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La polítca María Teresa Fernández de la Vega a su llegada al tanatorio por la muerte del exministro Jose Antonio Alonso en Madrid. 02/02/2017GSR

Como adelantó El Debate en exclusiva

Sánchez consuma su control del Consejo de Estado y nombra a Fernández de la Vega para un puesto vitalicio

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge la designación de la exvicepresidenta de José Luis Rodríguez Zapatero como consejera permanente tras la dimisión de Victoria Camps

Ya es oficial. Tal y como avanzó El Debate, tras adelantar en exclusiva la dimisión de María Teresa Fernández de la Vega como presidenta del Consejo de Estado, Pedro Sánchez ha consumado su control sobre la institución con el nombramiento de la socialista para uno de los nueve únicos cargos vitalicios de nuestro país en el seno de la institución. La última maniobra del Ejecutivo previa dimisión «inaudita» de la consejera permanente Victoria Camps –también propuesta por el PSOE– ha permitido al Consejo de Ministros restaurar a su anterior titular, Fernández de la Vega, en un puesto cuya condición indefinida perdía tras ser propuesta para liderar el órgano –una decisión discrecional orquestada en julio de 2018, tras la moción de censura que llevó a los socialistas a la Moncloa–. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles recoge, formalmente, la designación.

Se confirma, por lo tanto, que la dimisión de la que fuera exvicepresidenta del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se orquestó para devolverla a la Sección Séptima del órgano consultivo y mantenerla sine die en el departamento ante una futura y eventual legislatura, con un Gobierno de otro signo. Un «fraude» orgánico, sin precedentes equiparables ya que, hasta la fecha, la única dimisión conocida de un consejero permanente fue la de Pedro Cortina, en 1983, quien renunció a su plaza, en un acto de «coherencia y valentía por sus desacuerdos con el Gobierno» de Felipe González.

Tan sólo en otros dos casos, y por razones de fuerza mayor como una enfermedad grave, en sendos miembros de avanzada edad –Jerónimo Arozamena y Miguel Vizcaíno– puede encontrarse una dimisión de este calado.

El Consejo de Estado esta formado por la Comisión Permanente -encargada de gestionar el día a día y responsable de la confección de los dictámenes consultivos en materia legal, sobre los decretos y demás normas del Gobierno de turno y compuesta por la Presidencia, los consejeros permanentes y la Secretaría General-; el Pleno, que se reúne cada mes o cada dos meses -y al que se suman también los consejeros natos y los electivos; la Comisión de Estudios; las Secciones; el Cuerpo de Letrados; y, todo el personal administrativo.

Cada consejero y consejera permanente preside, a su vez, como hará María Teresa Fernández de la Vega desde hoy, una de las nueve secciones entre las que se distribuyen las consultas remitidas al Consejo en función, básicamente, de la temática sobre las que versan o el Ministerio de procedencia, en caso de ser solicitadas por el Gobierno.

Esta misma semana, se hacía también oficial el nombramiento de la exministra Magdalena Valerio, titular de la cartera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España entre los años 2018 y 2020, con José Luis Rodríguez Zapatero.

Una «nueva puerta giratoria» del PSOE

En la órbita institucional son varias las voces que se han muestran tremendamente críticas con esta «nueva puerta giratoria» en la que se «intercambian cargos públicos», «sin pudor alguno» –y no cualquier cargo– «según interese».

Una muestra más de cómo Pedro Sánchez «trataría de atemperar los puestos de mayor peso institucional del Estado a su gusto», «situando a su gente», ante un posible escenario adverso para el PSOE en las próximas elecciones generales de 2023. No en vano, con la vuelta de Fernández de la Vega como consejera permanente, se consolida el núcleo duro de la mayoría socialista del órgano consultivo, que «durante los últimos años ha sido bastante suave en sus posiciones con el Gobierno».

Los expertos más desconfiados no descartan, incluso, «nuevas dimisiones en cascada» de los miembros «de mayor edad» para ser repuestos por «otros más jóvenes» afines al Gobierno actual que continúen en el Consejo de Estado aún cuando el Ejecutivo no repita legislatura.