Guía para entender en cinco minutos el bloqueo del poder judicial en España

Lejos de despejarse una de las incógnitas que más preocupan en la Justicia española, el bloqueo del CGPJ –tras la negativa del Gobierno a negociar una reforma del modelo de elección de los vocales, tal y como recomiendan los estándares europeos– ha abierto una brecha en el ámbito institucional de muy difícil solución «con este PSOE». No en vano, el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lanzaba un órdago al comisario europeo, Didier Reynders, para mantenerse en el 'no' a la mano tendida de la oposición y consensuar una nueva fórmula de elección de los miembros del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Con las posiciones enquistadas y la amenaza de dimisión del presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que podría materializarse esta misma semana, los miembros de la comisión negociadora del CGPJ se reunirán, este miércoles, en un nuevo intento por alcanzar un acuerdo para la designación de sus dos magistrados al Tribunal Constitucional que están pendientes desde el pasado 12 de septiembre.

¿Cuál es la situación real del CGPJ?

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el máximo órgano de gobierno de los jueces, que, entre otras cuestiones tiene encomendada la función de nombramientos reglados y discrecionales para los puestos más altos de la Magistratura española. Esto es, los jueces y magistrados del Tribunal Constitucional, del Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.

Desde 2018, el Consejo se encuentra en funciones prorrogadas. En todo este tiempo, PSOE y PP no se han puesto de acuerdo, ni parece que vayan a hacerlo en el corto plazo, para dar un cómputo de nuevos 20 nombres que reemplacen a los actuales –18 vocales, tras la jubilación de Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de Victoria Cinto, más su presidente, Carlos Lesmes–. Mientras los socialistas apuestan por un intercambio de 'cromos' tradicional, los populares quieren un cambio real de la fórmula para la elección de los mejores.

Así las cosas, el Gobierno recortó al CGPJ sus funciones naturales, en marzo de 2021, lo que le impide desde entonces designar a ninguno de los magistrados que, cada día más, pasan a incrementar las listas de vacantes judiciales en órganos clave de nuestro país. Más de medio centenar en toda España, 15 sólo en el Alto Tribunal. Una modificación normativa que ya ha sido recurrida ante el Constitucional tanto por PP como por Vox pero que, todavía, no ha sido resuelta por el propio Constitucional, también, pendiente de renovar.

¿Renovará por fin el Constitucional?

El pasado mes de junio caducaba el mandato de cuatro de los actuales magistrados que conforman la Corte de Garantías, esto es, un tercio de sus miembros. El veto impuesto por el Gobierno al CGPJ, en marzo, prohibía al Consejo designar a dos de los nombres que le corresponden, legalmente, para sustituir a los jueces en funciones. Por ello, consciente de que la situación impedía al propio Ejecutivo elegir a sus dos candidatos, Pedro Sánchez decidía matizar su propia decisión y levantar el bloqueo en el órgano pero sólo para el caso concreto del Constitucional.

Sánchez fijó una fecha límite, el pasado 13 de septiembre, pero el CGPJ, dividido, ponía freno a las ansias socialistas por controlar a un TC que, en los próximos meses, tendrá que resolver las cuestiones de mayor trascendencia política para su Gobierno. No parece que vaya a alcanzarse un acuerdo en el corto plazo. Con una nueva mayoría de izquierdas –siete a cuatro– el PSOE se asegura de que el Constitucional no se oponga a sus leyes más ideológicas e, incluso, abra el grifo a un eventual y futuro 'encaje' normativo para una 'consulta pactada', tal y como les exigen sus socios separatistas de ERC, en Cataluña.

¿Dimitirá Carlos Lesmes?

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, se enfrenta a una semana decisiva. Casi un mes después de pronunciar su discurso en la Apertura del Año Judicial con el que instó, tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a la oposición de Alberto Núñez Feijóo, a sentarse con urgencia para negociar un pacto de renovación del órgano de gobierno de los jueces, nada ha cambiado. Aquel llamamiento en el que abría la puerta de salida de su cargo, ante una situación «insostenible», lejos de mejorar las cosas, le ha conducido a ver cómo están «más complicadas que nunca» y ni siquiera su «insistencia» en nombrar a los dos candidatos al Constitucional o la reciente visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a nuestro país, han conseguido despejar un poco el camino.

Así las cosas, Lesmes ponía fecha a sus planes de renuncia el próximo día 5, tras la reunión del comité negociador del Consejo llamado, por enésima vez sin éxito, mañana miércoles a elegir dos magistrados para la Corte de Garantías. Sea como fuere, las críticas a su salida no admiten matices. Dejará descabezado al Consejo, en funciones, y con un nuevo presidente, también en funciones –a su vez vicepresidente sustituto en el Supremo porque Francisco Marín Castán «ni siquiera ha sido elegido por el CGPJ, como sí lo fue su antecesor», Ángel Juanes, motivo por el que no concita el respaldo de la mayoría de los vocales–.

De consumarse el plan, será la «imagen de la degradación más absoluta del Poder Judicial» español, denuncian fuentes próximas a la institución y nueva nueva polémica que añadir a la ya maltrecha imagen institucional de la Justicia.

¿Qué medidas puede tomar Europa?

La postura de Europa sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es nítida y –tras el fracaso de la visita del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE) a nuestro país la semana pasada– ya no admite más prórrogas. La honda preocupación de la Comisión de Justicia ante el bloqueo institucional ha llevado a su responsable, el belga Didier Reynders, a dar un ultimátum a Gobierno y oposición para que alcancen «ya» un acuerdo urgente e inmediato en la elección de un nuevo Consejo.

Tendrían que haberlo hecho antes de finales del mes pasado, tal y como avanzó El Debate en exclusiva, de acuerdo con el actual sistema de elección de los vocales de procedencia judicial y con el compromiso firmado de que, una vez resuelto el laberinto, se modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que doce de los veinte miembros que lo conforman sean elegidos por sus compañeros jueces y magistrados. El Gobierno se ha cerrado a dicha posibilidad, ni ahora, ni «nunca».

Bruselas se ha mostrado inflexible y ha instado, en cualquier caso, a que la renovación del CGPJ se produzca como máximo antes de que España acceda a la Presidencia del Consejo de Europa, durante el segundo semestre del próximo año. De lo contrario sopesa la aplicación de sanciones severas, como ya ha hecho en otros casos graves –Polonia o Hungría, por ejemplo–.

Reynders, en nombre de la Comisión, ha puesto sobre la mesa la aplicación de castigos reales al incumplimiento sistemático de nuestro país a las recomendaciones comunitarias, orientadas a la independencia de la Justicia, con cualquiera de los dos mecanismos agravados de intervención de los que dispone. El procedimiento de infracción, ante el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE), son sanciones económicas directas (tipo multa) o la congelación del envío de fondos europeos hasta el cumplimiento de las exigencias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que España ha venido desoyendo de manera sistemática.