Sánchez acelera la renovación del Constitucional tras el bloqueo del CGPJ

A Pedro Sánchez se le agota la paciencia. La renovación del Tribunal Constitucional, prioritaria para el Gobierno, que se prolonga en el tiempo en espera de que el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a su candidato, no gusta al presidente del Ejecutivo que, una vez habilitó los nombramientos del órgano de los jueces pero sólo para este caso, fijaba el pasado 13 de septiembre como fecha límite. Y, desde entonces, ya han pasado más de dos meses, sin avances. Por ello, y a la espera de la reunión de los interlocutores del Consejo que, previsiblemente, se reunirán de nuevo el próximo día 15 de noviembre, Sánchez amenaza con designar a sus dos candidatos a finales de mes si, en el Pleno ordinario del día 24 de noviembre, no se proclaman los dos aspirantes judiciales.

Lo cierto es que, de acuerdo a la ley, que el propio Sánchez reformó –artículo 599. 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial– el Gobierno ha incumplido su propio plazo para la designación de los cuatro nuevos magistrados que han de incorporarse a la Corte de Garantías, caducada en un tercio de sus miembros desde el pasado mes de junio. En contra de las presiones que se han producido sobre los vocales del Consejo por esta cuestión y que llevaron a su presidente Carlos Lesmes a dimitir, desatando una crisis institucional sin precedentes, el Ejecutivo todavía no ha comunicado los nombres concretos de sus elegidos para la misión de controlar el Constitucional, con un vuelvo de la actual mayoría conservadora a una progresista.

La Constitución establece en su artículo 159 que los miembros de su Tribunal «serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres». Un escenario en el que, la fecha dada por Sánchez –tras la iniciativa aprobada por el PSOE para desbloquear al CGPJ, prorrogado desde 2018, en los nombramientos vetados en marzo pero sólo para los magistrados del TC– se ha convertido «en un problema exclusivo del Gobierno», apuntaban a El Debate desde fuentes próximas a la institución. Y es que, la tesis mayoritaria se inclina porque la renovación de los cuatro candidatos –los dos del Consejo y los dos del Gobierno– ha de ser conjunta y simultánea, para que en la práctica pueda darse validez a la toma de posesión de los mismos.

Sin embargo, para las mismas fuentes «nada hay que indique» que el Gobierno «tenga que esperar al Poder Judicial» para comunicar su elección, Esto es, Pedro Sánchez planea hacer su anuncio –que incluirá a un jurista de los que participaron en la redacción del denominado Libro Blanco de la desconexión catalana– sin tener en cuenta los «tiempos propios» del CGPJ que confirmaba el desbloqueo de sus nombramientos una vez se confirmaba el fracaso de las últimas negociaciones entre populares y socialistas para renovarle.

Las dudas del CGPJ sobre Bandrés

En paralelo a las decisiones políticas, una vez desbloqueadas las posiciones de los dos sectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación ha quedado pendiente sine die, los interlocutores conservadores y progresistas del órgano de gobierno de los jueces se sentaban, de nuevo, para debatir, ahora sí, sobre nombres concretos y cumplir con su obligación legal de designar dos magistrados al Constitucional.

Sobre la mesa –durante el primer encuentro tras el parón impuesto por las conversaciones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de relaciones institucionales del PP, Esteban González Pons– serias dudas sobre si el perfil del candidato de la izquierda, que El Debate reveló en exclusiva al comienzo de las negociaciones, José Manuel Bandrés, cumple con los requisitos acordados para los aspirantes fijados, previamente, por el Pleno del CGPJ.

Aunque los vocales conservadores no se han parado a analizar ninguna propuesta concreta, lo harán muy cerca del próximo día 15, fecha prevista para el segundo encuentro con sus homólogos progresistas, cada vez suenan con más fuerza el instructor del procés Pablo Llarena, el magistrado Julián Sánchez Melgar y el actual presidente del Supremo -presidente a su vez de la Sala Primera de lo Civil y miembro más antiguo del Alto Tribunal- Francisco Marín Castán.

Llarena es, sin duda, el favorito para contrarrestar, en un futuro y eventual Constitucional de mayoría de izquierdas, las aspiraciones del separatismo en sede de Garantías. Y es que, son ya más de medio centenar los recursos planteados por la oposición a las leyes ideológicas más polémicas del Gobierno socialista. Además, a nadie escapa el hecho de que la Corte tendrá que decidir, en última instancia, sobre el indulto de los independentistas del procés. Así las cosas, el veto de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), socios de legislatura del Gobierno, a la posibilidad de que el juez encargado de la investigación del mismo sea uno de los magistrados que conformen el futuro órgano, es un secreto a voces.