Sánchez anuncia su quinto paquete anticrisis en ocho meses en una espiral de gasto y deuda pública

La pregunta de Cuca Gamarra después de escuchar el nuevo paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez -por valor de 3.000 millones de euros, con una nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calefacción central y el refuerzo del bono social eléctrico- era casi obligada. «¿Qué va a ser de nosotros cuando las reglas fiscales dejen de estar suspendidas?».

La respuesta no llegó por parte del presidente del Gobierno. Sin embargo, por más que Sánchez aparte la mirada, el elefante sigue estando en el centro de la habitación. El llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, las normas en cuanto a déficit público (por debajo del 3 % del PIB) y deuda pública (no más del 60 % del PIB) para los países miembro, está suspendido desde la pandemia. Pero se acerca el final de la tregua que se dio la UE, y España está en un nivel récord de deuda del 116,1 % de su PIB. Aunque la Comisión Europea trabaja en la presentación -este mismo octubre- de una reforma del Pacto, es evidente que España está en una posición muy comprometida.

Todo eso lo obvió Sánchez durante su discurso en el Congreso, en el que volvió a tirar de chequera para un nuevo paquete anticrisis que hace el número cinco. Como los anteriores -los de marzo, mayo, agosto y septiembre-, será aprobado en el próximo Consejo de Ministros a través de otro decreto ley. Ello una semana después de que el Ejecutivo de coalición aprobara los Presupuestos Generales de 2023, con un gasto social récord de 266.719 millones de euros.

Ya aclaró entonces la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que las cuentas públicas no incluían la más que previsible prórroga de medidas como la rebaja del IVA del gas y la electricidad o la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, ni tampoco futuros nuevos paquetes para paliar la crisis energética.

En otras palabras: Sánchez quiere dosificar los anuncios. Todos de golpe tendrían un efecto de corto recorrido en el electorado. Y el presidente tiene ante sí una carrera de fondo hasta las elecciones generales de diciembre de 2023, no un sprint.

Los pensionistas

Más allá de este nuevo paquete, Sánchez acudió este jueves al Congreso con una intención clara: enfrentar al PP con diez millones de pensionistas, intentando arrancar a la portavoz popular un titular que ésta no le dio: que Feijóo está en contra de la subida de todas las pensiones.

El presidente del Gobierno se erigió en portavoz y defensor de los pensionistas y sostuvo: «A los que vinculan la subida de las pensiones con un supuesto afán electoralista, quiero decirles que es una afirmación insultante. No para el Gobierno, sino para los ciudadanos y en particular para los pensionistas. Porque hay diez millones de pensionistas en nuestro país y ni uno solo de ellos ni de ellas, vote a quien vote y piense lo que piense, merece que se le falte al respeto asumiendo que su sentido del voto cambiará por una subida de la pensión. Es sencillamente intolerable que hoy se pueda sostener una barbaridad como ésta, que denota dos cosas, que siempre ocurren con la derecha: clasismo y soberbia a partes iguales», señaló el jefe del Ejecutivo.

La prueba más evidente de que a Sánchez le interesaba colar ese mensaje por encima de cualquier otro fue que, inmediatamente después, la Secretaría de Estado de Comunicación envió a los periodistas un fragmento de vídeo de un minuto con ese trozo de discurso. Algo muy poco habitual.

No obstante, el presidente del Gobierno buscó a Gamarra pero no la encontró. Porque el PP sabe que no tiene necesidad de retratarse en el debate sobre la subida de todas las pensiones, también las máximas. De hecho, sería contraproducente para Alberto Núñez Feijóo -creen los populares-, por más que hasta el Banco de España haya insistido en que aumentarlas indiscriminadamente es peligroso.

En su respuesta, la portavoz del PP recordó a Sánchez que en mayo de 2010 él votó como diputado la congelación de las pensiones que decretó José Luis Rodríguez Zapatero (y la bajada del sueldo de los funcionarios). También le dijo Gamarra que la mejor forma de garantizar las pensiones es «creando empleo estable y de calidad», Y añadió: «Y por supuesto que es necesario y de justicia revalorizarlas. Porque nuestros pensionistas no tienen por qué pagar los platos rotos de su nefasta política económica».

Por su parte, Santiago Abascal también fue muy crítico con este quinto paquete de medidas anunciado por el presidente, al que acusó de ir «repartiendo migajas y subsidios» después de haber empobrecido a los españoles. «Pan para hoy y hambre para mañana», lo definió, y advirtió al presidente de que está creando una losa de deuda pública que los españoles pagarán durante generaciones.

Y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que con un gráfico en la mano recordó a Sánchez: «La mitad de su gasto en pensiones y en pagar la deuda es un país que no puede prosperar».