José María Macías: «Pido al Gobierno que nos restablezca las funciones y arregle el Supremo antes que al Constitucional»

José María Macías (Barcelona, 1964) es vocal, en el turno de juristas de reconocido prestigio, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2015, órgano del que fue miembro de la Comisión Permanente entre 2018 y 2020. Magistrado en excedencia, ingresó en la Carrera Judicial en el año 1990 y ha sido director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña en los años 2002 y 2003 y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1991. Licenciado en Derecho, en 1988, obtuvo el premio extraordinario de la licenciatura en su promoción.

Arrancó su carrera como juez en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Rubí, de donde pasaría al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Mataró, al Juzgado de lo Penal Único de Terrasa y, por último, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona. Durante todo ese tiempo, además, fue elegido para la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña, como miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Es profesor en numerosos másters, posgrados y cursos de especialización en materias de Derecho Administrativo y Regulatorio, y exprofesor de Derecho Orgánico Judicial de la Escuela Judicial de España.

-¿Cómo están las cosas en el CGPJ y qué va a pasar en esa reunión del próximo día 13?

- No han cambiado mucho las posiciones respecto con la situación de la semana pasada o de la anterior. Mis siete compañeros y yo tenemos un problema de selección de candidatos para poder presentar una alternativa. Y, sobre todo, es un problemón porque habiendo llegado al acuerdo de que tiene que ser un magistrado del Supremo, la selección es todavía más complicada porque hacemos daño al Tribunal sacándole magistrados. Pero, además, es que cuando nos hemos dirigido a algunos compañeros, estos han rechazado participar del proceso y alguno, como el juez Pablo Llarena, ha hecho muy explícita la razón y es, precisamente, porque no quiere causar más daño. Se nos plantea, por tanto, un problema que nos reduce las posibilidades de selección porque, al final, no es elegir a cualquiera que esté en el Supremo sino al que consideremos idóneo. Y si los idóneos no quieren participar porque no quieren causar daños al Tribunal, algo de parece muy razonable, pues no limitan nuestras facultades.

-¿Cuál es la solución?

- Yo, sinceramente, en mi nombre y en el de mis compañeros si se sientan representados, le pediría al Gobierno que nos ayude a cumplir nuestra función institucional, que nos permita elegir a la persona que realmente queremos elegir y que, para eso, nos restablezca las competencias que nos permiten solucionar la situación del Supremo antes de que saquemos a un magistrado.

- ¿Si se le restituye la posibilidad de nombrar esas vacantes del Supremo y de otros tribunales, se desencallaría la cuestión del Constitucional, al revés de lo que el Gobierno ha planteado?

- Vaya por delante que, desde luego, esto no puede interpretarse como que se está estableciendo una condición para el ejercicio de la competencia, porque no se trata de eso. De lo que se trata es de poner de manifiesto que estamos en una situación de grave anormalidad derivada de que se ha machacado al Consejo General del Poder Judicial y que una ocurrencia que toca una parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial es una ocurrencia que produce efectos en otras partes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esa ocurrencia de impedirnos los nombramientos nos asombra, pues produce como efecto que allí donde tendríamos que buscar magistrados idóneos para el Tribunal Constitucional se produzca una situación muy grave y que es nuestra responsabilidad impedir que suceda. Precisamente, porque los magistrados son también responsables y nos están planteando ese problema. Es una necesidad que podamos hacer las cosas bien, ante una anomalía que no hemos creado nosotros. Si esa anomalía se soluciona, será mucho más sencillo cumplir nuestras funciones.

- Llegados a este punto, ¿la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, es la solución o un nuevo problema?

- Sin lugar a dudas, un problema siguiente y lo sabe el mismo día en que hizo ese anuncio. De hecho, a los pocos minutos de hacerlo, le pedí con todo el cariño y la cordialidad que reflexionara y le advertí que iba a ser un problema para él, para la institución y para la credibilidad de la Justicia porque iba a generar más problemas como, efectivamente, está haciendo. Yo creo que ya hemos llegado un punto en el que se ha hecho muy evidente que no hay marcha atrás con esta situación de interinidad y eso provocará aún más problemas que dimita.

Sería muy conveniente que, de una manera definitiva, supiéramos si el presidente se queda o si quiere cumplir su idea de marcharse

- En el caso de que se marche se avecina una nueva polémica por su sustituto o sustitutos, ¿está usted de acuerdo con el actual informe técnico?

- Ese informe relativo a cómo cubrir esa situación interina una vez que el presidente se haya marchado, si es que se marcha, ha planteado un doble problema. De formas, en lo que ha habido coincidencia absoluta en el Pleno del Consejo, por la manera en cómo se da a conocer y, en definitiva, llega al conocimiento de los vocales. Es un error grave que provoca consecuencias en cuanto al fondo donde el tema es discutible. Creo que hay motivos para considerar que este informe -que no es coincidente con con otro informe con arreglo al cual nos hemos estado sujetando desde hace tres años- confunde lo que supone nombrar un presidente del Supremo donde, efectivamente, no cabe la posibilidad de disociar el mandato sobre el Alto Tribunal y el Consejo General del Poder Judicial, siempre que se trate de un nombramiento. Pero nosotros no vamos a nombrar a nadie, sino que se trata, sencillamente, de un régimen de sustitución.

- Sin embargo la Sala de Gobierno del Supremo avaló del mismo informe por unanimidad...

- Sinceramente, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que me merece todos los respetos, es un órgano de gobierno subordinado al Consejo General del Poder Judicial y, por ello, fue un error de formas preguntarle primero al órgano subordinado. Las cosas, en general, van en una dirección y en este caso es de arriba abajo en los términos de la ley que lo define. Claro que yo tampoco les he oído decir a los magistrados del Supremo que ésa es la única solución correcta, sino que les ha parecido bien ese dictamen. Ya lo veremos.

- El propio Lesmes confesaba a su círculo más próximo que dimitiría con nombramientos al Constitucional o sin ellos no más tarde de esta semana, ¿qué se lo impide?

- Insisto en algo que he dicho antes y es que lamentaría mucho que el presidente Lesmes se fuera. Es un gran presidente y la institución va a perecer sin él que es una persona de carácter que reúne todas sus condiciones para poder llevar adelante la Presidencia. Y, hasta que no nos hayamos ido, el Consejo es el que es y necesita un presidente y yo preferiría que se quedara. ¿Las razones por las que no se marcha? Imagino que alguna razón de peso habrá porque con los problemas que está causando esta situación intermedia y su propio sufrimiento personal al estar todo el día los medios...

- Ustedes también están en los medios por bloquear los nombramientos. ¿Cómo se vive con esa presión y bajo esa lupa constante?

- Me va a permitir que introduzca un matiz sobre que mis siete compañeros y yo mismo estamos bloqueando una designación. Sé que es lo que se dice pero no quiero asumir como propia esa afirmación. No bloqueamos nada, estamos cumpliendo con nuestra función y lo queremos hacer de la manera más responsable posible. Y si eso implica tener que aguantar determinado tipo de presiones, las aguantaremos. Créame que lo sencillo sería poner el nombre sobre la mesa de cualesquiera mirar para otro lado y dejar que salga adelante. Si eso no se hace de esa forma, es por responsabilidad, por querer hacer las cosas bien, por pensar en el Tribunal Supremo y que los candidatos que elijamos sean los mejores.

Nosotros no bloqueamos nada, estamos cumpliendo con nuestra función. Si eso implica tener que aguantar dpresiones, las aguantaremos.

- Donde sí hay bloqueo es en la propia renovación del CGPJ, ¿cree que hay alguna posibilidad de que en los próximos días se produzca algún acercamiento entre PP y PSOE?

- Yo quiero pensar que esa posibilidad existe y que se va a satisfacer de la manera que mejor interesa a la Justicia y a los intereses de España y en su relación con sus socios europeos. Yo al comisario Didier Reynders le escuché decir algo que me impactó, sobre todo porque estaba en la mesa de al lado de la ministra España no se podía permitir el lujo de asumir la presidencia de turno de la Unión Europea en esta situación de daño reputacional que supone no dar ejemplo y no cumplir los estándares que nos está exigiendo Europa. El prestigio de España por los suelos. La ministra ni torció el gesto. Yo creo que hay opciones para que hablen y espero que lo hagan en los términos que resulten más ventajosos a los intereses de España, no de los partidos políticos. Y que lo hagamos cumpliendo con lo que nos pide Europa.

-La misma ministra que dijo que deberían ustedes dejar de cobrar si no hacen su trabajo...

- Quizás tendría que revisar la Ley Orgánica, que igual la desconoce, pero son muy pocos los vocales que cobran un sueldo en el Consejo. Dicho esto, deploro profundamente las palabras de la señora ministra que no pretendían otra cosa que ofender y que realmente ofendieron y molestaron. No me parece que esa sea la forma de plantearse las relaciones entre instituciones y no quiero entrar al trapo de ese tipo de peleas que me parecen de tan bajo nivel.

- ¿Como en sus declaraciones sobre el indulto al expresidente José Antonio Griñán al que también se adhirió una compañera vocal del Consejo?

- La decisión de la vocal a la que usted se refiere ha sido una acción desafortunada y creo que no se evaluó bien. Creo que fue un error, desde el máximo respeto a la libertad de expresión que para quienes asumimos funciones públicas tiene ciertos límites o matices que han de tenerse en cuenta. Yo creo que que hubo una evaluación defectuosa y eso puede tener una incidencia, o no, en los futuros procesos que se siguen en el Consejo General del Poder Judicial. Pero eso es algo que constituye un tema, en su caso, de decisión y de debate del Consejo y sería ahí donde tendríamos que verlo.

- ¿Cómo cree que se siente el ciudadano ante el espectáculo que se da desde el Poder Judicial?

- Entiendo que estará desconcertado, absolutamente desconcertado por la inseguridad que le produce la seriedad de las instituciones. Y cuando se pierde la seriedad, se pierde la credibilidad y en estos momentos todos, todos, todos tenemos un gravísimo problema de credibilidad. Un problema que empieza cuando no respetas las reglas que establecen los contrapesos en una democracia que pasa por asumir y entender que el poder absoluto no existe y que una pretensión de convertir en una parte del ciclo político al Poder Judicial es algo que no puede hacerse sin que produzca consecuencias.

Aquí, lamentablemente, se están produciendo estas consecuencias y se están produciendo desde que se inició esta legislatura y el primer día de toma de posesión del Gobierno, un vicepresidente de se va a un medio de comunicación a insultar directamente y atacar al Poder Judicial. Ahí empezó todo.

- Me habla usted de pérdida de credibilidad, ¿la ha perdido el presidente Lesmes? ¿Se siente decepcionados? ¿Traicionados?

- Yo insisto en que considero que el presidente ha sido y es un gran presidente. No obstante eso insisto, también, en que creo que todo el tema de la dimisión es un error que contribuye al desconcierto de los ciudadanos y que, en la medida de lo posible, tenemos que reducir o limitar. No hablaría de decepción, ni de traición, sí de desconcierto.