Ley de Secretos Oficiales  Malestar en el CNI por la pretensión de Bolaños de forzar el traslado de agentes a Presidencia

La nueva Ley de Secretos Oficiales, el proyecto estrella del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, está causando una enorme molestia dentro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La norma, que aún se encuentra en una fase embrionaria, pretende desplazar al Palacio de La Moncloa a los agentes del CNI que custodian la información clasificada. Este hecho preocupa entre los espías, ya que el traslado les obligaría a perder su condición de agentes.

El origen de la inquietud radica en la Oficina Nacional de Seguridad (ONS). Se trata de un organismo integrado en el CNI conformado por 100 agentes de inteligencia. Su misión es velar y custodiar la información clasificada. También el estudio y la tramitación de la concesión de las habilitaciones de seguridad a las empresas estratégicas (armamentísticas, farmacéuticas, del ámbito de la ciberseguridad…). Este tipo de compañías y necesitan un permiso específico para poder comercializar sus productos que solo puede ser otorgado por esta oficina.

El anteproyecto ideado por el ministerio de la Presidencia tiene previsto hacer que Bolaños sea la nueva Autoridad Nacional de Seguridad. Es decir, el responsable directo de la ONS. En la actualidad, esta responsabilidad está en manos de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro. De hecho, en estos momentos, hasta la jefa de los espías, considerada una auténtica eminencia entre los servicios de inteligencia europeos, se encuentra a la espera de saber qué ocurrirá finalmente.

El motivo por el que Bolaños quiere llevar a cabo estas modificaciones es doble. En primer lugar para poder tener un control absoluto de la información clasificada. Por otro lado, para poder disponer de los que, en estos momentos, son los mayores especialistas en custodiar los secretos de Estado: los agentes del Centro destinados en la ONS. Actualmente, el Palacio de La Moncloa no cuenta con personal capacitado para llevar a cabo esta función.

Derechos de los agentes

De esta manera, si la norma entra en vigor manteniendo las pretensiones iniciales de Bolaños, la centena de agentes de inteligencia integrados en este organismo perderán su condición de personal estatutario permanente (el equivalente a contrato indefinido dentro del CNI) y pasarían a ser funcionarios de Presidencia. Sin embargo, nadie puede obligar a un agente del Centro a renunciar a los derechos que adquieren en el momento en el que comienza a trabajar en los servicios de inteligencia.

El estatuto de personal del CNI, al que ha tenido acceso El Debate, describe detalladamente los 14 casos que se tienen que dar para que un agente del Centro pierda su trabajo. Entre ellos se encuentran: la acumulación de sanciones disciplinarias, la no superación de exámenes de idoneidad, la inhabilitación firme para cargo público o la pérdida de la nacionalidad española... Esta normativa no contempla en ninguno de sus puntos que un ministro pueda obligar a un agente o grupo de agentes a renunciar a su estatus por una decisión política.

El enfado de los agentes del servicio de inteligencia español viene precedido de varias razones. Primeramente por lo difícil que es acceder al CNI. Los espías españoles son profesionales de la inteligencia que han pasado por duros procesos de selección para poder formar parte de la primera línea de la seguridad nacional. «Ingresamos con vocación de servicio para trabajar para el Estado a las órdenes del Gobierno. Dejamos a un lado la ideología política de cada uno para trabajar por la seguridad de España y los españoles», explica a este periódico un ex agente de inteligencia.

Otro de los motivos es el temor a volver a ser puestos en el punto de mira por un asunto político, como ocurrió en mayo de 2022 con el caso Pegasus. Una crisis que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, zanjó con la destitución de Paz Esteban al frente del CNI para calmar las tensiones que el Ejecutivo mantenía en aquel momento con sus socios separatistas. «El cese de Esteban provocó un sentimiento interno de impotencia brutal», detalla la misma fuente. «La cesaron por cumplir con su obligación», insiste.

No obstante, el borrador de Bolaños también contempla elementos que sí son bien vistos dentro del Centro. Uno de ellos es el endurecimiento de las penas a los funcionarios que sustraigan información clasificada. Dentro de los muros de Argentona, la sede central del CNI en Madrid, aún recuerdan la traición de Roberto Flórez, un agente del CNI condenado en 2010 por un delito de traición a doce años de prisión. Después de una ardua investigación, se descubrió que Flórez ofreció documentos secretos a Rusia a cambio de 200.000 dólares.

Las infracciones

El régimen sancionador de la nueva Ley de Secretos Oficiales determina infracciones muy graves que son castigadas con multas que van desde los 1.000.001 a 3.000.000 de euros (la difusión de secretos a los que se haya tenido acceso). Las infracciones graves (como la difusión de documentos confidenciales) son castigados con sanciones que van desde los 50.001 a 1.000.000 euros; y, por último, las infracciones leves, que consisten en difundir archivos restringidos. Esta última pena recibe una multa que puede llegar hasta los 50.000 euros.

Actualmente, este anteproyecto está siendo estudiado por los organismos consultivos antes de que el Ejecutivo lo analice por segunda vez y lo remita a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Por este motivo, está sujeto a modificaciones. El presidente del Gobierno ha asegurado que se abre a cambios antes incluso de que la norma llegue al Congreso, consciente del rechazo que ha generado algunos partidos políticos.