El PSOE vota con ERC en contra de que el CNI vuelva a Cataluña y el País Vasco, como desveló El Debate

Ni explicación ni rectificación: Pedro Sánchez no dará marcha atrás en su decisión de suspender la vigilancia del CNI al independentismo catalán y vasco; esa fue la primera orden que ejecutó la nueva directora de la casa, Esperanza Casteleiro, como desveló El Debate a finales de junio.

A raíz de aquella exclusiva, Vox llevó el lunes a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional una proposición no de ley instando al Gobierno a que reestablezca el operativo habitual del CNI en Cataluña, Navarra y el País Vasco. «Es una nueva cesión del Gobierno al separatismo radical que pone en serio riesgo la propia continuidad de España, con el único objeto de mantener al actual Ejecutivo», denunciaba el partido de Santiago Abascal en el texto.

Sin embargo, el PSOE se alió con ERC en la votación para tumbar la proposición no de ley. Vox, por su parte, encontró el apoyo del PP y de Ciudadanos, pero fue insuficiente.

El diputado socialista José Antonio Rodríguez echó balones fuera durante el debate. «No pretenderá usted –le dijo al diputado de Vox Luis Gestoso– que aquí decidamos, o aquí mostremos cuál es la infraestructura que tiene el CNI por el territorio, eso no lo veo yo práctico. ¿Sabe usted dónde hay que ver esto? En la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados (comúnmente conocida como la Comisión de secretos oficiales)», sostuvo.

«¿Por qué esas estructuras de seguridad se quieren poner al servicio de unos fines ideológicos y no de la seguridad del conjunto de la ciudadanía? Es de primero de democracia», señaló el senador de ERC Xavier Castellana.

En agosto, el PP intentó que la ministra de Defensa compareciera en una sesión extraordinaria de la Comisión de gastos reservados para que explicara qué está ocurriendo en el CNI tras la crisis de Pegasus y la destitución de la anterior directora, Paz Esteban.

Sin embargo, el PSOE y sus socios impidieron que la propuesta prosperara. Los socialistas se escudaron entonces en que la directora del CNI comparecerá ante dicha Comisión «en su momento». La ley obliga al Gobierno a informar cada seis meses al Congreso del uso de los fondos reservados, a puerta cerrada.

El Debate reveló el pasado 24 de junio que el presidente catalán, Pere Aragonès, había recibido garantías de Sánchez de que no habría más teléfonos pinchados. Ello dos meses después de que trascendiera que el CNI había espiado a 17 líderes independentistas con orden judicial del Tribunal Supremo. Y las garantías fueron, precisamente, desenchufar.

Este diario también desveló entonces que la destituida Paz Esteban había decidido prejubilarse a los 64 años después de ver cómo el presidente del Gobierno entregaba su cabeza. Y a pesar de que la ministra Margarita Robles había asegurado previamente que seguiría trabajando en la casa, en la que llevaba 40 años.