José Manuel Bandrés, el magistrado procatalanista que la izquierda quiere en el nuevo Constitucional

Cuenta con la bendición de los socios separatistas del Gobierno y pertenece a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, una de las más mermadas por las vacantes que la parálisis impuesta por el Ejecutivo socialista al CGPJ en los nombramientos de jueces y magistrados, con lo que una eventual salida hacia el Constitucional dejaría en cuadro al Alto Tribunal presionando, todavía más al Consejo, para su propia renovación. El magistrado José Manuel Bandrés, miembro fundador de Jueces y Juezas para la Democracia y procatalanista, es la apuesta de la izquierda jurídica para sentarse en la Corte de Garantías, como ya avanzó El Debate en exclusiva a comienzos del serial en el que se ha convertido la renovación del órgano constitucional.

No en vano, Bandrés era uno de los dos candidatos de consenso que el propio presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, llevaba bajo el brazo para agilizar una renovación imposible que, finalmente, le ha llevado a poner sobre la mesa la fecha de sus propia dimisión.

El magistrado Bandrés es favorable a modificar la Constitución, una de las cuestiones básicas que se demandan por parte de los sectores más independentistas del nacionalismo catalán. No en vano, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) trata de ganar tiempo y arrancar medidas concretas a Pedro Sánchez sobre un Constitucional que, a largo plazo, no invalide una futura consulta separatista para la comunidad autónoma, como pasó el 1 de octubre de 2017.

Tal es así que el juez, ya en 2006 propuso públicamente en el marco de algunas conferencias la «modificación de la Constitución para que los ciudadanos extracomunitarios puedan votar no sólo en las elecciones locales, sino también en las autonómicas y nacionales», una medida que de llevarse a cabo supondría «un síntoma de aceptación democrática» de unos grupos que «tienen un déficit de representación». Curiosamente la reivindicación sobre el voto extranjero es una de las prioridades de los partidos separatistas catalanes, como por ejemplo Junts, que a comienzos de este mismo año reclamaba la exigencia de que los inmigrantes, especialmente los de habla hispana, empezasen a votar en España.

Así las cosas, la posición de Bandrés encaja como anillo al dedo en las pretensiones del separatismo catalán ya que para el magistrado este asunto «podría ser uno de los objetos de reflexión» a plantear en una futura y eventual reforma de la Constitución española. No en vano, el juez considera razonable que los extranjeros «no sólo tengan derechos sociales, sino también políticos» y «se sientan representados» en nuestro país, como mecanismo para «fortalecer la cohesión de nuestra sociedad» y prevenir conflictos y tensiones como los que ya se han dado en otros estados de nuestro entorno.

El magistrado se ha mostrado, incluso, dispuesto a renunciar al principio de reciprocidad que la ley española exige para contemplar un hipotético escenario en dicha dirección ya que algunas constituciones en origen prohíben el voto de españoles, como en Ecuador; pero, esta posición simétrica en nuestro caso supondría, a su juicio, «fragmentar el mapa político electoral al discriminar a los inmigrantes en razón de su nacionalidad o porque haya habido una mayor pereza a la hora de ratificar tratados».

«Hay que considerar la emigración como positiva no sólo desde la perspectiva cultural, sino desde la económica», afirmó Bandrés en una ponencia pronunciada hace unos años. El abordaje de Pedro Sánchez al Tribunal Constitucional tiene un fin último que, de cumplirse los planes del presidente, pondrá en jaque la unidad de la Nación española; pese a que la Constitución proclama en su artículo 2 que ésta es «indisoluble».

El presidente quiere una mayoría de izquierdas en el TC para que sus magistrados validen una consulta futura en Cataluña sobre su encaje en España. Si el proyecto prospera, después iría el País Vasco. Ese es el horizonte a medio largo plazo que manejan el PSOE, ERC y Bildu, según fuentes al tanto del acuerdo a las que ha tenido acceso El Debate.

El enlace en el nuevo Constitucional sería el magistrado José Manuel Bandrés, que Sánchez quiere incorporar entre los nombramientos. Es magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y tiene un marcado perfil procatalanista.