El desgaste por el bloqueo del CGPJ provoca 70 vacantes en la cúpula de la Justicia española

La imposibilidad del acuerdo político, la inacción de Congreso y Senado en su potestad institucional de promover la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la parálisis de este último, bloqueados los nombramientos discrecionales, que le corresponden por mandato constitucional, han obligado a la Justicia española a funcionar en una situación agónica. Los tribunales españoles acumulan ya un total de setenta vacantes en la cúpula judicial desde que, en 2018, finalizase el mandato del CGPJ y el Gobierno de PSOE y Podemos le congelase la función de hacer designaciones, salvo las de los dos magistrados del Constitucional, de su cuota, pendientes hace semanas. Éstas son las cifras reales del desgaste de un Poder Judicial que, en la práctica, no puede renovar a los cargos que se van jubilando, falleciendo o renunciando.

De acuerdo con los datos obtenidos por El Debate, con fecha 27 de octubre, última actualización disponible en el Consejo, hay 70 plazas que siguen sin cubrirse como consecuencia del fracaso de las negociaciones entre socialistas y populares para la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces. La rebaja del delito de sedición que ha retomado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para obtener el voto favorable de ERC en la aprobación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado ha provocado que la situación insostenible, se enquiste aún más.

El Supremo es el más perjudicado con un total de 16 ausencias, tras la reciente jubilación de la magistrada María Luisa Segoviano.

Pero a éstas hay que sumar, también, las 3 del Consejo General interino –tras la dimisión de Carlos Lesmes que se sumó a la jubilación del magistrado Rafael Valverde y al triste fallecimiento, el pasado junio, de Victoria Cinto– y las cinco que atesora el Constitucional. Desde el 13 de septiembre, fecha límite fijada por Sánchez, la Corte de Garantías espera que se elijan cuatro magistrados, dos de ellos procedentes del propio Supremo con lo que significa, para cubrir las plazas del tercio de sus miembros cuya andadura finalizó en junio, así como que se reponga el hueco de Alfredo Montoya Melgar tras renunciar por razones de enfermedad.

Los tribunales superiores de justicia han alcanzado las 30 renovaciones pendientes, siete se corresponden con la presidencia: en Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Más de una veintena de plazas esperan entre las 22 desiertas las audiencias provinciales –Cádiz (1), Sevilla (1), Málaga (2) y Huelva (1), incluidas las presidencias; Huesca (1), Teruel (1), Santa Cruz de Tenerife (2), sin presidente; las dos presidencias de Cuenca y Guadalajara; Burgos (1), Ávila (1) y Zamora (1); una en Gerona y otra en Barcelona; Alicante (1), Lugo (1), La Rioja (1), Murcia (1), Álava (1) y Guipúzcoa (1)– que se suman, así, a la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al frente de la que se encontraba la magistrada Concepción Espejel, quien en octubre de 2021 fue nombrada miembro del Tribunal Constitucional a propuesta del PP.

El Supremo «en precario»

La situación interna del Supremo es más que preocupante sin que, por el momento, sea posible cubrir el cada vez más numeroso grueso de sus vacantes. Sobre la mesa, la estrategia de un PSOE que buscaba dejar «pudrir» el funcionamiento del Alto Tribunal, para obligar al PP a negociar la nueva composición del Consejo, tras las pasadas elecciones andaluzas, que por extensión traería la normalidad institucional de los nombramientos judiciales. Pero la ruptura de las negociaciones con el PP, esta misma semana, hacen presagiar un horizonte muy complicado en el seno del Supremo que alcanzará la preocupante cifra de 20 vacantes de un total de 86, el próximo mes de marzo. Esto es, cerca de una cuarta parte del Alto Tribunal, desierto.

El Supremo ha venido advirtiendo, durante meses, de la agónica situación de varias de sus Salas que, por jubilaciones o excedencias, han visto gravemente mermadas sus filas en un momento en el que, además, el volumen de causas ha aumentado, notablemente, como consecuencia de la pandemia. La parálisis impuesta por Pedro Sánchez al Consejo, como resultado de la reforma exprés de la LOPJ que recortó competencias al órgano prorrogado, ha ido obligando a buscar fórmulas provisionales para evitar el colapso, pero ya ni siquiera estas son suficientes, en especial desde que con la salida de su presidente, Carlos Lesmes, el órgano de gobierno quedase dañado.

Las Salas de lo Social y de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal son las que acumulan las carencias más importantes–hasta siete vacantes en la primera de ellas– que condicionan la operatividad real en el día a día. Una «anomalía insostenible» a la que se suma «un problema adicional»: el «peligro que supone que en órganos integrados por doce magistrados en total, entren en bloque cinco nuevos miembros», hasta siete en el caso de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo.

«La ley establece que las incorporaciones sean progresivas según se vayan sucediendo las vacantes, para evitar que los equilibrios de los Plenos de las Secciones se vean alterados numéricamente», de forma radical, «lo que podría conllevar un cambio de jurisprudencia automático» en los asuntos de mayor trascendencia política y social, alertan fuentes del Supremo consultadas por El Debate.

Hace ahora un año, el Consejo General del Poder Judicial asumía, con carácter extraordinario, las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar del Supremo, tras la retirada de su presidente, Carlos Melón Muñoz, al pasar a situación de reserva; y, ante la imposibilidad del CGPJ de nombrar un nuevo titular para la vacante. La Comisión Permanente aprobaba, sin unanimidad, el acuerdo de avocación de competencias.

No era el único parche al que se ha visto obligado el Alto Tribunal desde que, en 2018, finalizase el mandato de cuatro años del CGPJ sin perspectivas de renovación y bloqueado por el Gobierno en su natural, y constitucional, labor de nombramientos.

Tan sólo un mes más tarde, la Sala Primera de lo Civil se sumaba a las dificultades ya denunciadas por las Salas Cuarta de lo Penal y la Tercera de lo Contencioso-Administrativo –encargada de revisar los indultos del procés y los recursos contra las medidas autonómicas durante el segundo estado de alarma, anulado por inconstitucional, entre otras cuestiones– y advertía de que o se resolvían de urgencia las carencias, y se aborda el «indispensable» nombramiento de cinco magistrados «con sólida experiencia civil en las Audiencias Provinciales», o se enfrentaban a un riesgo real de «colapso» ante la «avalancha de asuntos» con los que se preveía cerrar ejercicio y encarar el nuevo año.

Así las cosas y pese al auxilio solicitado desde la cúpula judicial a la máxima responsable del ramo, la ministra Pilar LLop, ésta «no ha hecho nada por intervenir» y aliviar una situación que, inevitablemente, está afectando «gravemente» a la «prestación de un derecho fundamental de los españoles como es la tutela judicial efectiva» y en condiciones de «igualdad» para todos los ciudadanos, denuncian varias voces consultadas por El Debate en el seno del Supremo.