Estrasburgo avanza contra el bloqueo en la renovación del CGPJ ante la inacción de Congreso y Senado

Al Gobierno se le agota el plazo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) espera la respuesta del Ejecutivo español, a través de la Abogacía del Estado, sobre el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de resolver la denuncia presentada por seis magistrados de la Asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que, como candidatos a vocal del Consejo, entienden que la parálisis está violando sus legítimas aspiraciones. En concreto, el próximo día 15 vence el plazo concedido por Estrasburgo, tras admitir la demanda el pasado mes de mayo, para escuchar la posición española sobre la inacción del Congreso y el Senado que –en ausencia de voluntad política de renovación «por intereses meramente» partidistas– tienen el mandato constitucional de impulsar la actualización del máximo órgano de los jueces.

En un escrito emitido el 16 de mayo, al que ahora ha tenido acceso El Debate, la Sección Tercera de la Corte Europea requirió al Gobierno español para que se pronunciase sobre el fondo del asunto: si el bloqueo institucional ha vulnerado los derechos fundamentales de los jueces españoles, especialmente protegidos por los artículos 6 y 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, en su acceso a los cargos públicos. La contestación está pendiente pese a que ya entonces, la notificación formal de la Justicia europea reconoció el especial «interés» del asunto.

El Gobierno español, mientras tanto, estira los tiempos para contestar a dos preguntas muy concretas. En primer lugar: «¿Es el artículo 6.1 de la Convención en su dimensión civil aplicable a los procedimientos de este caso concreto. En caso afirmativo, fue la decisión del Tribunal Constitucional declarando inadmisible la solicitud de amparo de los magistrados, ajustada a la norma?», en particular, ¿con el derecho de los jueces como candidatos al CGPJ?

Y es que, el mismo Constitucional que está llamado a renovarse por el Consejo en funciones, desbloqueadas por el Ejecutivo sólo para sus dos nombramientos concretos, rechazó un recurso planteado por los mismos magistrados que pleitean en Europa sobre esta cuestión, tras alegar que su petición «extemporánea» se había presentado fuera de plazo. Una respuesta que, a juicio de los seis denunciantes, no sólo contraviene «la propia doctrina» del Tribunal de Garantías español en estos casos de «silencio administrativo», sino que «ataca sus derechos humanos al negarles el acceso» a un procedimiento judicial efectivo.

Además, el TEDH preguntó si el artículo 8 de la Convención Europea –que protege «la vida privada» de sus ciudadanos– «es aplicable a la situación en la que» los magistrados denunciantes de la asociación judicial Francisco de Vitoria se han visto perjudicados como «candidatos a ser elegidos miembros» del CGPJ «que no ha sido renovado desde 2018».

Aunque el plazo concedido al Gobierno español vence este próximo jueves 15 de septiembre, fuentes próximas a la causa temen que la Abogacía solicite una prórroga al TEDH en su requerimiento, prolongando «todavía más» la «insostenible» situación institucional a la que se ha llevado al Poder Judicial en nuestro país. Una situación en la que «altas autoridades del Estado», como mínimo los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, «están violando los derechos fundamentales» de los jueces españoles y «perjudicando sus legítimos intereses» por «omisión» en el cumplimiento de sus obligaciones, recuerdan desde la asociación AJFV a la que pertenecen los seis magistrados denunciantes.

La dimensión política del CGPJ

Así las cosas, la semana pasada, un documento de once páginas volvía a dinamitar cualquier puente de diálogo entre el Gobierno español y la oposición, para el desbloqueo del Poder Judicial, tras el ultimátum del presidente del Consejo General (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. El desprecio del Ejecutivo a la propuesta del PP para resolver la parálisis institucional y «mejorar la independencia» de la Justicia española, provocaba un movimiento de los populares que informaron por carta a la vicepresidenta de valores y transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, y al comisario de Justicia de los países miembros, Didier Reynders, de la misiva enviada por Esteban González Pons, al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en dicha dirección.

Fuentes del PP confirmaban que a ambos dirigentes comunitarios se les ha manifestado «nuestra vocación de avanzar en la despolitización del sistema judicial», según los «parámetros fijados» desde la propia Comisión. Al tiempo que los populares criticaban la sonora ausencia de la ministra de Justicia, Pilar LLop, en la reunión del Parlamento Europeo donde, el pasado jueves, se analizaba la aplicación del Estado de Derecho en España.

La «actitud insólita e inaceptable» de Llop, al declinar asistir a la última sesión del Grupo de Vigilancia del Parlamento Europeo responsable de evaluar las posibles amenazas contra la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales en los 27 países de la UE, en la que se ha tratado, expresamente, la situación de la Justicia española, indignaba todavía más a los de Alberto Núñez Feijóo.