Lesmes convoca al CGPJ para «dar cuentas» a los vocales ante su «eventual sustitución»

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha dado el primer paso previo a su dimisión de sus cargos que, como adelantó El Debate en exclusiva, tiene previsto formalizar el próximo día 5 de octubre. Lesmes ha solicitado al Gabinete Técnico del Consejo que dé a conocer, públicamente, el contenido de su informe de balance de gestión durante los últimos nueve años de mandato. Un documento del que dará cuenta la próxima semana a los vocales del CGPJ, en un Pleno ordinario previsto el viernes 29, y a los miembros de la Sala de Gobierno del Alto Tribunal, el lunes 26, y en el que desglosará la hoja de ruta a seguir ante su «eventual sustitución en la titularidad de la presidencia de ambas instituciones». Ambos encuentros tendrán lugar con carácter previo a la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a nuestro país.

Lesmes es consciente de lo delicado de una decisión con la que dejará descabezado al órgano que todavía preside ya que al encontrarse el CGPJ en funciones, «no puede procederse a la elección de un nuevo presidente». Y, además, en el marco de un escenario agravado por la vacante de la «vicepresidencia del Alto Tribunal» tras el cese por jubilación de su último titular, Ángel Juanes, en octubre de 2019. Cierto es que, desde entonces, el cargo ha sido cubierto «interinamente» por el presidente de Sala del Tribunal Supremo de mayor antigüedad -esto es, el presidente de la Sala Primera, Francisco Marín Castán-. Ante tal tesitura, hace algunos días, el propio Lesmes solicitó al Gabinete Técnico del Consejo que examinara los mecanismos de sustitución en la presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ que, con la ley en la mano, serían aplicables tras su salida.

Excluída la vía de la «doble sustitución»

El informe resultante ha determinado que, «tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial como una titularidad conjunta e indisociable, lo que excluye la posibilidad de articular vías diferenciadas de sustitución: a través del vicepresidente del Tribunal Supremo o de quien ejerza sus funciones en la presidencia del Tribunal Supremo y por el vocal de mayor edad en la presidencia del CGPJ».

Por ello, «excluida la doble vía de sustitución, ésta ha de proveerse como canal único a través de la vicepresidencia del Tribunal Supremo, a cuyo titular atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en sus artículos 590 y 591.1 la función de sustituir al presidente».

«Cualquier sombra de duda sobre este particular queda despejada con la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional 191/2016, que examinó la constitucionalidad del régimen de sustitución previsto en los citados artículos de la LOPJ y concluyó que “(…) ninguna vulneración de la Constitución es de apreciar en que el legislador haya dispuesto que la sustitución del Presidente del Tribunal Supremo por el Vicepresidente del mismo lo será, cuando proceda, no solo para el Tribunal Supremo, sino también para el Consejo General del Poder Judicial, manteniendo así -en opción tal vez no única, pero constitucionalmente inobjetable- la conjunción en un solo titular, para casos de sustitución, de la presidencia de uno y otro órgano, conjunción que, en general, ha querido la Constitución», apunta el dictamen técnico solicitado por Lesmes.

La sustitución y el «ejercicio interino del cargo de vicepresidente por el presidente de Sala del Tribunal Supremo más antiguo tras el cese de Juanes tuvo lugar ope legis (en virtud de la ley) y sin necesidad de acto o acuerdo alguno en atención a la regla establecida en el artículo 208.1 LOPJ (*). Esto supone que el sustituto ejerce en funciones el cargo y, por consiguiente, ejerce interinamente todas las funciones del mismo, incluida la función de sustitución de la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial prevista en los artículos 590 y 591.1 LOPJ».

«La sustitución del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por quien ejerce interinamente las funciones de vicepresidente del Tribunal Supremo tiene lugar, como sucede en la de este último, ope legis (en virtud en este caso de lo dispuesto en el artículo 590 LOPJ) y de manera automática, sin necesidad de acto o acuerdo alguno. Por tanto, queda al margen de la limitación de atribuciones del Consejo en funciones establecida por la Ley Orgánica 4/2021», continúa el detalle del informe que Lesmes comunicará, formalmente, a sus vocales y magistrados, en los próximos días.

El todavía presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dará cuenta de dichas conclusiones jurídicas a los miembros de la Sala de Gobierno del Supremo en la sesión que este órgano celebrará el próximo lunes 26 y a los vocales del CGPJ durante el Pleno ordinario señalado para el próximo jueves 29.

Un órgano descabezado

Así las cosas, tal y como adelantó El Debate en exclusiva, Lesmes avanza en su plan de pulsar el botón rojo para su salida de la Presidencia del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el próximo 5 de octubre. Tan sólo dos días antes, el 3 del mismo mes, y una vez concluida la visita institucional del comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, Lesmes tiene marcada en su agenda la convocatoria de un Pleno extraordinario del CGPJ en el que nombrar, sin más dilación, a los dos magistrados de su cuota para el TC.

Con ello se impondría el completo dominio del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez sobre una Corte de Garantías de mayoría progresista –consumado el vuelco del actual equilibrio conservador de fuerzas– llamada a decidir si tumba, o no, sus leyes más ideológicas. Pero que, además, será afín a validar una futura consulta separatista en Cataluña. Una treta con la que los socialistas pondrán en jaque la unidad de la Nación española; pese a que la Constitución proclama en su artículo 2 que ésta es «indisoluble».

Si el proyecto prospera, después iría el País Vasco. Ése es el horizonte a medio largo plazo que manejan el PSOE, ERC Bildu, según fuentes al tanto del acuerdo a las que ha tenido acceso El Debate. El enlace en el nuevo Constitucional sería el magistrado José Manuel Bandrés, a quien Sánchez quiere incorporar entre los nombramientos -y que, como contó El Debate en exlusiva estaba entre los dos candidatos de consenso que el propio Lesmes llevó al Pleno extraordinario del 8 de septiembre. Bandrés es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y tiene un marcado perfil procatalanista.

Además, si Lesmes cumple con su ultimátum, dejará descabezado al CGPJ forzando su renovación inevitable. Un escenario en el que el Partido Popular, que reclama el compromiso político de Sánchez para cumplir con las exigencias de Bruselas para que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos «por sus pares» sin injerencias externas, no tendría ya ningún papel determinante.