Las dudas sobre el candidato progresista al Constitucional condicionan los nombramientos

Desbloqueadas las posiciones de los dos sectores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya renovación ha quedado pendiente sine die, los interlocutores conservadores y progresistas del órgano de gobierno de los jueces se sentarán, de nuevo, este jueves a partir de las 16:00 horas para debatir, ahora sí, sobre nombres concretos y cumplir con su obligación legal de designar dos magistrados al Constitucional, de los cuatro cuyo mandato caducó el pasado mes de junio. Sobre la mesa serias dudas sobre si el perfil del candidato de la izquierda, que El Debate reveló en exclusiva al comienzo de las negociaciones, José Manuel Bandrés, cumple con los requisitos acordados para los aspirantes.

Aunque los vocales conservadores no llevarán ninguna propuesta concreta por su parte, cada vez suenan con más fuerza el instructor del procés Pablo Llarena, el magistrado Julián Sánchez Melgar y el actual presidente del Supremo -presidente a su vez de la Sala Primera de lo Civil y miembro más antiguo del Alto Tribunal- Francisco Marín Castán.

Hasta la fecha, las conversaciones entre las dos sensibilidades que coexisten en el seno del Pleno del CGPJ, se habían centrado en sentar unas bases objetivas sobre las que trabajar para dar con los mejores para la renovación de la Corte de Garantías, pendiente desde el día 13 de septiembre, fecha límite fijada por el Gobierno. «Primero el método, la importancia de las reglas», aseguraron los vocales conservadores al inicio de las conversaciones institucionales que hoy retoman con la intención de aliviar, en la medida de sus posibilidades, una crisis sin precedentes.

Llegado el momento de abordar los nombres concretos de los posibles candidatos, los consejeros insisten en que tendrán que encajar con los mínimos exigibles para despolitizar, al máximo, el Constitucional y han recordado su intención de debatir sin «presiones» externas ni ultimátum. «Que nadie piense, una vez más, que La Moncloa marca ni el quién ni el cuándo», han señalado a El Debate fuentes próximas al máximo órgano de los jueces.

Así las cosas, José Manuel Bandrés no parece concitar, de entrada, los apoyos necesarios para resultar avalado por los 12 miembros del CGPJ que deben arropar todos los nombramientos. Es decir, la izquierda necesita que su candidato reciba, como mínimo, el apoyo de cuatro de los vocales conservadores para sacar adelante su propuesta. Ésta será una de las claves del encuentro que mantendrán, esta misma tarde, los interlocutores designados para lograrlo.

Un juez afín al 'encaje' catalán

El magistrado José Manuel Bandrés, miembro fundador de Jueces y Juezas para la Democracia y jurista afín a la causa del 'encaje' catalán en España, es la apuesta de la izquierda jurídica para ocupar un sillón en el seno del Constitucional, como avanzó El Debate en primicia a comienzos del serial en el que, dos meses después del plazo límite impuesto por Pedro Sánchez, se ha convertido la renovación del Tribunal.

Bandrés cuenta con la bendición de los socios separatistas del Gobierno y pertenece a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo -una de las más mermadas por las vacantes que la parálisis impuesta por el Ejecutivo socialista al CGPJ en los nombramientos de jueces y magistrados- con lo que una eventual salida hacia el Constitucional dejaría en cuadro al Alto Tribunal presionando todavía más, tal y como ha vuelto a pedir el sector mayoritario del Consejo, al Gobierno para que les retire el veto impuesto a las designaciones de las vacantes de la cúpula judicial.

No en vano, el magistrado es favorable a abrir el melón de la reforma de la Constitución, una de las cuestiones básicas que se demandan por parte de los sectores más independentistas del nacionalismo catalán. No en vano, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) trata de ganar tiempo y arrancar medidas concretas a Pedro Sánchez sobre un Constitucional que, a largo plazo, no invalide una futura consulta separatista para la comunidad autónoma, como ya sucedió el 1 de octubre de 2017.

El juez propuso públicamente en el marco de algunas conferencias, celebradas en 2006, la «modificación de la Constitución para que los ciudadanos extracomunitarios puedan votar no sólo en las elecciones locales, sino también en las autonómicas y nacionales», una medida que de llevarse a cabo supondría «un síntoma de aceptación democrática» de unos grupos que «tienen un déficit de representación». Curiosamente la reivindicación sobre el voto extranjero es una de las prioridades de los partidos separatistas catalanes, como por ejemplo Junts, que a comienzos de este mismo año reclamaba la exigencia de que los inmigrantes, especialmente los de habla hispana, empezasen a votar en España.

Por ello, Bandrés encaja como anillo al dedo en las pretensiones del separatismo catalán ya que para el magistrado este asunto «podría ser uno de los objetos de reflexión» a plantear en una futura y eventual reforma de la Constitución española. No en vano, el juez considera razonable que los extranjeros «no sólo tengan derechos sociales, sino también políticos» y «se sientan representados» en nuestro país, como mecanismo para «fortalecer la cohesión de nuestra sociedad» y prevenir conflictos y tensiones como los que ya se han dado en otros estados de nuestro entorno.

El magistrado se ha mostrado, incluso, dispuesto a renunciar al principio de reciprocidad que la ley española exige para contemplar un hipotético escenario en dicha dirección ya que algunas constituciones en origen prohíben el voto de españoles, como en Ecuador; pero, esta posición simétrica en nuestro caso supondría, a su juicio, «fragmentar el mapa político electoral al discriminar a los inmigrantes en razón de su nacionalidad o porque haya habido una mayor pereza a la hora de ratificar tratados».