El rodillo de Delgado y su sucesor en la Fiscalía: 19 de los 36 fiscales de Sala ya son afines a su asociación

Ni su mismísima dimisión ha conseguido frenar un ápice la críticas. Tres meses después de que Dolores Delgado abandonase la primera línea del Ministerio Público no han dejado de producirse las maniobras en el seno de una institución que, como su propio sucesor dijo, sería «continuista» con su mandato. Si Delgado fue duramente criticada por sus maniobras en el cargo, la falta de motivación en los nombramientos y la mecánica de una Fiscalía que, tras ella, quedaba sumida en la «peor» etapa de la democracia, la llegada del que fuera su mano derecha y brazo ejecutor en la Secretaría Técnica, al frente de la misma, tampoco ha mejorado el escenario. El ascenso con el que Álvaro García Ortiz ha premiado a su mentora este jueves, consolidando su ascenso a fiscal de Sala –con seis votos en contra y tan sólo cuatro a favor, estos últimos de cargos nombrados por la propia Delgado en su anterior etapa– ha reavivado la indignación entre los fiscales.

El rodillo de Delgado y García Ortiz ha sido tal que, entre ambos, han conseguido situar a un total de 19 fiscales de Sala, miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) –que cuenta con 225 asociados en total– y a la que ellos mismos pertenecieron antes de su entrada en política, en la cúpula de la Fiscalía. Frente a estos sólo ocho de los 36 representantes de la máxima categoría del Ministerio Público pertenecen a la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) –con 578 asociados– y nueve son puestos en mano de fiscales no afiliados a ninguna asociación. Trece de los 19 de la UPF en la cúspide han sido promocionados, pese a su juventud y escasa formación técnica, durante los mandatos de Delgado y el recién estrenado de García Ortiz.

El ejemplo más sangrante se ha producido con la no renovación de Miguel Ángel Carballo, el hasta ahora teniente fiscal de la Audiencia Nacional, y número dos del fiscal jefe del órgano jurisdiccional, Jesús Alonso, renovado por Delgado, antes de su salida. Con el veterano fiscal Carballo que optaba a la reelección competía Marta Durantez, persona de confianza del nuevo titular del Ministerio Público, García Ortiz, durante su anterior etapa. La fiscal, sin mayor experiencia que los delitos de tráfico, fue promovida al cargo alegando sus dos últimos años en la Secretaría Técnica «órgano en el que se analizan las causas de mayor relevancia y trascendencia tramitadas en todo el territorio nacional».

En el fondo del asunto, una «represalia velada» del fiscal general García Ortiz a Carballo quien, el pasado mes de junio, se alineaba con el fiscal dimitido del caso Miguel Ángel Blanco tras negarse a cambiar el criterio de acusación del Ministerio Público en la causa terrorista que se investiga en la Audiencia Nacional, para juzgar a los autores intelectuales del secuestro y asesinato del concejal del PP en Ermua, en 1995.

La sustituta del sustituto

El pasado 21 de septiembre la fiscal Ana Isabel García León era nombrada jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, cargo que ocupaba Álvaro García Ortiz hasta su designación como fiscal general del Estado en sustitución de Delgado.

El Consejo de Ministros aprobaba su designación en un Real Decreto -773/2022- por el que se la promovía a la primera categoría, la de fiscal de Sala, y se la nombraba fiscal jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, a propuesta de la ministra de Justicia, Pilar Llop. Y, todo ello, pese a que a García León «no se le conoce ni una sola publicación, en ninguna materia, cuando el perfil técnico del puesto al que ha sido promocionada requiere, precisamente, de un conocimiento técnico de la institución», denuncian fuentes de la Carrera fiscal a El Debate.

De ella dijo Cándido-Conde Pumpido, durante su etapa como fiscal general, que «trata los problemas con una exquisita corrección de trato, emplea formas suaves para acciones contundentes y certeras». Así la describió el ahora magistrado del Constitucional cuando García León tomó posesión como fiscal de la Técnica, en el año 2010.

Dos mujeres de confianza en el Consejo

Delgado dejó sentadas en el Consejo Fiscal, como miembros natos del mismo, a la inspectora jefe, María Antonia Sanz Gaite, y la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez Conde, dos mujeres de la absoluta confianza de la socialista que, como no podía ser de otra manera, esta semana han votado a favor de su nombramiento como Togada de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, pese a que de la veintena de candidatos que optaban al puesto, su exjefa era la penúltima en experiencia y rango del escalafón. La «discrecionalidad» de su amigo y sucesor en el puesto, Álvaro García Ortiz, ha hecho el resto para su promoción.

Sánchez Conde tomaba posesión de su cargo en una ceremonia solemne en el Supremo, promovida a la jefatura de la Fiscalía ante el Alto Tribunal, procedente del Constitucional, puesto al que accedió, en 2009, de manos del magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido quien, a partir de la próxima renovación de la Corte de Garantías, caducado desde el mes de junio, se postula como presidenciable de La Moncloa al órgano judicial. Delgado destacó, entonces, de la familiarmente conocida en el seno del Ministerio Público como 'Geles', su «capacidad organizativa y de gestión», así como su conocimiento de la doctrina constitucional en materia de protección de los derechos fundamentales.

'Dedazos' anulados por el Supremo

No menos polémica suscitó la designación de Eduardo Esteban como fiscal de Sala delegado de la Unidad de Menores, que fue recurrida tanto por la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, como por uno de los candidatos a la plaza descartado en la elección, el fiscal José Miguel de la Rosa. Dos pleitos que el Supremo resolvía de manera conjunta y dado la razón a los reclamantes lo que, en la práctica, obligó a Delgado a «motivar correctamente» su decisión.

Así las cosas, y lejos de desistir en su empeño, Delgado reiteró el nombramiento, desoyendo al Alto Tribunal, y volvió a asignar la plaza a Esteban. De nuevo, la cuestión ha sido judicializada en un incidente de ejecución de la sentencia inicial y dos recursos contra el nuevo texto de la ministra en el que se llegó a decir que descartaba a de la Rosa por su falta de «sensibilidad» feminista.

Fiscales que hablen catalán

Tal ha sido la dudosa política de nombramientos de la exfiscal general del Estado favoreciendo a los fiscales de la que fuera su asociación, la minoritaria UPF. El Debate publicaba la designación de la mujer de un fiscal cercano a Delgado –el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe– a quien la fiscal general se trajo desde Barcelona para incorporarse como número dos de su división, dirigida entonces por García Ortiz.

Así, la barcelonesa Olalla Vázquez Moraga, fue la elegida para cubrir una vacante en el seno de la Inspección pese a que, según apuntaron a El Debate fuentes próximas al Departamento que dirige Delgado, «lo habían pedido compañeros con 1.000 puestos por encima en el escalafón, en una carrera de 2.500 números». No sólo eso, la controvertida justificación oficial dada por el Ministerio Público tras la elección es que su designación suponía «enriquecer la Inspección Fiscal con fiscales especializados y provenientes de territorios con lengua cooficial». Esto es, en este caso concreto: el catalán.