Vocales conservadores y progresistas del CGPJ se reúnen «sin nombres» para negociar la renovación del Constitucional

Una reunión «sin orden del día» ni nombres sobre la mesa. Varios vocales de los sectores conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúnen este viernes para abordar los nombramientos de los dos candidatos del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Poder Judicial. Cuatro de los actuales miembros del Pleno actuarán como interlocutores de ambas sensibilidades, por videoconferencia, «para profundizar en las bases» de una obligación cuya fecha límite venció, sin éxito, el pasado día 13 de septiembre tras un encuentro extraordinario en el que el presidente del órgano, Carlos Lesmes, trató de lograr un consenso que, por el momento, está lejos de producirse. «Primero el método, la importancia de las reglas», aseguraron los vocales conservadores. Y, así fue, como resultado de aquella cita frustrada se fijaron las bases de las futuras conversaciones que hoy arrancan con la intención de poner fin a una crisis institucional sin precedentes.

Así las cosas, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador, y Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach, por el sector progresista, se han dado cita telemática a partir de las 9 de la mañana en una «reunión abierta», en la que se irá definiendo el contenido «sobre la marcad» y cuyo objetivo de fondo es, sin duda, fijar las líneas rojas para las propuestas de cada uno de ellos a sus posibles aspirantes a la renovación del Constitucional, caducado en un tercio desde el pasado mes de junio.

No en vano, en una primera ocasión, el pasado 8 de septiembre, el Pleno determinó el mecanismo por el que, de acuerdo a la obligación legal impuesta por el Gobierno para la renovación urgente del Constitucional –previo desbloqueo parcial del veto impuesto al Consejo, en marzo, para los nombramientos–. Y no se volverá a reunir hasta que sobre la mesa haya dos candidatos preseleccionados, sin perjuicio de que una vez comunicados, y antes de la preceptiva votación, puedan postularse otros adicionales.

Lejos quedan ya los dos elegidos por el propio Carlos Lesmes para la primera ocasión, que El Debate avanzó en exclusiva, y que no llegaron a debatirse tras el bloqueo de los conservadores, molestos con la «urgencia» de Pedro Sánchez por hacerse con el control de un Constitucional que tendrá que resolver, previo vuelco de su actual mayoría a progresista, las causas de mayor trascendencia política del Gobierno.

Finalmente, los conservadores accedieron la semana pasada a llegar a «acuerdos debidamente consensuados» para abordar la renovación de la Corte de Garantías, con absoluto «respeto al cumplimiento de la ley vigente» pero, también, a los procesos y «los tiempos de decisión del Consejo». La aprobación de los dos nombres con los que el CGPJ dará luz verde a la renovación de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato venció antes del verano, debe sumar una mayoría reforzada de tres quintos del Pleno del órgano. Es decir doce votos de los dieciocho vocales que actualmente lo conforman –tras la jubilación de Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de Victoria Cinto–, por lo que a los ocho miembros con los que cuenta el sector progresista habrán de sumarse, al menos, los de cuatro conservadores.

La clave del bloqueo institucional

La decisión de ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de votar en blanco los dos candidatos que su presidente Carlos Lesmes presentaría en el Pleno extraordinario celebrado el pasado jueves 8 de septiembre, añadió un nuevo escollo en la ya maltrecha Judicatura española que asiste, indignada, a las injerencias de la política en el Poder Judicial. La realidad es que los conservadores pusieron pie en pared para desactivar el intento del Ejecutivo por hacerse con una mayoría afín en el Constitucional que revise, con buenos ojos, las leyes más ideológicas aprobadas en los últimos meses en nuestro país.

Los vocales conservadores del Consejo han fijado su postura conjunta para cumplir con la reforma exprés del Gobierno que les exhorta a designar a dos magistrados para el Constitucional. Y, se trata de los mismos miembros del máximo órgano de los jueces que, antes del verano, acordaron informar a Europa de las maniobras de Sánchez para interferir en la Justicia de nuestro país y asegurarse de que, a diferencia de lo ocurrido con los dos estados de alarma declarados inconstitucionales, no prosperen el más de medio centenar de recursos planteados por PP, Ciudadanos y Vox ante la Corte de Garantías.

Los conservadores acordaron entonces que defenderán la «institucionalidad», pero quieren deliberar sin «presiones» externas ni ultimátum. En la práctica, la exigencia se ha traducido en «generar el marco adecuado y fundamental» para que el CGPJ pueda cumplir con su mandato. Este viernes dará el primer paso.