pública, puesto que la Comisión de Secretos Oficiales se celebra a puerta cerrada, solo forman parte de ella los portavoces parlamentarios (incluidos los de Bildu, la CUP, ERC y Junts per Catalunya gracias a Sánchez) y, además, están obligados a guardar secreto sobre lo que en ella se hable.

En cualquier caso, la portavoz del PSOE garantizó que la directora del CNI comparecerá ante dicha Comisión «en su momento». No es una concesión, sino que la ley la ley obliga al Gobierno a informar cada seis meses al Congreso del uso de los fondos reservados.