Albares intermedió ante Estados Unidos para que dejara entrar a la condenada Isa Serra

Isabel Serra, más conocida por Isa, entró en los Estados Unidos el pasado verano por la mediación del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, que la ayudó a evitar una probable expulsión en aduanas como consecuencia de sus antecedentes penales.

La asesora de Podemos, enchufada por Irene Montero en el Ministerio de Igualdad pese a que ella misma consideraba en el pasado «corrupción» contratar a amigos y compañeros a cargo del erario público, formó parte de la expedición encabezada por la ministra que se hizo célebre por posar festivamente en Times Square, tras llegar a Estados Unidos en el Falcon oficial.

En la comitiva, además de Montero, figuraban sus más estrechas colaboradoras, entre ellas Isa Serra, que podía haber sido devuelta a España sin llegar a salir del aeropuerto si para las autoridades aduaneras sus antecedentes penales por agredir a policías en una manifestación eran incompatibles con el acceso al país.

Para evitarlo, el departamento de Albares intercedió ante la Embajada americana y solicitó el visado para la condenada, tal y como figura en un documento oficial de la cancillería española al que ha accedido en exclusiva El Debate:

«(…) El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación elaboró una Nota Verbal dirigida a la Embajada de EE.UU., en la que se solicita la expedición de visado en los pasaportes de los miembros de la delegación del Ministerio de Igualdad, de la que formaba parte Isabel Serra Sánchez, que viajaron a los Estados Unidos del 28 de junio al 1 de julio. La citada Nota Verbal fue remitida el 10 de junio desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación al Ministerio de Igualdad».

Como si fuera del Gobierno

Sin esa mediación quizá hubiera podido aterrizar Serra en los Estados Unidos y pasar allí tres días entre lo oficial y lo turístico, pero podría haber sido obligada a retornar a España o, cuando menos, retenida en el propio aeropuerto hasta que la seguridad americana constatara la gravedad de su delito y si encaja o no en la causa de expulsión.

La intermediación de Albares alcanzaba la expedición de los visados de los miembros de la delegación del Ministerio de Igualdad, lo que de hecho supone conferir a la condenada condición de integrante del Gobierno y no solo como una asesora asignada a Irene Montero.

Las notas verbales, aunque parezca lo contrario por su denominación formal, son en realidad escritas. Su efecto práctico es que el ministro Albares solicitó desde su ascendencia que les concedieran visado para entrar en Estados Unidos y así agilizarlo todo y evitarle potenciales problemas a la condenada.

No es un pasaporte diplomático, sino una concesión del Estado para evitar el llamado ESTA, nombre técnico del formulario que todos los visitantes extranjeros han de cumplimentar obligatoriamente. Y también para evitar los trámites en la aduana, fundamentalmente, dado que para ir a EE.UU. desde España no es necesario visado.

Para entrar en EE.UU. es necesario únicamente esa declaración informativa, sin que sea cierta la extendida versión de que tener antecedentes penales comporte automáticamente un veto a la entrada.

En el caso de Isa Serra probablemente hubiera podido acceder, dado que el carácter de su delito no conlleva prohibición de entrada sobre el papel, pero al pasar por inmigración el funcionario podría preguntarle si tiene antecedentes penales en su país, y si contesta afirmativamente, podrían retenerla en la aduana hasta que alguien autorizara la entrada.

Y en el caso de que mintiera al respecto de sus antecedentes y fuera descubierta, algo más que seguro dado que si miente respecto a los antecedentes y es descubierta la mentira, en EE.UU. es un delito mentir y tendría problemas legales serios.

Albares ayudó a Serra y Montero para que la primera, condenada a prisión por agredir a una mujer policía, pareciera del propio Gobierno de España

Lo que ocurrió fue que, al tener un visado expedido por el consulado de EE.UU., es fácil deducir que le facilitarían el ingreso sin más trámites ni preguntas, y más al viajar en vuelo privado y oficial de otro país, formando parte de una Delegación del Ministerio de Igualdad, cuya composición fue asumida por Irene Montero en persona e incluyó, además de a Serra y a ella misma, a otras dos «enchufadas», Ángela «Pam» Rodríguez y Lidia Rubio.

Problema diplomático

Los antecedentes de la asesora de la ministra, condenada por el Tribunal Supremo, podrían haber generado un auténtico problema diplomático y público para el Gobierno, que se esquivó gracias a la intermediación del ministro José Manuel Albares, ajeno a la naturaleza del comportamiento delictivo de la compañera de Montero.

En julio de 2021, el Supremo ratificó la condena a un año y siete meses de prisión, más multa e inhabilitación, a la hoy asesora de Igualdad, considerándola culpable de unos hechos ocurridos en 2014 que terminaron con dos agentes de la Policía Local de Madrid heridos, entre ellos una mujer.

El Tribunal consideró probado que la antigua portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid «formaba parte del grupo de personas que al término del desahucio increpó e insultó a los agentes de policía destinados a la zona para dar cobertura a la comisión judicial, hasta el punto de obligar a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a retroceder para protegerse del aluvión de objetos que les lanzaban e, incluso, verse obligados a salir de un vehículo para evitar que los allí congregados se llevaran algún objeto de su interior, después de que lograran abrir el portón trasero del último furgón de la comitiva policial».

La gravedad de la condena le llevó a Serra a renunciar a su acta de diputada en el Parlamento madrileño, aunque luego fue rescatada por Montero para un cargo a dedo con un sueldo de 51.946 euros que se completó con su invitación al polémico «viaje feminista» a Estados Unidos.

Protegida de Iglesias

La gratitud de la ministra hacia a su asesora procede de los tiempos en que la fundadora de «Juventud sin Futuro» y participante en el 15M se posicionó con Pablo Iglesias en la guerra interna que libró con Íñigo Errejón por el control de Podemos, saldada a favor del primero y culminada con la fundación de «Más Madrid», donde sí se mudó su hermana Clara.

Gracias a esa fidelidad, nunca le ha faltado trabajo a la condenada desde 2015, cuando inició su carrera política y prácticamente también la laboral como diputada de la Asamblea de Madrid, después portavoz y más tarde, ante su inminente inhabilitación como coportavoz del partido y asesora de alto nivel de Irene Montero.

De su pertenencia al núcleo duro da también cuenta su relación con Juanma del Olmo, mano derecha de Iglesias durante años tanto en el partido cuanto en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.