Las claves del bloqueo del CGPJ a los nombramientos: el Supremo, al borde de la parálisis

El hastío y la incertidumbre serán las cartas de presentación con las que el Poder Judicial comparezca, hoy, en la solemne apertura del Año Judicial que, presidida por el Rey Don Felipe VI tendrá lugar en la sede del Supremo. No será fácil el papel del presidente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes –en el que será ya su octavo discurso– una vez se ha conocido que, al menos, la primera votación del Pleno del órgano de los jueces fracasará en su intento por nombrar a los dos candidatos que les corresponde designar por mandato legal. La posición de ocho vocales conservadores del Consejo que, en aras al «compromiso institucional», han dicho basta al intento y los plazos del Gobierno por hacerse con el control del Constitucional, condicionará el arranque de la actividad de la magistratura tras el obligado parón vacacional.

Los dos magistrados elegidos por Lesmes para su deliberación en la cita de este mismo jueves en el CGPJ –Antonio Sempere y José Manuel Bandrés– que El Debate avanzó en exclusiva, se han convertido, de facto, en el principal escollo para que el bloque conservador del órgano asuma sus designaciones. Y no por «la valía incuestionable» de ambos, fuera de toda duda unánime en las más altas instancias judiciales, sino porque en el caso de resultar formalmente avalados para renovar el Constitucional, dejarían gravemente paralizado el ya maltrecho funcionamiento del Supremo, desde que el Ejecutivo socialista decidiese, vía exprés, bloquear la función de nombramientos que el Consejo tiene legalmente encomendada.

Sin ir más lejos, el juez José Manuel Bandrés, «grandísimo magistrado y catedrático» a juicio de sus propios compañeros de carrera, forma parte de la Sección de Admisión de la Sala Tercera del Alto Tribunal –una de las más castigadas por las vacantes– competente, entre otras cuestiones, para revisar la idoneidad de los indultos de los políticos catalanes condenados en firme por el procés secesionista de Cataluña.

No en vano y, pese a los ingentes esfuerzos del presidente de la misma, el magistrado César Tolosa, todavía no se han materializado los compromisos del Ministerio de Justicia, con Pilar LLop al frente, para adoptar medidas de urgencia que alivien las carencias de su Sala. Sobre la mesa, la estrategia de un PSOE que buscaba «pudrir» el funcionamiento del Alto Tribunal, para obligar al Partido Popular a negociar la mismísima composición del CGPJ. Una pretensión que, si en algún momento resulto mínimamente viable, se ha ido enquistando en los últimos meses en las posiciones cada vez más opuestas de Gobierno y oposición.

El reciente fracaso de la 'Operación Lesmes' con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trataba de descabezar al Consejo nombrando entre sus dos candidatos al Constitucional al mismísimo presidente del órgano, y así obligar al PP a un pacto de renovación inmediato del CGPJ, ha sido la última entrega en el lamentable espectáculo del que las fuerzas políticas han hecho protagonista al Poder Judicial en España.

Una «minoría» que no cede a «presiones»

La decisión, tras una intensa reunión de más de dos horas, de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de votar en blanco los dos candidatos que su presidente Carlos Lesmes presentará en el Pleno extraordinario de este mismo jueves 8, ha dejado «colapsado» en la práctica al Constitucional.

Una «minoría», critican fuentes próximas al Gobierno, con el poder suficiente para desactivar el intento del Ejecutivo por hacerse con el control del Tribunal de Garantías -vencido un tercio de sus miembros en su mandato, el pasado mes de junio- y, evitar, que se anulen las leyes más ideológicas aprobadas en los últimos meses.

Los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunían anoche para fijar la que será su postura conjunta en el marco del Pleno extraordinario del jueves, convocado por Lesmes para cumplir con la reforma del Gobierno que les conmina a designar a dos magistrados para el Constitucional, antes del próximo 13 de este mismo mes. Se trata de los mismos miembros del máximo órgano de los jueces que, antes del verano, acordaron informar a Europa de las maniobras de Sánchez para interferir en la Justicia de nuestro país y asegurarse de que, a diferencia de lo ocurrido con los dos estados de alarma declarados inconstitucionales, no prosperen los recursos planteados por PP y Vox en las causas de mayor trascendencia política.

Los conservadores acordaron que defenderán la «institucionalidad», pero que en todo caso desde La Moncloa deben respetar sus propios tiempos para deliberar sin «presiones» externas ni ultimátum. En la práctica, este nuevo escenario supondrá que el jueves quedarán de un lado los nombres propios para establecer, «como primer paso, las reglas de juego» sobre las que debe llegarse a «acuerdos debidamente consensuados». Sólo así «se generará el marco adecuado y fundamental» para que el CGPJ pueda cumplir con su mandato.