La ofensiva de Podemos, ERC y Bildu contra Marlaska por la tragedia de Melilla deja al ministro más discutido en manos del PP

Fernando Grande-Marlaska tenía mucha prisa. El ministro del Interior abandonó este miércoles el Congreso a la carrera, escudándose en que tenía que marcharse de viaje a Mauritania. Los periodistas le salieron al paso para que, antes de irse, diera su versión sobre el reportaje de la BBC que ha devuelto la tragedia de Melilla a la primera plana. Pero los esquivó a todos y apretó aún más el paso.

Las imágenes emitidas por la cadena británica al respecto de la avalancha ocurrida el 24 de junio en la frontera de la localidad de Nador, que se saldó con 23 muertos, han puesto en la picota a Grande-Marlaska. Puesto que cuestionan la versión oficial que desde entonces ha venido mantenido Interior y que el propio ministro detalló el pasado 21 de septiembre en una comparecencia en el pleno de la Cámara Baja.

Primero, que los hechos ocurrieron en territorio marroquí y solo «de manera muy tangencial» en España. Segundo, que los guardias civiles y policías nacionales actuaron de un modo «oportuno y proporcionado», también con material antidisturbios, ante un «intento violento de entrada irregular en territorio español», como lo definió Grande-Marlaska. Tercero, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedieron al rechazo en frontera de 101 migrantes que consiguieron pasar a Melilla «conforme a los procedimientos establecidos y al marco normativo y jurisprudencial de referencia, conforme a la doctrina avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Un polvorín

Grande-Marlaska se encuentra sentado sobre un polvorín político, azuzado por la oposición, Unidas Podemos y los socios parlamentarios del Gobierno. El PP pidió este miércoles su comparecencia urgente en el Congreso y que permita a los diputados ver los vídeos que grabaron las cámaras de seguridad de la Guardia Civil aquella mañana de finales de primavera. La portavoz popular, Cuca Gamarra, le acusó de haber ocultado «muchísimas cosas».

Esas imágenes son el quid de la cuestión. Desde el Ministerio del Interior explican que ya se las entregaron a quien tiene que tenerlas: la Fiscalía General del Estado, que abrió una investigación a finales de junio para esclarecer lo ocurrido; y el Defensor del Pueblo, que ya a mediados de octubre rebatió la versión oficial en un informe.

En él, Ángel Gabilondo elevaba de 101 a 470 el número de devoluciones en caliente efectuadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional, todas de forma irregular: «Sin contemplarse las previsiones legales tanto nacionales como internacionales», según el documento.

En octubre, Gabilondo solicitó más información a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para llegar hasta el fondo de lo sucedido. Pero se encontró con una actitud poco colaborativa por parte de Interior, que todavía hoy no le ha enviado la documentación requerida.

«Hemos verificado múltiples videos e imágenes que muestran a más de 450 inmigrantes detenidos en territorio español y luego obligados a regresar a Marruecos. Algunos fueron golpeados. Testigos presenciales dijeron que uno de los detenidos murió más tarde», escribió en Twitter uno de los autores del reportaje, el periodista Ed Thomas, con quien Interior tampoco colaboró. Es más, después de su emisión, desde el Ministerio desmintieron a la BBC y lamentaron que hubiera lanzado tan graves acusaciones sin una sola prueba.

Con todo, el principal problema de Grande-Marlaska no es la BBC, ni el PP, sino el fuego amigo de Unidas Podemos y la amenaza de que se abra una comisión de investigación en el Congreso.

Esto último ya lo intentaron Unidas Podemos, Bildu, ERC y Compromís, pero el voto en contra del PP resultó crucial para que la propuesta no prosperara en la Mesa del Congreso a la vuelta del verano. Entonces, los populares salieron al rescate de Grande-Marlaska a cambio de que compareciera en el pleno. Pero en esta ocasión el PP amaga con apoyar esa comisión de investigación si el ministro no entrega los vídeos al Congreso.

Una comisión de investigación daría munición a ERC y Bildu contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

El grupo parlamentario que comanda Gamarra no quiere tener que llegar a ese extremo porque sería dar munición a Bildu y ERC contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando el ministro compareció en septiembre, la diputada de Esquerra María Carvalho le dijo: «Señor ministro, yo vi esta ratonera porque estuve allí cuatro días, una semana después, y recogí un arsenal de pelotas de goma y gases lacrimógenos. Vi, señor ministro que había sangre en la valla (…). Se cree impune porque lleva muchos años haciendo esto, y tiene la certeza de la impunidad. No en nuestro nombre».

Precisamente, varios diputados del PSOE, Unidas Podemos, Bildu y el PNV visitarán el lunes la frontera de Melilla, en un viaje previsto con anterioridad a esta última polémica, que mella un poco más la imagen de uno de los ministros más controvertidos.

No obstante, Grande-Marlaska tiene de su parte a Sánchez, que ya en junio defendió la actuación española y la de los gendarmes marroquíes. A estos últimos les agradeció que se hubieran «empleado a fondo» para evitar el «asalto violento» a la valla. Habían transcurrido poco más de dos meses desde que el presidente del Gobierno viajó a Rabat para sellar su alianza con Mohamed VI –a costa de entregar el Sáhara Occidental– y Sánchez necesitada resaltar el cambio de actitud en el país vecino.

El caso de Melilla presenta un problema añadido para el Gobierno. Es la constatación de que Sánchez sigue utilizando, cuando le conviene, la Ley de Seguridad Ciudadana de Mariano Rajoy que prometió derogar, y cuya reforma está atascada en el Congreso.

Esa ley es la que permite los rechazos en frontera que aquel día efectuaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en estos términos: «Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».