Sánchez entrega el Código Penal al independentismo sin que el PSOE oponga resistencia

Eligió un mal día la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, para participar en unas jornadas sobre la desinformación y la importancia de vivir en una sociedad bien informada organizadas por la Universidad de Zaragoza. Eligió un mal día para decir lo que allí dijo: «Los políticos tenemos una responsabilidad con la verdad y, sobre todo, con generar una información correcta».

Probablemente, eligió el peor día de todos. Porque apenas tres horas antes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, había tratado de defender, en la misma rueda de prensa, un oxímoron: que el Gobierno reforma del Código Penal para ayudar a los jueces españoles en su tarea, al homologar la sedición al resto de países de la UE, y también para desjudicializar el conflicto político en Cataluña.

O una cosa o la otra. Ambas, no. Y la primera está siendo desmentida por los propios jueces. Tras comprobar el alcance de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, muchos juristas ya están alertando de que la desaparición del delito por el que fueron condenados Oriol Junqueras y otros ocho cabecillas del procés supone tanto como la despenalización. En otras palabras: bordea la amnistía encubierta, que desde el principio ha sido el objetivo del independentismo.

El PSOE anda sumido desde este viernes en un mar de contradicciones, medias verdades y falsedades para justificar este movimiento de altísimo voltaje político, tanto o más que los indultos a nueve de los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Todo por intentar que no parezca lo que es: una letra de la hipoteca de Pedro Sánchez con ERC, que los republicanos ya le han advertido que no será la última si no quiere ser desahuciado del Gobierno de España.

Tampoco es la primera. En el último año y medio, Sánchez ha indultado a nueve condenados por sedición y malversación, ha entregado al independentismo la cabeza de la directora del CNI por el caso Pegasus, ha mirado para otro lado ante el incumplimiento de la sentencia del 25 % del castellano por parte de la Generalitat y ahora, esto. Cuando hace tres años, por estas fechas, el líder socialista andaba prometiendo en la campaña de las elecciones generales que traería a Carles Puigdemont de vuelta a España para que respondiera ante la Justicia.

Pere Aragonès adelantó ayer que este era «un paso indispensable», pero que tendrá que haber más: «Amnistía y referéndum», sostuvo. Y Oriol Junqueras escribió en Twitter: «Seguiremos trabajando la vía de la negociación política para alcanzar la amnistía y la autodeterminación». El objetivo último, como ha venido contando El Debate, es una consulta pactada con el Gobierno (probablemente a través de un nuevo Estatut) y tolerada por el Tribunal Constitucional. Por eso Sánchez tiene tanta prisa en cambiar la actual mayoría conservadora por una progresista.

El presidente soltó la bomba el jueves por la noche en La Sexta, se fue a dormir a la Moncloa y se borró del mapa durante todo el viernes. Dejando que fueran el propio López y ministros como Isabel Rodríguez –la portavoz del Ejecutivo–, Miquel Iceta, María Jesús Montero, Pilar Alegría y Pilar Llop los que repitieran un argumentario que caía por su propio peso.

Estos tuvieron que luchar, incluso, contra sus propias hemerotecas. La titular de Justicia afirmó el pasado 25 de octubre en el Senado, en respuesta a un senador del PP: «Habla de reducir las penas a la mitad, pero no habrá escuchado en ningún momento que este Gobierno haya hecho un pronunciamiento similar». Tenía razón Llop en que la rebaja no era a la mitad. Ha resultado ser a la tercera parte: de 15 años a cinco.

Este viernes, la ministra de Justicia se limitó a decir que el PP no tiene «legitimación democrática» para acusar de traición al Gobierno, después de bloquear la renovación del CGPJ. Y menos mal que Alberto Núñez Feijóo se atrevió a hacerlo, piensan a esta hora los populares.

El líder de los populares compareció por la tarde en la sede de su partido para anunciar que, si llega a ser presidente, revertirá «cuanto antes» esta «derogación» del delito de sedición, esta «aberración», que así la calificó. Sin embargo, obvió por completo la moción de censura que horas antes Inés Arrimadas le animó a presentar.

El PP no tiene los votos y sería darle a Sánchez una victoria en bandeja (ya superó una moción de censura de Vox en octubre de 2020). Sin embargo, la líder de Cs argumenta que al menos serviría para ganar tiempo y hacer coincidir la aprobación de esta reforma con la campaña de las elecciones municipales y autonómicas.

Un PSOE entregado a Sánchez

Si algo tenía claro Sánchez cuando decidió dar este paso es que la contestación interna iba a ser mínima, reducida a los de siempre: Emiliano García-Page, Javier Lambán y, en menor grado, Guillermo Fernández Vara. Hasta el líder de los socialistas andaluces, que en las elecciones de junio se vio perjudicado por los pactos de Sánchez con ERC y Bildu, respaldó a pies juntillas la derogación del delito de sedición. «Contribuye y sigue trabajando por el diálogo y la convivencia en Cataluña», señaló Juan Espadas, disciplinado.

Recién iniciada la legislatura, el Comité Federal del PSOE dio vía libre a Sánchez para negociar con ERC

Ya lo dijo Patxi López en su comparecencia de primera hora de la mañana: no existe otro PSOE. «Éste es el PSOE, éste es el PSOE de siempre», sostuvo. Cabe recordar que, en febrero de 2020, recién comenzada la legislatura, el Comité Federal del PSOE dio a Sánchez vía libre para negociar con ERC. Sin límites ni más líneas rojas que las suyas. «Tenemos claro lo que hemos venido a hacer: recuperar la normalidad institucional, propiciar el diálogo y afianzar el reencuentro», señaló el líder socialista aquel día ante sus compañeros.

Sin embargo, que apenas exista contestación interna no quiere decir que no haya nervios entre el socialismo. Que los hay, y muchos, por el coste que esta cesión pueda tener en las elecciones de mayo. De ahí las prisas de Sánchez por aprobar cuanto antes la reforma del Código Penal en las Cortes (reduciendo los trámites a la mínima expresión) para que a la opinión pública le dé tiempo a metabolizarla antes de votar. O eso quiere creer.