La Audiencia Nacional acoge varias querellas relacionadas con el probable uso fraudulento de criptomonedas.
La Audiencia Nacional procesa a los encargados de impedir que los etarras aún libres sean identificados
El auto constata que ETA creó tras anunciar el cese de actividad “un entramado para gestionar armamento y explosivos
El juez Alejandro Abascal ha decidido procesar a los etarras Íñigo Gulina y Mikel Barrios como integrantes del aparato de falsificación de documentos. Por ello, les acusa de un delito de «falsificación documental con fines terroristas».
Este sería un juicio más a los que se enfrentan los terroristas si no fuera porque el auto judicial explica, además, que la banda terrorista llegó a crear «un entramado técnico logístico» en 2014 cuya función es la de la «gestión del material, armamento y explosivos». Y llama la atención porque este entramado fue creado cuando habían pasado tres años desde que el último líder de ETA y actual responsable de la estrategia política de Sortu, máximo partido de la coalición Bildu, David Pla, anunciara el «cese definitivo de la actividad armada» y el desmantelamiento de las estructuras de la organización.
Dentro de ese entramado, creado por la organización terrorista, para gestionar los restos que habían quedado de cuatro décadas de asesinatos, Íñigo Gulina y Mikel Barrios formaban supuestamente el aparato de falsificación. El juez considera que el objeto de este aparato era «que sus integrantes (de ETA) puedan desplazarse sin ser identificados como miembros suyos».
La presión policial
Según el titular del juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, «la presión policial desarrollada sobre la organización terrorista en Francia ha motivado el traslado de sus integrantes hacia otros países donde siguen desempeñando sus ilícitas actividades». Y el máximo exponente de esta «ilícita actividad» son los etarras Íñigo Gulina y Mikel Barrios ya que falsificaron su propia documentación para pasar inadvertidos y trasladarse a vivir a Berlín, desde donde pretendían gestionar su actividad. Para ello llegaron incluso a abrir una cuenta bancaria en una entidad alemana.
Sin embargo, al poco de instalarse en Berlín, los dos terroristas fueron detectados por la Guardia Civil y en su detención el 27 de octubre de 2017 se les incautó «más de doscientos efectos, entre los que destacan dispositivos informáticos de almacenamiento de información, documentación falsa y utensilios e instrumentos destinados a la falsificación de documentos, tales como sellos de la ciudad italiana de Turín», explica el auto judicial.
Por todo ello, el juez Abascal pide a la Fiscalía que solicite la apertura de juicio oral o pide el sobreseimiento de la causa.
