El Gobierno planea renovar el CGPJ sin el PP con una reforma legal que paró Europa

Que los doce vocales, jueces y magistrados, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se elijan por mayoría absoluta del Parlamento, en lugar de por los tres quintos que se necesitan en la actualidad, en Congreso y Senado, para que los nombres propuestos salgan adelante. El plan B del Gobierno para reactivar la renovación del máximo órgano de los jueces, tras la ruptura de las negociaciones con el Partido Popular –como consecuencia de la rebaja del delito de sedición comprometido a ERC desde el Ejecutivo– pasa por hacer efectiva la petición de Podemos, socio de Ejecutivo de Pedro Sánchez, y abordar una reforma legal que reduzca la mayoría cualificada de ambas Cámaras, vigente en el artículo 122.3 de la Constitución española. Una modificación normativa que ya paró Europa, en su momento, y por la que Polonia fue sancionada por la UE con una multa de más de un millón de euros.

La Constitución sienta las bases sobre la materia, a través de una Ley Orgánica en la que se debía establecer el modelo de elección de los doce vocales de procedencia judicial. La norma, que se materializó el 10 de enero de 1980, y en la que se determinó que todos ellos serían elegidos directamente por sus pares, esto es por los jueces, sólo duró hasta 1985. Desde entonces, y gracias a un cambio aprobado por el Gobierno socialista de Felipe González, dicha elección se reservó al Congreso y al Senado para que la composición del CGPJ reflejase las mayorías sociales resultantes de las urnas. Un escenario que la sentencia dictada por el propio Tribunal Constitucional, avalando el formato en su conjunto, descartó con una advertencia sobre la imposibilidad de repartir cuotas políticas que, pese a ello, se han ido perfeccionando hasta nuestros días.

Ahora, ante la imposibilidad de que socialistas y populares lleguen a un pacto para la elección, despolitizada de acuerdo con las exigencias de los estándares europeos, de un nuevo Consejo en sustitución del vigente, caducado desde hace cuatro años, el ala dura del Gobierno -Podemos- ha recordado a Pedro Sánchez que, entre ambos partidos- disponen de una mayoría progresista «perfectamente viable» en la Cámara Baja para acometer la reforma que les permita designar a los perfiles necesarios para conformar un nuevo CGPJ.

Y ello, pese a que la tentativa anterior fue neutralizada por la Comisión de Justicia de la UE, el pasado mes de marzo cuando sí se aprobó la prohibición de los nombramientos discrecionales al Consejo en funciones.

Así lo han deslizado desde la formación morada en varias redes sociales, en las últimas horas. Los de Podemos han insistido en su propuesta de mayoría absoluta para resolver lo que han calificado como «uno de los golpes a la democracia más graves de los últimos 40 años»: el «secuestro de uno de los tres poderes del Estado durante toda una legislatura entera».

Una voluntad que ya materializaron en octubre de 2020, a través de una proposición de ley registrada, conjuntamente con el PSOE, para reformar el Poder Judicial sin contar con el apoyo del Partido Popular. Sin embargo, la intervención providencial de Europa logró que, tras meses congelada sin que se iniciase su tramitación, finalizase en una retirada, de facto, de la misma.

Retomar los nombramientos del TC

El convulso escenario político que ha terminado por interrumpir, una vez más, la renovación el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), debido a la intención del Gobierno de reformar el delito de sedición, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en la sustitución de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio. Una obligación que el órgano de gobierno de los jueces pretende retomar para designar a sus dos candidatos y que dejó en suspenso desde la dimisión de Carlos Lesmes, tras no conseguirlo, hasta conocer los resultados de las conversaciones entre PSOE y PP sobre la cuestión, definitivamente rotas.

En paralelo con las decisiones políticas, los vocales del CGPJ iniciaron sus propias negociaciones cuando una segunda reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) les devolvió la capacidad de proponer sus dos magistrados para el TC.

El CGPJ, en funciones desde hace casi cuatro años, confiaba en que la reactivación de las negociaciones entre PP y PSOE para renovarlo, gracias a la partida de Lesmes, desembocara en la conformación de un nuevo Consejo que se ocupara de designar a la dupla de magistrados para el Constitucional. Sin embargo, el fracaso de los contactos entre populares y socialistas les ha devuelto a la casilla de salida. Y, en espera, de que el Supremo resuelva, definitivamente, a favor del nombramiento de su presidente sustituto, Rafael Mozo, recurrido por el magistrado Wenceslao Olea, miembro del Pleno y por el secretario general del mismo.

Así, los dieciocho vocales que actualmente conforman el CGPJ –tras las tres bajas acumuladas por jubilación, dimisión y fallecimiento– sitúan entre sus tareas más urgentes la de proponer sus aspirantes a la corte de garantías, conscientes de que es una obligación constitucional. Según han apuntado varias fuentes próximas a la institución, el primer paso será convocar una reunión de la comisión negociadora, integrada por Álvaro Cuesta y Roser Bach, del lado progresista, y José Antonio Ballestero y Carmen Llombart, del lado conservador.

La última vez que los portavoces de ambos sectores se reunieron formalmente fue el pasado 5 de octubre. Entonces, la negociación saltó por los aires por las diferencias en cuanto a los tiempos, lo que llevó a los representantes progresistas a ampliar los contactos al conjunto de los vocales, consiguiendo de esta forma avanzar hacia el acuerdo.