Sánchez piensa en dos catedráticos afines al separatismo catalán como candidatos del Gobierno al TC

Dos catedráticos de posiciones próximas al separatismo catalán como doble propuesta del Gobierno para la renovación del Constitucional. Pedro Sánchez baraja decantarse por juristas vinculados al mundo académico –frente a los dos magistrados del Supremo que, previsiblemente, seleccionará para su cuota un enquistado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)– con los que consumar su control de la Corte de Garantías. Un decisión con la que el Ejecutivo socialista trataría de contentar a sus socios de legislatura de cara a las próximas convocatorias electorales que tendrán lugar en unos meses.

Y es que, en el abordaje de Sánchez al Tribunal Constitucional planea un fin último: una mayoría de izquierdas con magistrados dispuestos a validar una futura consulta en Cataluña sobre su encaje en España, siete a cuatro, vacante la plaza del conservador Alfredo Montoya que el Senado se niega a renombrar. Esto es, si los planes del Gobierno prosperan, el futuro Constitucional avalaría un referéndum para la independencia, el horizonte a medio largo plazo que manejan el PSOE, ERC y Bildu, según fuentes al tanto del acuerdo a las que ha tenido acceso El Debate.

El Gobierno bendice la designación del juez procatalanista José Manuel Bandrés, por parte del Consejo, como enlace entre la más alta Magistratura de nuestro país y las aspiraciones de los nacionalistas hacia su autodeterminación, con el beneplácito del PSC y ERC. Y, mientras tanto, madura los nombres más adecuados para reforzar un planteamiento mayoritario en la Corte de Garantías que avale, sin problemas, una futura consulta pactada.

Así las cosas, el Gobierno piensa en los perfiles más afines a las posiciones de sus actuales socios. Entre los aspirantes, algunos nombres de catedráticos vinculados a la Universidad Pompeu Fabra o algunos de los elegidos para presidir el denominado Consejo de Garantías Estatutarias, como Joan Egea o Jaume Vernet quien resultó designado vicepresidente del órgano, a propuesta de Esquerra (ERC). Recientemente la institución ha avalado por unanimidad la ley del catalán pactada entre PSC, ERC, Junts y los Comuns, sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, para puentear la sentencia del Supremo que obliga a la autonomía a impartir un 25% de las clases en castellano.

No en vano, algunos de los perfiles académicos en los que piensa Sánchez habrían intervenido, de uno u otro modo, en la confección del denominado Libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña, un texto presentado el 29 de septiembre de 2014 por la Generalitat, y en el que se sentaban las bases sobre los diferentes aspectos a tener en cuenta en un eventual proceso de transición de Cataluña hacia una república independiente. El documento recogía el conjunto de los informes realizados por el Consejo Asesor para la Transición Nacional y una síntesis de estos realizada por la secretaría del Consejo que, a su vez, desmenuzaba con detalle la legalidad de un proceso constituyente para Cataluña y la legitimación del derecho de autodeterminación como último paso para la solución de una situación injusta propiciada, en definitiva, por el Estado español.

En su confección participaron, oficialmente, los llamados miembros del Consejo Asesor del Govern catalán y varios de los juristas más proclives a las posiciones de los separatistas algunos de los cuales, incluso, llegaron a ser indirectamente premiados con designaciones familiares a puestos de libre disposición, como direcciones generales para sus mujeres, en el seno de la Generalitat.

El Gobierno incumple su propio plazo

Hasta la fecha, el Gobierno ha guardado un escrupuloso silencio sobre sus dos elegidos para la renovación de cuatro de los puestos de magistrado del Constitucional cuyo mandato caducó el pasado mes de junio. Y ello cuando el pasado martes 13 de septiembre se cumplía, sin avances, la fecha límite fijada por el propio Ejecutivo para que el Poder Judicial nombrase a su par.

Cierto es que el pacto de ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en contra de las presiones de Pedro Sánchez y de las reformas exprés aprobadas para hacerse con el control del Tribunal de Garantías –volcando el sentido de su actual mayoría a progresista–, impedía el acuerdo en el plazo establecido. Pero «nada impide al Gobierno dar un paso al frente y desvelar cuáles son sus dos nombres porque a él no le afecta, ni ahora, ni en junio, ningún veto», afeaban fuentes próximas al Consejo consultadas por El Debate.

Desde entonces, se han recrudecido las críticas socialistas al bloqueo de los miembros del sector conservador en el Consejo, en medio de una crisis institucional sin precedentes, con un CGPJ prorrogado desde hace casi cuatro años y cuyo presidente, Carlos Lesmes, ha puesto fecha a su dimisión, si nada cambia. Sánchez incumple sus propios tiempos sin haber dado, aún, los nombres concretos de los elegidos para incorporarse al Constitucional, a la espera de que se materialice el trámite del Poder Judicial que incluye como elemento de consenso al magistrado Bandrés.