El Gobierno consuma su control del Constitucional y da alas a los jueces progresistas que ya piden dimisiones en el CGPJ

El Gobierno ha superado el trámite parlamentario de este jueves para consumar, sin escuchar a los jueces, la entrada en vigor de su polémica reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que le permitirá renovar el Constitucional e instalar una nueva mayoría progresista en el órgano de Garantías. La maniobra de los socialistas -concebida para desbloquear el veto impuesto el pasado mes de marzo por el propio Ejecutivo a los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- ha dado alas al sector progresista de la Justicia desde donde yan ha exigido formalmente la dimisión del presidente del Consejo, y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, para «facilitar la renovación de dicho órgano, con un gesto que propicie que las Cortes afronten la situación de interinidad de ese órgano constitucional».

La petición de JJpD, que ya cursó en junio del pasado año en los mismos términos, «persigue poner de manifiesto que el órgano de gobierno del Poder Judicial está en funciones desde hace más de tres años, que de nuevo Carlos Lesmes va a presidir la apertura del año judicial, y que un gesto como su dimisión podría servir para que se superara la actual situación de bloqueo». Así las cosas, desde la asociación vinculada al sector más progresista del Poder Judicial han apuntado a que el mes de septiembre sería una fecha idónea.

«La apertura del año judicial le brinda un momento» perfecto «para poner de manifiesto la inadmisible situación que padece el CGPJ», han asegurado los integrantes de la entidad profesional. «Con la atención de todo el mundo jurídico, ante las instituciones más importantes de nuestra democracia, y con el altavoz que suponen los medios de comunicación que seguirán el acto, el anuncio de que dimite supondría un acto de responsabilidad y servicio a la Constitución, cuyo artículo 122.3 dispone que la duración del CGPJ son cinco años, y no más de ocho», han apostillado.

«Ya ha habido precedentes en los que vocales del CGPJ dimitieron ante la falta de consenso para renovar en plazo su composición, denunciando la pasividad de quienes están obligados a verificarlo», han afirmado desde JJpD en su reclamación a Lesmes.

Próximo objetivo, septiembre

Una vez instaurado el cambio normativo de Pedro Sánchez, con el apoyo exprso de sus socios de legislatura -Podemos, ERC, Mas Pais y EH Bildu- el PSOE podrá revertir, antes del próximo día 13 de septiembre, el actual juego de equilibrios en el Constitucional, gracias a la intervención del CGPJ que lleva en funciones prorrogadas más de tres años y que tendrá que abordar, con caracter previo a esa fecha límite tras el verano, la designación de los dos magistrados que pertenecen a su cuota legalmente prevista.

Ni siquiera las advertencias de Europa a España en materia de independencia judicial, ni los acuerdos del Pleno del Consejo -que pedía ser escuchado en este asunto- han tenido un efecto disuasorio en las pretensiones del Gobierno. El CGPJ tendrá que nombrar a los dos jueces del Tribunal de Garantías en el plazo máximo de tres meses a contar desde la caducidad del mandato de los salientes -para dos de ellos, el vicepresidente del órgano, Juan Antonio Xiol y Santiago Martínez-Vares la designación finalizó el pasado día 12 de junio- entre los que se incluye a su presidente Pedro González-Trevijano.

Lesmes pide auxilio para el Supremo

Por su parte, y ajeno al ruido político, el presidente del Consejo General de Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha valorado que se les devuelva la competencia para nombrar a los dos magistrados de la cuota del Tribunal Constitucional, en la renovación pendiente desde el pasado mes de junio, lamentar que no se haya seguido el mismo criterio con el Supremo.

No en vano, hace meses que la situación agónica del Alto Tribunal -que ya acumula más de 15 vacantes entre sus miembros- supone un verdadero problema para la operativa de un órgano judicial sobre el que recaen algunas de las cuestiones más delicadas y complejas del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en nuestro país.