La «contaminación» de dos vocales progresistas del CGPJ complica el acuerdo para la renovación del Constitucional

Por si no fuese suficiente con las parálisis que afecta al Poder Judicial en nuestro país, la firma de Pilar Sepúlveda, miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre las cuatro mil personalidades a favor del indulto a José Antonio Griñán, ha añadido un ingrediente más en la ya de por sí polémica renovación del Constitucional (TC). Más allá del rechazo público escenificado, este lunes, en un comunicado conjunto emitido por seis de sus compañeros de Pleno –ante una decisión que «colisiona» con los «deberes de prudencia y neutralidad que deben guiar la actuación del Consejo»–, la adhesión de la vocal progresista a la solicitud de perdón, para el expresidente andaluz, ha reabierto las dudas sobre la idoneidad de que «participe en el nombramiento de los magistrados» de la Corte de Garantías.

En este sentido se han pronunciado fuentes próximas a la institución comprometida consultadas por El Debate quienes, además, han subrayado que «dichos candidatos», tras su incorporación efectiva al TC, «tendrán que pronunciarse sobre los indultos» solicitados o «sobre los recursos de amparo que plantee el condenado para el que» Sepúlveda «pide clemencia». Un escenario que, cuando menos en apariencia, se presenta «contaminado» en origen.

Situación análoga es la que afecta a su compañera Clara Martínez de Careaga, también miembro del sector progresista del CGPJ, por su matrimonio con el favorito de la Moncloa a presidir un futuro y eventual Constitucional de mayoría progresista, el magistrado Cándido Conde-Pumpido.

Si, finalmente, Conde-Pumpido se postulase como cabeza visible del Pleno del TC, una vez renovado, su mujer «debería abstenerse como vocal del Consejo en la votación de los dos magistrados» de la cuota institucional del Poder Judicial que por turno corresponde, desde el pasado mes de junio. Lo contrario provocaría un «conflicto de intereses» entre su papel como vocal y la elección de los dos nombres que, llegado el momento, tendrán que pronunciarse sobre su marido como posible presidente. «Resultaría poco ético y poco estético», aseguran desde algunos sectores del ámbito jurídico.

La realidad es que la abstención de los vocales del CGPJ es «un acto voluntario del concernido». Esto es, en ningún caso el Pleno del Consejo puede vetarle su facultad de participación por mucho que la mayoría entienda que está «contaminada» y que tenga «un evidente interés en el tema». La única opción del máximo órgano de gobierno de los jueces es la de afearle su conducta para que asuma su trascendencia y «obre en consecuencia», han apuntado a El Debate varios expertos en la materia.

Pero lo cierto es que sí existe una opción alternativa: la recusación de ambas vocales, o de cualquier otro que pudiese verse en una posición similar. La dificultad es que «sólo puede plantearla un afectado» lo que en el caso de los dos nombramientos que están encima de la mesa del CGPJ es difícil, al tratarse de una decisión sin convocatoria previa. Aunque «no es descartable» que alguno de los candidatos que vayan a ser propuestos como elegibles a la renovación del Constitucional «pueda hacerlo». En especial si en un contexto de 'manoseo' del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial quiere «desmarcarse» de cualquier futura duda sobre su independencia e imparcialidad en las decisiones del Tribunal.

Sea como fuere, el galimatías en el seno del propio Consejo –con dos sectores claramente enfrentados por las presiones externas y los tiempos impuestos; y, las dudas sobre la participación de varios de sus miembros en la votación final de los candidatos– hace cada vez más complicado que el acuerdo sobre dos magistrados de consenso sea una realidad.