El presidente del Supremo pide a la ministra Llop medidas urgentes para cubrir las vacantes

El Supremo no puede seguir funcionado bajo mínimos. La Sala de Gobierno del Alto Tribunal ha solicitado hoy a la ministra de Justicia, Pilar Llop, la aplicación de medidas urgentes para garantizar su funcionamiento ante el incremento de las vacantes sin cubrir, por la parálisis de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021.

En la reunión mantenida esta mañana por el presidente del Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, y la delegación de Justicia, encabezada por Llop -a la que han acompañado el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez Hernández; y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo- los magistrados al frente de las diferentes Salas no han ocultado su preocupación por la no prórroga del Consejo, pero también han subrayado que existen otros planos de preocupación de extraordinaria importancia, ajenos a esta situación, que se están prolongando en el tiempo.

Así, el Supremo ha solicitado entre otras medidas el incremento del número de letrados del Gabinete Técnico y planteado varias reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo del tribunal, que actualmente cuenta con una plantilla de magistrados un 14% inferior a la legalmente prevista -porcentaje que ascenderá al 20% el próximo mes de octubre, cuando el número de plazas vacantes se elevará a 16 frente a las 12 existentes en la actualidad-.

Sala Primera de lo Civil

Esta Sala cuenta con una plantilla de diez magistrados, incluido el presidente, estando desde noviembre de 2020 una plaza vacante. El incremento de la carga de trabajo se ha agudizado de forma extraordinaria tras la fase de pandemia, hasta alcanzar el 42,5% en el último año.

Por ello, la Sala ha expuesto que es extremadamente necesario el nombramiento de los cinco letrados solicitados para prestar apoyo en la llamada «fase de decisión», la que transcurre entre la admisión de un recurso y el dictado de la sentencia.

Sala Segunda de lo Penal

Es la única Sala sin plazas vacantes, pero su carga de trabajo también ha seguido una tendencia alcista durante los últimos cinco años, con un repunte de un 27% en 2021 respecto a la habida en los años 2019 y 2020.

El principal problema es la alta tasa de interinidad de la plantilla orgánica de funcionarios adscrita a la Sala, que alcanza el 59%, por lo que se han solicitado medidas que motiven su permanencia e incentivos económicos similares a los que disfrutan en otros órganos judiciales como la Audiencia Nacional o los que dependen de la Comunidad de Madrid.

Sala Tercera de lo Contencioso

El número de plazas de magistrado vacantes en la Sala asciende actualmente a 6, que se incrementará hasta 8 con la próxima jubilación de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez.

Además de las medidas de solución temporal ya aprobadas por la Sala de Gobierno a propuesta del presidente de la Sala, César Tolosa -como la redistribución interna de los magistrados para que todas las secciones cuenten con el mínimo legal de cinco para constituirse-, se han considerado necesarias otras ante la litigiosidad masiva que se prevé como consecuencia de los recursos que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia.

Así, han solicitado la creación de una nueva Secretaría, con un Letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios necesarios para tramitar esos recursos; así como el incremento de la plantilla del Área Contencioso-Administrativa del Gabinete Técnico en 3 letrados.

Sala Cuarta de lo Social

A fecha actual existen 3 vacantes, a las que podrían añadirse otras 2 por jubilación durante este año 2022, incluida la de la presidenta de la Sala, María Luisa Segoviano. Ello dejaría la plantilla con solo 8 magistrados -de un total de 13-, lo que impediría la formación de las dos secciones que se constituyen para la deliberación y votación de los asuntos y tendría como consecuencia la drástica reducción del número de sentencias y el consiguiente incremento de la pendencia.

La Sala ha pedido el nombramiento de 4 nuevos letrados para el Área Social del Gabinete Técnico, así como de 2 funcionarios de apoyo.

Sala Quinta de lo Militar

Tiene el 25% de sus plazas de magistrado vacantes (2 de 8) y también ha experimentado un importante aumento de la entrada de asuntos, provocando el incremento de la cifra de asuntos pendientes en un 43,85% en los últimos dos años.

Modificaciones legislativas

Además de las cuestiones en materia de personal, la Sala de Gobierno ha planteado varias reformas legislativas como solución a algunos de los problemas enunciados:

• Reforma de la casación civil para introducir un nuevo modelo que prevea un único recurso de casación que no dependa del tipo o cuantía del proceso, fortalezca el interés casacional de la interpretación de las normas y garantice la celeridad en los tiempos de respuesta simplificando la fase de admisión.

• Reforma del recurso de casación penal para eliminar el trámite de alegaciones del que ahora disponen los recurrentes para responder a los escritos del Ministerio Fiscal y el resto de las partes personadas impugnando su recurso; ampliar la inadmisión por providencia a los recursos contra las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; e introducir la posibilidad de plantear la insostenibilidad de la pretensión en casación.

• Reforma de la regulación recurso de casación en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a fin de proporcionar instrumentos y cauces procesales eficaces para atender la litigiosidad masiva.

• Instauración de la doble instancia penal militar.