Lesmes encara su semana clave con un informe que contradice el plan previsto tras su dimisión del CGPJ

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Supremo, Carlos Lesmes, se enfrenta a una semana decisiva. Casi mes después de pronunciar su discurso en la Apertura del Año Judicial con el que instó, tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a la oposición de Alberto Núñez Feijóo, a sentarse con urgencia para negociar un pacto de renovación del órgano de gobierno de los jueces, nada ha cambiado. Aquel llamamiento en el que abría la puerta de salida de su cargo, ante una situación «insostenible», lejos de mejorar las cosas le ha conducido a ver cómo están «más complicadas que nunca» y ni siquiera su «insistencia» en nombrar a los dos candidatos al Constitucional o la reciente visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a nuestro país, han conseguido despejar un poco el camino. Así las cosas, Lesmes ponía fecha a sus planes de renuncia el próximo día 5, tras la reunión del comité negociador del Consejo llamado, por enésima vez sin éxito, a elegir dos magistrados para la Corte de Garantías.

Sin embargo, un dictamen de 2019 firmado por el mismo letrado del Gabinete Técnico del Alto Tribunal, Eduardo Fontán, que ha suscrito el último informe encargado por el propio Lesmes -para fijar su reemplazo en la Presidencia- promete complicar la ya de por sí delicada renuncia del magistrado. En aquella ocasión, el experto defendió una posición contraria a la prevista ahora, para su sustitución y pese al apoyo unánime de la Sala de Gobierno del Supremo dictamen planteado –con la hoja de ruta prevista tras su eventual dimisión– el escenario no se replicó en el caso del CGPJ donde, con tres votos en contra al documento, la cuestión de su sustitución se adivina, también, polémica.

En aquel documento, guardado en un cajón, el letrado del Supremo sostuvo que, con arreglo a la ley vigente, y en caso de renuncia del titular electo para la Presidencia, no podía excluirse una bicefalia al frente de las dos instituciones, cuando están en funciones prorrogadas. Esto es, Fontán recomendó dos presidencias diferentes, una para el Alto Tribunal y otra para el CGPJ, en lugar de uno único –Francisco Marín Castán, como el más antiguo de los presidentes de Sala– según ha recomendado en esta ocasión.

Un hecho que, llegado el caso, podría ser utilizado en el seno del Pleno por una parte de los vocales para oponerse a la designación del sucesor de Lesmes. Llegado el caso, la mayoría de ellos apuestan por revisar el mismo con detalle e incluso valorar si ha existido un presunto delito de prevaricación.

El primer informe que daba respuesta a la posible sustitución del presidente en el Pleno, en caso de enfermedad, fallecimiento o ausencia, apuntaba a la fórmula prevista en el Reglamento de órganos de gobierno del Supremo «a favor» del titular de Sala más antiguo que, sin embargo, en lo relativo a la Comisión Permanente el elegido sería «el vocal integrante de esa Comisión, de mayor edad».

Como informó El Debate, en primicia, durante el trámite informativo que tuvo lugar en el Consejo del pasado jueves, sobre esta cuestión, fueron tres los miembros del mismo que votaron en contra de su aprobación: dos de ellos molestos por «las formas y el fondo» del texto técnico; y, un tercero que consideró que el momento de determinar si la alternativa a Lesmes es Marín Castán, o no, sería una vez se haya consumado su dimisión.

Sea como fuere, las críticas a la salida de Lesmes no admiten matices. Dejará descabezado al Consejo, en funciones, y con un nuevo presidente, también en funciones –a su vez vicepresidente sustituto en el Supremo porque Marín Castán «ni siquiera ha sido elegido por el CGPJ, como sí lo fue su antecesor», Ángel Juanes–. De consumarse el plan, será la «imagen de la degradación más absoluta del Poder Judicial» español, denuncian fuentes próximas a la institución.

Una negociación 'in extremis'

Antes de nombrar al sucesor de Carlos Lesmes, la comisión negociadora del Consejo –conformada por un par de interlocutores del bloque conservador y otros tres vocales de la izquierda– tendrá hasta dos oportunidades en un último intento por alcanzar el consenso 'in extremis' para la designación de sendos magistrados del Supremo que serán candidatos al Constitucional.

La primera, el próximo miércoles, podría abrir un doble escenario: que se logre el acuerdo, en cuyo caso se convocaría un Pleno extraordinario urgente, el 13 de octubre, para formalizarlo. La segunda que, ese mismo día, sea un nuevo intento frustrado en cuyo caso queda abierta la posibilidad, cada vez más probable, de que se materialice la amenaza de dimisión del presidente Lesmes coincidiendo con que se cumple un mes desde que lanzara su ultimátum.

Y es que ni el PSOE ni el PP parecen dispuestos, ni siquiera tras el intento de mediación de la Comisión Europea –tras la visita del belga Didier Reynders–, a aproximar posturas en relación con la crisis del CGPJ. Mientras unos insisten en una batalla de nombres propios para sustituir a los actuales consejeros, en funciones prorrogadas desde 2018, los otros no quieren ni oír hablar de intercambios de cromos sin pasar, previamente, por una reforma del sistema de elección que despolitice el órgano de los jueces de acuerdo con las «recomendaciones» de los «estándares europeos».

La crisis es de tal magnitud que amenaza con colapsar una Justicia española que mira con incredulidad y preocupación hacia el Consejo General del Poder Judicial, su mandato agotado y los nombramientos imposibles de los magistrados del Tribunal Constitucional que Pedro Sánchez anhela controlar. Con la eventual salida de Lesmes sobre la mesa, esta misma semana, se añadirá una nueva «debilidad» a la ecuación.