¿En qué consiste la maniobra de Sánchez para asignar un cargo vitalicio a Fernández de la Vega?

La dimitida María Teresa Fernández de la Vega, a quien sustituye en el cargo Magdalena Valerio, aspira a ser renombrada por Pedro Sánchez como consejera permanente del Consejo de Estado, una vez este jueves se ha formalizado su salida de la Presidencia de la institución, tal y como avanzó en exclusiva El Debate. La maniobra orquestada desde el Gobierno, en presunto acuerdo con la interesada, consistirá en asignar a la socialista uno de los nueve únicos puestos vitalicios de nuestro país, previa renuncia de ésta como cabeza visible del órgano consultivo, cargo para el que fue designada por el propio Sánchez al llegar a La Moncloa, tras la moción de censura de 2018. Además de garantizarse un sueldo público de por vida, Fernández de la Vega mejorará su retribución durante los próximos años.

Mientras como presidenta del Consejo de Estado tenía asignada una retribución bruta de 85.196,88 euros al año según recoge el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, como consejera permanente -al igual que el resto de sus ocho compañeros al frente de las nueve secciones del Consejo- recibirá un sueldo de 107.678,86 euros al año.

¿Por qué perdió su puesto vitalicio?

De la Vega que ingresó como miembro permanente del Consejo de Estado, en la Sección Séptima del mismo, perdió su condición vitalicia en el puesto tras ser designada como presidenta del órgano, en julio de 2018. Tanto ella, como quien la designó eran conocedores de que su ascenso presidencial suponía la pérdida de sus condiciones permanentes en el Consejo, ya que el liderazgo del mismo, al tratarse de un puesto de confianza -y, por tanto, de libre designación- conlleva que su duración se prolonga, como máximo el tiempo que dure la legislatura del Gobierno que lo adjudica.

¿Quién ocupó entonces el puesto libre?

El Consejo de Ministros celebrado el 6 de octubre de 2018 aprobó el nombramiento de la filósofa catalana Victoria Camps como nueva consejera permanente y presidenta de la Sección Séptima del Consejo de Estado, en sustitución de la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que dejó libre el puesto, al ser nombrada presidenta del órgano para convertirse en la primera mujer en ostentar el cargo.

Desde entonces, y hasta hace una semana, en que El Debate también adelantó en primicia su renuncia, Camps había venido desarrollando las funciones propias de su posición con total normalidad sin que, hasta la fecha, haya trascendido ningún motivo grave para su salida institucional, más allá de propiciar una vacante que pudiera ser otorgada por el Gobierno a otra persona distinta de su última extitular.

¿Se conoce algún precedente similar?

La dimisión «inaudita» de la consejera permanente Victoria Camps –propuesta por el PSOE– «permitirá al Consejo de Ministros restaurar a su anterior titular, María Teresa Fernández de la Vega, en uno de los nueve únicos cargos vitalicios de España», advertían a el Debate hace unos días fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la institución. Las mismas fuentes que apuntaban a una futura y eventual dimisión consecutiva de Fernández de la Vega, que se ha oficializado varios días más tarde pese a estar registrada desde el pasado viernes, para recuperar su antigua plaza y mantenerse indefinidamente en sucesivas legislaturas, con Gobiernos de todo signo.

El escenario que se ha provocado con la doble dimisión no tiene precedentes equiparables en nuestra historia democrática reciente ya que, hasta la fecha, la única dimisión conocida de un consejero permanente fue la de Pedro Cortina, en 1983, quien renunció a su plaza, en un acto de «coherencia y valentía por sus desacuerdos con el Gobierno» de Felipe González que, curiosamente, fue el mismo que lo designó. Tan sólo en otros dos casos, y por razones de fuerza mayor como una enfermedad grave, en sendos miembros de avanzada edad –Jerónimo Arozamena y Miguel Vizcaíno– puede encontrarse una decisión de este calado.

¿Cuál será el trámite ahora?

Para dar validez jurídica a ambas dimisiones, el próximo Consejo de Ministros, previsto para el día 22 de octubre de 2020, tendrá que dar acuse de recibo y aceptar las mismas. Una vez superado este formalismo el Ejecutivo tendrá que asumir una doble designación: por una parte restituir a Fernández de la Vega el puesto al que ella misma renunció sin posibilidad legal de revocar su decisión; y, por otra, designar a un nuevo presidente para la institución.

Mientras tanto, y mientras no haya un nombramiento oficial, la Ley Orgánica reguladora de la institución contempla una Presidencia en funciones, de manera transitoria, que recaerá en el titular de la sección primera, en este caso Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Lo que garantiza que, «en ningún momento se produzca un vacío de poder».

Sánchez atornilla la mayoría progresista

Con este nuevo «manoseo» de Sánchez a una alta institución del Estado, el líder socialista se asegura sine die una mayoría progresista en la Comisión Permanente, actualmente, compuesta por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, de la antigua UCD, al frente de la Sección 1ª. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, de la segunda, Paz Andrés Sáenz de Santamaría, al frente de la tercera, Fernando Ledesma Bartret, en la cuarta, Alberto Aza Arias, sección 5ª y la recién dimitida Victoria Camps Cervera, en la séptima, a propuesta del PSOE. José Luis Manzanares Samaniego, designado por el PP, en la sección 6ª; el letrado independiente Enrique Alonso García, responsable de la octava; y, la exmagistrada del Constitucional Adela Asua Batarrita, impulsada por el PNV, como cuota al socio nacionalista del Ejecutivo.

Para esta última, fue el propio Sánchez quien «creó una sección a propósito», en un órgano que «históricamente sólo ha constado de ocho plazas permanentes», apuntan a El Debate varios expertos en la materia.

Un «fraude» en toda regla

En el ámbito institucional son varias las voces que se muestran críticas con esta nueva «puerta giratoria» del Gobierno en la que se «intercambian cargos públicos», «sin pudor alguno» –y «no cualquier cargo»– «según interese». Una muestra más de cómo Pedro Sánchez estaría «tratando de atemperar los puestos de mayor peso institucional del Estado a su gusto», ante un posible escenario adverso para el PSOE en las próximas elecciones generales de 2023.

Los más desconfiados no descartan «nuevas dimisiones en cascada» de los miembros «de mayor edad» del Consejo de Estado para ser repuestos por «otros más jóvenes» que continúen en sus cargos aún cuando el actual Ejecutivo no repita mandato. Con ello, la mayoría socialista del órgano consultivo, que «durante los últimos años ha sido bastante suave en sus posiciones con el Gobierno», quedaría garantizada a perpetuidad, como mínimo, durante los próximos veinte años.